“Teniente Cabo de Guerra y Juez de Comisos” en Panaquire, Juan Francisco de León, en abril de 1749,

se puso a la cabeza de unos 800 amotinados, descontentos contra los procederes de la Compañía Guipuzcoana. Se presentaron armados en Caracas y como el Gobernador no cumplía su palabra de expulsar a la Compañía, Juan Francisco de León volvió meses más tarde a la cabeza de 8000 manifestantes. En 1751 organizó su tercera manifestación armada. El y su hijo Nicolás fueron derrotados; se entregaron de después de haber huido; llevados a España, Juan Francisco de León murió allí y más tarde su hijo regresó a Venezuela. El movimiento reflejaba el descontento de los colonos y aunque su propósito no era romper con España, representó el primer eslabón del proceso integrador de la nacionalidad venezolana”. Diccionario de Historia de Venezuela de la Fundación Polar (1988).   

Casi siempre se traiciona al pasado por razones ideológicas, emocionales y sentimentales. Pero es el patriotismo y el nacionalismo exacerbado la principal fuente de distorsión histórica. La historia siempre es contemporánea de acuerdo a quién la escribe, y por mucho que intentemos ser respetuosos con el contexto histórico donde ocurrieron los hechos, nuestros prejuicios y posturas a priori hacen que nuestro discurso sea anacrónico las más de las veces y peligrosamente manipulador. 

Así ha ocurrido con el debate que se ha suscitado en torno a la Compañía Guipuzcoana (1728-1784); visiones encontradas y contrapuestas sobre hechos únicos ocurridos. La historia del pasado es un conflicto de posturas de acuerdo a los intereses que se pretenda defender. La verdad histórica de los hechos, máxima aspiración, siempre se tropieza con la tendencia humana a sobreponer la estrechez del punto de vista particular que se aspira defender y que convertimos en verdad.

La historiografía venezolana tradicional ha convertido el alzamiento de 1749 en contra de la Compañía Guipuzcoana como el primer indicio de una conciencia nacional y colectiva preparativa de la futura Independencia. Francisco de León ha sido presentado como uno de los artífices de la incipiente venezolanidad. Su lucha contra el monopolio de la Compañía Guipuzcoana ha sido asociado tendenciosamente a un propósito más vasto: el de la lucha por la libertad contra la oprobiosa tiranía española y su Rey. Maniqueísmo absurdo y anti/histórico que ha servido de nutriente en la elaboración de las historias nacionales y oficiales en Hispanoamérica. Ejercicio simplista e interesado vinculado a las redes del poder y que ha reducido el estudio del pasado a un ejercicio de ficción. Hoy, en pleno siglo XXI, vuelve a estar de moda la “descolonización” de nuestra historia exigiendo reparaciones históricas en lengua española.

La Compañía Guipuzcoana vino a llenar un vacío dentro del panorama económico/comercial de las provincias que formaron el territorio venezolano. Los vascos fueron los primeros en darse cuenta del potencial agrícola existente y la privilegiada situación geográfica de unos territorios que hasta ese entonces fueron considerados de poco valor. El tabaco, pero especialmente el cacao, empezaron a tener una alta cotización internacional. El cacao venezolano fue considerado el mejor del mundo y tuvo casi el mismo valor y aprecio que el oro peruano. El siglo XVIII representó para las provincias de Venezuela un momento estelar y de gran auge agrícola y ganadero que trajo grandes beneficios a los criollos dueños de las haciendas y plantaciones. Pero el motor que estimuló todo el proceso le correspondió a los vascos de la Guipuzcoana.

El 25 de septiembre de 1728 por Real Cédula fueron despachados los privilegios de la Compañía Guipuzcoana en el comercio de la provincia de Caracas, de hecho se le concedió en forma de monopolio. Entre sus funciones, además de la económica/comercial, estaba la de resguardar el litoral venezolano de las incursiones de los contrabandistas y con ello erradicar el tráfico ilegal de mercancías, una verdadera sangría para el fisco español.

Según Arcila Farías la llegada de la Compañía causó gran indignación en la Provincia, no tanto porque afectase las prácticas ilegales de muchos criollos comprometidos en ella, sino porque la concesión se había ejecutado sin haber consultado previamente al cabildo caraqueño. Lo que más molestó a los comerciantes, cosecheros y agricultores locales fue la irrupción de las nuevas prácticas comerciales que contravenían normas consuetudinarias que la población asumió como legítimas. El estado de semi-autonomía en que se encontraba Venezuela vino a resentirse desde el mismo momento en que empezaron a introducirse las nuevas medidas reformistas de los Borbones. La actuación de la Compañía Guipuzcoana se enmarca dentro de la gran estrategia por recuperar el control de las Indias en manos de los descendientes de los conquistadores. La Compañía representó los intereses del Monarca, y en el momento del conflicto, no dudó en respaldarla en detrimento de sus súbditos americanos.

 Lo cierto del caso es que la Compañía Guipuzcoana obtuvo destacados beneficios en su actuación sobre Venezuela y afectó intereses ya creados entre los diferentes sectores sociales. Al asumir el control económico de la Provincia, lo extendió hacia prácticamente el resto de los ámbitos, incluso en el político, afectando con ello desde el humilde campesino y cosechero hasta el encumbrado terrateniente en conexión con una poderosa y consolidada clase comercial. El motivo de la revuelta se encuentra en éste conflicto de intereses. 

La insurrección tuvo dos fases. La primera corresponde a 1749-50 donde actuaron como Gobernador y Capitán General, Luis Francisco de Castellanos (1747-1749) y Julián de Arriaga (1749-1751). La protesta, que tuvo un carácter civil, permitió que los alzados lograsen en un principio sus principales exigencias, al decretar las autoridades la expulsión de los vizcaínos y la eliminación de la Compañía Guipuzcoana. El Gobernador Castellanos actuó con temor e indecisión; sintió que la plebe enardecida tenía el respaldo de los criollos del Cabildo, lo cual era cierto. Ante esa situación no fue capaz de asumir el liderazgo que le correspondía como máxima autoridad en la Provincia; los acontecimientos le desbordaron y fue incapaz de garantizar el orden público. Arriaga le sustituyó y con numerosa tropa trató de apaciguar los ánimos en los últimos meses del año 1749. Su misión fue averiguar quienes estuvieron implicados en los tumultos; establecer las motivaciones de la misma y si ésta tenía participación extranjera. Solicitó la opinión de importantes propietarios criollos sobre lo sucedido y finalmente concedió un indulto general. 

La pacificación estuvo lograda pero no terminó de disuadir a Francisco de León y sus partidarios. Por otro lado las autoridades en la península no estuvieron dispuestas a ceder a la principal exigencia de los alzados, que consistía en librarse de los tentáculos de la Compañía Guipuzcoana. Al ser ésta restituida por mandato del Rey la rebelión volvió a encenderse entrando en una segunda fase caracterizada por la violencia de las armas bajo el liderazgo nuevamente de Francisco de León. El nuevo gobernador Felipe Ricardos (1751-1757) no vino a negociar como su predecesor, sino a reprimir la sublevación y restaurar con firmeza la autoridad del Rey y todas sus disposiciones. Francisco de León fue derrotado y abandonado por sus partidarios además de ser declarado traidor a la causa del Rey. Murió en una cárcel de Cádiz el 2 de agosto de 1752.