De la población desplazada hacia el exterior en búsqueda de un refugio seguro y estable, no hay cifras oficiales o confiables quizá por un problema de nomenclatura.

El término diáspora tiene otras connotaciones, no sólo más amables, sino que ampara a quienes no necesariamente huyeron por razones exclusivamente políticas, aunque hubo quienes las inventaron para intentar una rápida legalización, cuando la inmensa mayoría tuvo fortísimos motivos socioeconómicos para irse al extranjero.

Obviamente, deberíamos contar también con cifras relacionadas con los desplazamientos dentro del territorio nacional de grandes contingentes por distintas coordenadas, pero no ocurre al reservarse el poder establecido las señas precisas de una realidad que procura no se conozca en profundidad. Entre regiones, estados, municipios y parroquias se ha producido una movilidad que no responde precisamente a las mejores oportunidades laborales, como pudo ocurrir durante el siglo pasado y el proceso de modernización, sino a la persecución y represión políticas, a las condiciones de inseguridad personal provocadas por mafias y guerrillas, a la literal hambruna, entre otras causas.

Puede hablarse entonces de insilio, un neologismo todavía no admitido por el diccionario oficial de la lengua española, que remite al exilio interior, a la experiencia de sentirse desterrado en el propio país. No todo desplazamiento interno es, desde luego, insilio, pero hay quienes, permaneciendo dentro de las fronteras nacionales, se han visto obligados a abandonar su hogar, empleo, comunidad y hasta las condiciones más elementales de su vida anterior.

Es una diferencia importante respecto del siglo pasado, pues, por entonces, sin que faltaran los desplazamientos impuestos por circunstancias políticas o económicas, grandes contingentes se trasladaban hacia las ciudades, los centros industriales y los grandes cultivos rurales porque allí estaban las oportunidades que ofrecía la modernización. Ahora, con frecuencia, se cambia de lugar porque ya no están allí las condiciones para permanecer: antes se iba hacia las oportunidades y, ahora, también se huye cuando faltan.

Por lo que hemos podido indagar, hay una crisis de desarraigo también significativa, aunque lógicamente menor que la experimentada en el exterior: fragmentación de las familias, una frágil estratificación social que poco rememora a la petrolera, diferencias inflacionarias nada sutiles entre las regiones, desescolarización forzada y otras consecuencias que apenas alcanzamos a registrar. Sin embargo, quien se desplaza dentro del país conserva, si se quiere, una ventaja que no es poca cosa: puede tener más a la mano a familiares y amigos probados a la hora de una emergencia.

Posiblemente, el intercambio poblacional o la movilización de un lugar mediana o considerablemente distante a otro, alcance cifras que hoy desconocemos. Quizá las grandes líneas de transporte público tengan números que sorprenderían acerca del insilio venezolano, como seguramente lo sabe el gobierno: hace falta afirmar que sea mayor que la población que ha viajado para quedarse en el exterior. Huelga comentar que el fenómeno no encuentra cupo en la opinión pública ni en el debate político.

Indagando, varias personas nos comentaron que todo aquel que no dispuso de suficientes ahorros para irse, hospedarse y buscar trabajo en el extranjero, o a quien le resultaba muy forzado abandonar a familiares enfermos, hijos o padres de considerable edad, se resignó a quedarse en el país, probar suerte con un empleo o desplazarse como pudiera. La emigración tampoco está al alcance de todos, porque hay quienes pueden pagar un pasaje, disponer de un lugar donde llegar y buscar trabajo con alguna tranquilidad; otros apenas consiguen trasladarse a otra ciudad, a otro estado, a otra parroquia, confiando en algún familiar o conocido.

Y así se produce una paradoja: quien no pudo salir del país puede haber tenido que salir de su propio lugar, y no cruza una frontera internacional, no aparece necesariamente en los registros de la diáspora y tampoco adquiere la visibilidad del emigrante, pero carga igualmente con una experiencia de pérdida. Pierde el arraigo, modifica sus relaciones familiares, interrumpe la escolaridad de los hijos, abandona un trabajo o una vivienda y comienza de nuevo en un sitio que tampoco escogió en las mejores circunstancias.

Hay, por supuesto, una diferencia con el venezolano que se marchó al exterior y que no debemos ignorar, aunque  también existe una semejanza: ambos responden, de maneras distintas, a una ruptura de las condiciones ordinarias de vida. Uno cruza la frontera; el otro permanece dentro de ella, aunque ya no pueda permanecer donde estaba.

Todos sufrimos las condiciones en las que se encuentra el país, pero a ellos se les agrava por razones demasiado lógicas. No sólo porque debieron desplazarse, sino porque muchas veces tuvieron que hacerlo sin recursos suficientes, sin garantías y sin la certeza de que el lugar de destino pudiera ofrecerles aquello que habían perdido.

Quizá sea ésta la particularidad del insilio que más convenga destacar: no requiere cruzar una frontera para experimentar el destierro. Se puede seguir viviendo en Venezuela dejando atrás el lugar donde se pertenecía. Y una sociedad que no registra suficientemente a quienes viven esa experiencia corre el riesgo de convertirlos, por segunda vez, en desplazados: primero de su territorio; después, de la memoria pública.