Tras años de un silencio forzado por la persecución, las calles volvieron a ser el escenario de la denuncia. La mañana de este viernes 13 de marzo marcó un hito en la lucha por la libertad de expresión en Venezuela.

Representantes de organizaciones clave como VEsinfiltro, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Provea y Redes Ayuda, junto a diversos actores de la Sociedad Civil, se concentraron frente a la sede del ente regulador, Conatel, para confrontar una realidad técnica y política insostenible: 65 sitios de noticias bloqueados y más de 200 dominios bloqueados.

Delvalle Canelón, secretaria general del CNP, aseveró que “es importante tener una libertad plena, una libertad en todos los sentidos y hay que empezar por desbloquear los diferentes dominios y los espacios de noticias”.

Esta movilización no solo denunció la censura, sino que reivindica el derecho constitucional de los ciudadanos a buscar y recibir información sin censura previa. La Sociedad Civil ha dejado claro que la infraestructura digital del país no puede seguir siendo utilizada como un mecanismo de control social.

El detonante: una carta abierta

Este llamado a la restitución de la libertad de información se detonó el pasado 6 de marzo cuando  la organización Vesinfiltro publicó una carta abierta al nuevo director de Conatel, Enrique José Quintana Sifontes, en la cual sugerían tres iniciativas que podría adoptar en su regreso al frente del ente regulador: Devolverle a Conatel su carácter técnico e institucional, restablecer el acceso pleno a interne, garantizar la neutralidad de la red, privacidad de las telecomunicaciones, publicación de estadísticas, acceso universal y fin a cierres arbitrarios.

Las cifras del apagón informativo

La exigencia fue clara y directa: el cese inmediato de los bloqueos arbitrarios que mantienen a la ciudadanía en la oscuridad informativa. Los números presentados por las organizaciones son alarmantes:
65 medios digitales bajo bloqueo activo, impidiendo el acceso a noticias libres.

+200 dominios restringidos, afectando no solo a la prensa, sino también a portales  de derechos humanos y servicios digitales básicos.

 
"No se trata de fallas técnicas; es una política de Estado para asfixiar la verdad", escuchamos decir a una señora portadora de una pancarta durante la jornada.

Oscar Murillo, coordinador de PROVEA, declaró que “Todas estas restricciones que ocurren en materia de telecomunicaciones tienen un impacto en la vida de las personas. La Libertad de Expresión y la Libertad de Información son las herramientas esenciales para alcanzar las aspiraciones de la humanidad, en este caso las aspiraciones de la sociedad venezolana son más democracia y más dignidad. Lo que se ha cerrado en Venezuela, y se mantiene cerrado, desde el punto de vista de las restricciones de los Derechos Humanos, tiene que ver con las privaciones que han tenido las personas. Cuando se bloquea un portal web se está bloqueando a un sindicato, a la señora que no tiene agua en su comunidad, al trabajador que salió despedido, a los famliares de los presos políticos... La sociedad venezolana ha hecho un enorme esfuerzo para sortear la censura, pero no podemos normalizar esta situación. Esta etapa que se abre en el país después del 3 de enero, y de acuerdo a los cambios que se están dando en este organismo, nos llama a presionar, de la manera más alta posible, que se den cambios realmente substanciales en la sociedad venezolana”.


No hay Libertad de Expresión, sin Libertad de Internet

Luis Serrano, coordinador de Redes Ayuda, hizo un llamado al levantamiento de la red social X, de los portales informativos y de aquellos que tienen inciativas con impacto social, “le hacemos un emplazamiento directo al señor Enrique Quintana, “usted tiene en sus manos una oportunidad histórica, tiene en sus manos la oportunidad de empezar a transitar hacia la Libertad de Expresión, que todos los venezolanos podamos ir viendo como estamos haciendo una transición hacia la democracia. Y la democracia se traduce en Libertad de Expresión, y no hay Libertad de Expresión sin Libertad de Internet”, declaró. 
 

El activista indicó que actualmente se encuentran bloqueados portales que promueven iniciativas sociales, como la exigencia de un salario digno, formación en acceso a la justicia o www.miconvive.com , que artícula comunidades. Hay que agregar, entre esos sitios censurados,  a Espacio Público, IPYS, el Observatorio Venezolano de Fake News; sitios de VPN’s y 65 medios noticiosos.

Subirle el costo a la censura en los ISP’s privados y públicos

Durante su intervención en la concentración Andrés Azpúrua, OONI CoC Committee member y fundador de Vesinfiltro, le preguntamos  ¿Cómo le subimos el costo a la censura por parte de las empresas privadas? ¿Cómo se logra escalarle el costo reputacional por violar el Derecho Humano a la Información, ya que son estas las que ejecutan las órdenes de bloqueos?  

“Es muy cierto, que quienes realmente terminan ejecutando la censura son en gran medida los Proveedores de Internet (ISP) privados y públicos. Como consumidores, como usuarios, nos toca también hacer presión contra estas empresas. Veamos, no podemos creer que con presión exclusivamente a los proveedores de internet se va a solucionar este problema, porque ellos  tienen al ente regulador encima, que los obliga a implementar estas vías de censura, pero sí es importante que sientan esa presión. Hasta ahora, los proveedores de internet y  las empresas de telefonía en general no oponen resistencia a estas órdenes. 

En otros países, cuando a un proveedor de internet lo obligan a hacer algo que saben que es ilegal o es violatorio de los Derechos Humanos, ellos utilizan  sus abogados y sus capacidades para  tratar de prevenir que los obliguen a ejecutar  estas acciones, que saben son negativas para sus clientes, negativas para su imagen como empresa y violatorias de derechos. Y ellos no quieren ser copartícipes de esas violaciones de Derechos Humanos”.

Para el activista, es clave los usuarios presionen, pero también las cámaras y gremios, como la  Cámara de Empresas de Servicios de Telecomunicaciones (Casetel), contactando al Tribunal Supremo de Justicia y otras instancias para que se empiece a cambiar este clima de censura que aún apaga sitios noticiosos en el país. “Creo que este es el momento para que las empresas de telecomunicaciones también se pongan del lado de los Derechos Humanos y de sus propios clientes”, acotó Azpúrua.

Más información: https://bloqueos.vesinfiltro.org/