Inflación de 2100% para el cierre de este año y un servicio de deuda superior al 40% para el 2018 son algunos de los pronósticos presentados por un panel de cuatro economistas 

y un jurista convocado por la Universidad Católica Andrés Bello para responder a la pregunta: ¿Es posible reestructurar la deuda venezolana? 

La respuesta unánime es No, pero matizada, por ejemplo, por la economista Tamara Herrera, quien indicó que el régimen podría hacer un “default selectivo”, pagando sólo la deuda de PDVSA (para proteger esa industria de embargos severos, que serían catastróficos para el país) e incumpliendo con la Deuda Soberana, que igual está amparada por Cláusulas de Acción Colectiva  que atenuarían embargos críticos sobre el país.

Herrera: ¿Default selectivo?

Para la economista Tamara Herrera, directora de la firma Síntesis Financiera, “el gobierno busca una reducción de la carga de su deuda, es decir, busca que al menos en el 2018, sólo en materia de bonos, aliviar una carga de 8 millardos de dólares”.

Para lograrlo, cualquier gobierno, esté o no bajo sanciones, tendría que presentar una reforma económica “creíble” que haga sostenible cualquier propuesta de reestructuración. Hasta ahora, las políticas cambiarias no se han acercado al objetivo buscado, que era la unificación cambiaria y tampoco han demostrado que busquen una estabilidad fiscal y monetaria, “por el contrario, sólo la masa monetaria crecerá un 900 por ciento para final de año y la inflación está disparándose dada la depresión económica que existe. Las reformas del gobierno tampoco han asegurado que la industria petrolera, al menos ella, sino el resto de la economía, que vive bajo controles, pudiera tener la capacidad de sostener cualquier propuesta de renegociación que se le vaya a proponer a sus acreedores”.

Para la economista, un obstáculo que agrava el escenario de reestructuración son las sanciones impuestas por el gobierno norteamericano. “Estas sanciones afectan las operaciones financieras (cobros y pagos), que están sujetas a un escrutinio escrupuloso que, en el mejor de los casos, está enlenteciendo la actividad económica en general, mientras las empresas solicitan las despensas ante la OFAC, (Oficina para el Control de Activos Extranjeros) y muestran los proyectos que están realizando con cualquier oficina del gobierno venezolano o con PDVSA”.

Indica Herrera que el gobierno venezolano, a pesar de la asesoría legal recibida en los Estados Unidos, aspira que sean los bonistas quienes tramiten cualquier espacio para la renegociación, “no es creíble que los bonistas pudiesen tener éxito, por una razón primaria, las sanciones tienen explícitamente un objetivo político, que es la reinstitucionalización de Venezuela y el desempeño de los Derechos Humanos, que poco tienen que ver con las premuras de los bonistas”.

Herrera pronostica que para el 2018 el servicio de la deuda podría superar el 40% “de unos ingresos volátiles” (y sin incluir a China, que nos otorgó una gracia) en un país con una inflación sobre el 2000% y una caída de 14% del Producto Interno Bruto para el cierre de este año,

“Con un escenario de elecciones presidenciales en puertas, lo que está sobre el tapete es la opción de que el gobierno pase a ‘default selectivo’ sobre la deuda soberana para reducir la carga. Esto suena muy astuto, porque quizás le da un margen de maniobra importante para destinar el gasto público a ganar las elecciones, pero si lo hace en 2019 el país estará irresponsablemente en una situación sumamente grave de cara al resto de sus compromisos”.

Guerra: “No es posible refinanciar la deuda”

José Guerra, presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional aseguró que en la actualidad el gobierno no está en capacidad de hacer frente a los compromisos que tiene con sus acreedores, pero tampoco tiene credibilidad para ofrecerles nuevas condiciones de pago. “La reestructuración anunciada por el presidente Maduro no es posible porque no hay un programa económico serio. Ningún fondo de inversión que tenga deuda venezolana va a aceptar canjear una deuda que se vence ahorita por una que se venza en el 2030 si no le prometen un plan distinto que haga viable la economía venezolana”. 

Con la apreciación de Guerra coincidieron los otros cuatro especialistas que participaron en el encuentro, para quienes el Ejecutivo venezolano tiene serios inconvenientes en esta materia, entre ellos las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos. 

“Buena parte de la deuda en dólares que tiene la República se maneja por las leyes del estado de Nueva York. Y la orden 13808 del gobierno de Estados Unidos prohíbe expresamente a corporaciones y particulares de ese país realizar ningún tipo de negociación financiera con el gobierno venezolano. Además, cualquier refinanciamiento exige la aprobación de la mayoría de los acreedores, lo que parece un obstáculo insalvable “, señaló Miguel Mónaco, abogado y director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCAB.

Indica el investigador que la Ley de Administración Financiera del Sector Público  fue modificada en el 2015, antes del cambio político en la Asamblea Nacional. En el artículo 100 se establece en términos generales que no se requiere de una ley autorizatoria (de la Asamblea Nacional) para el refinanciamiento cuando implique la reducción de las tasas de interés o una mejora en las deudas. Sin embargo, el artículo 150 de la Constitución, que está por encima de esa Ley, establece que todos los contratos de interés público nacional, que por sus dimensiones con sociedades mercantiles extranjeras, deben ser sometidos a la Asamblea Nacional.

Oliveros: la economía ha sufrido una caída escabrosa

La posibilidad de que el gobierno entre en un proceso de “default” o impago es ahora un escenario muy probable para los especialistas. El economista Asdrúbal Oliveros (socio director de la firma consultora Econoanalítica) advirtió que esto ocurriría en un contexto de contracción de la economía que alcanza 36% en los últimos cuatro años, que calificó como “una caída escabrosa”, un problema de flujo caja en el gobierno, que tiene detrás la caída de  la producción petrolera de 600 mil barriles en dos años, una tasa de inflación que podría cerrar en 2100% en 2017, además de una perspectiva déficit fiscal que en 2018 podría ser cuatro veces mayor al de este año, es decir, unos US$ 2.500 millones.

“Al gobierno se le agotó el modelo para pagar deuda. Hasta ahora lo había logrado a través de la reducción de las importaciones, porque más de la mitad del dinero usado en estos años para pagar deuda ha venido de la reducción (en 57%) de importaciones, lo que ha tenido un costo social profundo por los alimentos y medicinas que han dejado de entrar al país.  Este año las importaciones se redujeron al mínimo histórico y aun así el gobierno no tiene dinero para pagar. El problema es que no puede seguir reduciendo aún más las importaciones.”

Al analizar la deuda hay que tener presente que hay diferentes tipos de actores, de tenedores de los bonos. "Están los fondos grandes, con una visión muy diferente, no tanto entrar en una querella de muchos años, pero también están los llamados fondos 'holdout' , que el gobierno de Argentina en su oportunidad los llamó 'fondos buitres', para caracterizar a un tipo de fondo que se mete en bonos de altísimo riesgo porque su intención es cobrar a cómo de lugar y por lo tanto son inflexibles en cambio de condiciones. En la medida que tengas más tenedores de este tipo, el proceso de una renegociación va a ser complicado, ellos quieren cobrar en lo que invirtieron. Ese tema está allí latente y no sabemos exactamente cómo el mercado lo pueda interpretar", explicó Oliveros.

Indica Oliveros que "Venezuela tiene muy pocos activos, los ha ido liquidando y el grueso de lo que le queda es principalmente oro, pero en un marco de sanciones es complicado venderlo o monetizarlo”. Para el economista, podrían venir más sanciones en el 2018, como una suspensión en el sistema Swift , cierre de cuentas a venezolanos y  podrían forzar que parte de las exportaciones vayan a una suerte de fideicomiso, que sólo sea utilizado para pagar de cierto de tipo de importaciones.  

Oliveros comentó que el análisis se ha centrado en la deuda financiera, pero “Venezuela tiene una gran cantidad de pasivos, más allá de la deuda financiera, que en algún momento serán problemáticos. Por ejemplo, deudas por nacionalizaciones y expropiaciones, juicios en el CIADI , elementos de la deuda llamada comercial (liquidaciones no pagadas) que presionan al régimen. Adicionalmente, PDVSA entró en un proceso de titularizar deuda con sus proveedores, pero tiene 46 días en default de esa deuda. Hay que ver la deuda en un conjunto amplio, de toda la estructura de pasivos del Estado”, explicó.

Según el economista, hay tres condiciones que no nos permiten hacer un proceso exitoso de reestructuración: la ausencia de un equipo técnico de economistas, financistas y abogados de alto nivel; la ausencia de un plan de comunicación y la necesidad de hacer un plan económico que ponga orden en casa. Además, hay otro actor, que no está en los contratos, pero que es decisivo, “los conflictos de intereses de los grupos de poder dentro del chavismo, que tienen bonos y en este momento también se están moviendo. Es iluso pensar que, de cara al 2018, esos grupos, que están ligados a actores políticos que sostienen al presidente Maduro, se van a quedar tranquilos, que en sus posiciones de bonos, ellos entrarían al default”.

Rodríguez: recomendaciones para reestructurar la deuda

Francisco Rodríguez, economista jefe de la firma de inversión Torino Capital, empezó su presentación (vía Skype) cuantificando la deuda venezolana. Indicó que la deuda china no está reportada por el gobierno y hay muy poca transparencia sobre esta. Indicó que la deuda externa del Sector Público alcanza los US$ 137.000 millones y los bonos representan menos de un tercio de esta deuda. El problema de deuda no es sólo un problema de bonos, ya que también hay pasivos causados por procesos ante el CIADI. Hay diferentes enfoques de contabilidad para presentar esta deuda externa. Hay 19.000 millones de dólares de deuda CADIVI. Sumando las diversas partidas, Rodríguez llegó a un monto de US$171.000 millones de deuda.

Aseguró el ejecutivo de Torino Capital que separar la deuda de PDVSA ($6.6bn) del resto de la deuda pública ($11.7bn) y continuar pagándola podría ser una alternativa para calmar a los mercados. Cree, además, que el Ejecutivo podría emitir nueva deuda para obtener recursos si se compromete a usar el dinero para la adquisición de alimentos y medicinas, con un mecanismo de verificación. Sin embargo, considera necesario que el gobierno pida ayuda al parlamento para que autorice ese endeudamiento y cualquier reestructuración, único mecanismo que permitiría superar la barrera de las sanciones de Estados Unidos, toda vez que la Asamblea Constituyente no es reconocida internacionalmente.

“Si Venezuela emite deuda, solicita la aprobación y ésta se aprueba por la Asamblea Nacional, el Departamento del Tesoro considerará emitir una autorización para que esa deuda sea reconocida. Sin embargo, este hecho supone algún tipo de acuerdo político entre oposición y gobierno”.

Finalmente, Rodríguez propuso el uso de Cláusulas de Acción Colectiva, que permiten renegociar una deuda, no tienen el problema de embargo y no implican legalmente la emisión de nueva deuda, modifica la existente.

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