La renovación de la flota vehicular en Venezuela, cuya antigüedad promedio supera los 20 años según datos recientes de la Cámara Automotriz de Venezuela,

constituye una necesidad urgente y un objetivo socialmente deseable. No se trata únicamente de un aspiracional individual, sino de una prioridad pública que impacta la seguridad vial, el medio ambiente y la movilidad de personas y mercancías en un país donde el transporte terrestre es esencial. Una flota envejecida incrementa el riesgo de accidentes, genera mayores emisiones contaminantes y reduce la eficiencia logística, creando externalidades negativas que afectan a toda la sociedad. Esta preocupación no es exclusiva del sector automotriz: FAVENPA, el gremio de autopartistas ha advertido que la flota venezolana podría ser la más obsoleta de Suramérica, lo que confirma la gravedad del problema y la urgencia de una intervención pública que permita revertir décadas de deterioro acumulado.

Sin embargo, los objetivos fiscalistas que hoy determinan la estructura de impuestos y aranceles sobre vehículos no cumplen ninguna función económica relevante. No protegen a la industria ensambladora, prácticamente extinta, ni facilitan el acceso a unidades nuevas. Por el contrario, elevan artificialmente el precio final de un vehículo en más de un 40%, como resultado de aranceles, tasas portuarias y cargas impositivas que encarecen la importación de unidades modernas y menos contaminantes. La propia Cámara Automotriz señala que estos costos logísticos y fiscales son un obstáculo directo para la renovación de la flota nacional, pues impiden que vehículos más eficientes y seguros entren al mercado venezolano.

La evidencia internacional muestra que los vehículos son bienes típicamente normales y ordinarios, con elasticidades precio de la demanda que oscilan entre –0,8 y –1,3 en mercados emergentes. Esto implica que una reducción del precio del 10% puede aumentar la demanda entre 8% y 13%, y que una disminución del 40% —como la que podría lograrse mediante una revisión de impuestos y aranceles— tendría un efecto volumen capaz de compensar la reducción de tasas. En otras palabras, una política fiscal más racional no necesariamente implica una caída de la recaudación, sino una recomposición de la base imponible a partir de un mercado más dinámico y accesible. La Cámara Automotriz ha manifestado su disposición a trabajar con el gobierno para revisar la carga tributaria y facilitar la importación de unidades nuevas, reconociendo que la situación actual exige soluciones operativas y un rediseño de políticas públicas que respondan a la coyuntura real del país.

En este contexto, Venezuela puede adoptar un enfoque moderno que alinee el interés público y el privado. La reducción temporal de aranceles e impuestos, acompañada de programas de crédito vehicular accesible y de incentivos para unidades menos contaminantes, permitiría acelerar la renovación de la flota sin sacrificar la recaudación fiscal. La política vigente fue diseñada para un país con industria automotriz activa y condiciones económicas muy distintas a las actuales; mantenerla sin ajustes no tiene sentido económico ni social. La renovación del parque automotor es una necesidad pública impostergable, y existen instrumentos de política que pueden hacerla viable sin disminuir la base tributaria. Venezuela puede avanzar hacia un modelo donde la movilidad sea más segura, más limpia y más eficiente, y donde la política fiscal deje de ser un obstáculo para convertirse en una herramienta de desarrollo.