En un informe emitido el 30 de mayo al Embajador Juan José Arcuri y notificado en Twitter al mundo, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, presentó un informe de 132 páginas sobre la crisis que atraviesa Venezuela

y convoca a una reunión al Consejo Permanente entre el 10 y 20 de junio “conforme al procedimiento establecido en el artículo 20 de la Carta Democrática”.

Indica el diplomático que realizarán gestiones y buenos oficios para “promover la normalización de la institucionalidad democrática”, pero de no lograrse, se convocará al Consejo Permanente para un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para que adopte las decisiones que estime apropiadas.

“Este procedimiento deberá atender la ‘alteración del orden constitucional’ y como la misma afecta gravemente ‘el orden democrático’ de la República Bolivariana de Venezuela lo cual se sustenta en las denuncias formuladas a la Secretaría General por la Asamblea Nacional de Venezuela…”.

El secretario Almagro estructuró el informé de la siguiente manera:

I. Defensa internacional de la Democracia;
II. Alteración grave del orden democrático;
III. Ética en la política;
IV. Situación humanitaria:
V. Indicadores sobre corrupción;
VI.Contradicción entre Democracia y presos políticos;
VII. Separación e independencia de Poderes Públicos;
VIII. Democracia y Poder Judicial;
IX. Celebración de elecciones periódicas. Libres. Justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo: Referéndum Revocatorio;
X. Situación de Derechos Civiles y Políticos. Libertad de Expresión y Prensa.
XI. Resumen de la intervención de la Sra. Ministra del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela Delcy Rodríguez Gómez;
XII. Conclusiones y recomendaciones.

Para Almagro, “en Venezuela se perdió la finalidad de la política. Se olvidó defender el bien mayor y colectivo a largo plazo sobre el bien individual a corto plazo. Un gobernante debe basar su acción en una visión de Estado, una visión de largo plazo”.

Otros pasajes subrayados por el Secretario General:

“La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son igualmente fundamentales para la democracia.”

“La criminalización de las protestas, el acoso y el encarcelamiento de opositores son prácticas propias de un Estado opresor. Estas personas están presas en la conciencia del gobierno venezolano.”

“Acusar a personas que no coinciden con un tipo determinado de régimen y equipararlos con traidores a la patria o a la revolución chavista, es en su esencia como diría Noam Chomsky “una de los mecanismos más comunes en regímenes totalitarios.”

El informe incluye un detallado resumen de la crisis humanitaria desglosada en salud, alimentación, inseguridad, servicios públicos, escasez (medicinas, alimentos, corrupción), violación de Derechos Humanos  y violación de las leyes,   incluyendo enlaces a las 17 decisiones arbitrarias del Tribunal Supremo de Justicia.

Indica el documento que “en Venezuela existe una alteración del orden constitucional democrático, derivado de una gradual, sostenida y sistemática erosión de la democracia.

Este hecho que se ve reflejado en las páginas de este documento se aprecia en los casos que se han reseñado respecto a:

1 .-la utilización del poder público para interrumpir la libre asociación y las actividades de grupos opositores y de medios de comunicación.
2. -la violación de los frenos y contrapesos propios de la separación e independencia de los poderes del Estado.
3. -el nombramiento arbitrario de miembros del Poder Judicial con el fin de validar las acciones inconstitucionales de sus benefactores.
4. -el uso injustificado de los estados de emergencia
5. -la interferencia arbitraria, inconstitucional o ilegal en las deliberaciones del Poder Judicial o Poder Electoral
6. -la terminación arbitraria, inconstitucional o ilegal del mandato de funcionarios democráticamente electos.
7. -El permanente acoso y decisiones arbitrarias que afectan a poderes del Estado o integrantes del sistema político."

La Carta Democrática empieza su camino y quizá aún tenga tiempo el régimen forajido venezolano de entender que “toda solución de crisis institucional se resuelve en la legitimidad que otorga el pueblo. Toda polarización de la dirigencia política, que induzca a una crisis, hace necesario consultar a la gente (...) por lo tanto se debe asumir que si el soberano, el Pueblo, toma la decisión de cuestionar la gestión realizada por el primer mandatario elegido por el mismo pueblo; ese Presidente, celador principal de la voluntad popular, desde su responsabilidad y la convicción ética debe asumir que existen elementos suficientes para considerar que el orden público y el estado de derecho están en peligro si no realiza la consulta popular solicitada, o si la demora o la obstaculiza.”

Concluye el Secretario General recomendando la realización del Referéndum Revocatorio, “esta es la solución política de Venezuela, dado que - reitero - cuando el sistema político de un país está polarizado en extremo la única solución puede surgir de la decisión del soberano.” También solicita “la liberación inmediata de todas las personas aún detenidas por razones políticas”; el trabajo conjunto del Poder Ejecutivo y Poder Legislativo para resolver la vulneración de derechos básicos a la población como acceso a alimentos y servicios de salud y brindar estándares eficientes de seguridad;  cese del bloqueo permanente a la Asamblea Nacional; una nueva integración del TSJ; creación de un organismo independiente para combatir la corrupción y la creación de una Comisión de la Verdad con el apoyo técnico y la representación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.


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