En riesgo las telecomunicaciones en Venezuela |
Escrito por Enrique González Porras |
Martes, 01 de Febrero de 2022 01:25 |
el cálculo de ratios como los ARPUs (Average Revenue per User) o los promedios de ingresos por cliente que permitan realizar una comparación por servicio, entre operadores e incluso respecto a otros países de la región. CONATEL informó, respecto al cierre del año 2019 que los ingresos totales expresados en bolívares en el sector de telecomunicaciones respecto al cierre del año 2018 habrían aumentado en 16.507,61%, lo que al compararlo con la inflación de dicho año de 19.906,02%, implica un crecimiento negativo en términos reales. Adicionalmente, dicha autoridad regulatoria informó que las inversiones en el sector al cierre del año 2019 habrían aumentado 55.714,59%, variación que contrasta notablemente con la inflación de dicho año. Si bien las cifras anteriores se encuentran referidas exclusivamente al año 2019, no deja de llamar la atención la diferencia en el desempeño, más precisamente en el crecimiento, entre los ingresos del sector y las acometidas de inversión (mientras los primeros variaron a una tasa real negativa, las segundas lo hicieron a una tasa real positiva significativa). De hecho, el porcentaje que representan las inversiones sobre los ingresos pasaron del 2018 al 2019 de 11,94% a una participación de 40,13%. A manera referencial, el mercado de las telecomunicaciones y de los servicios audiovisuales (telefonía fija+telefonía móvil+ Internet Fijo + Internet Móvil+ TV paga) medido por ingresos generados en Argentina al cierre de 2019 ascendía a un valor aproximado de 8 millardos de US$, en Chile a cerca de 5,7 millardos de US$ y en Colombia 6 millardos de US$. En Venezuela, según datos de CONATEL, el acumulado de ingresos durante todo el año 2019 para el sector telecomunicaciones alcanzó un equivalente a 107 millones de US$ (al tipo de cambio oficial del BCV)!!! Dentro de los factores que podrían incidir sobre el tamaño del mercado de las telecomunicaciones y las diferencias entre los países destacaría, en un principio, un volúmen poblacional significativo en Argentina (50,34 millones para el 2019 según el Banco Mundial), así como su eventual concentración en centros urbanos, lo que podría implicar alguna ventaja derivada de economías de escala para los operadores de los servicios TIC. La población de Argentina supera en una proporción superior a 2,37 a la de Chile (18,95 millones para el 2019 según el Banco Mundial); mientras que la población de Colombia (50,34 millones para el 2019 según el Banco Mundial) supera en una proporción de 2,65 a la población de Chile para el año 2019. En lo que respecta al tamaño de cada una de las economías nacionales, medidas por su PIB en US$, la economía de Argentina (445,4 millones de US$) superaba a la de Colombia (323,4 millones de US$) mientras que ésta última supera a la de Chile (279,4 millones de US$) para el cierre de 2019. Sin embargo, cuando se observa desde la perspectiva del PIB per capita expresado en US$ para el año 2019, Chile (14.741 US$) más que duplica a Colombia (6.424 US$), mientras que representa 1,5 veces al de Argentina (9.912 US$). Venezuela a pesar de haber contado con una población alrededor de los 28,52 millones mostró un PIB mermado de 67.507,14 millones de US$, un PIB per Capita alrededor de 2.300 US$ y un sueldo mínimo oficial que llegaba a los 15 US$ para el año 2019, números nada alentadores para dar profundidad a sus mercados. Cuando revisamos cuánto representa el ARPU por servicio TIC sobre el salario mínimo oficial de cada país, aún cuando éste último indicador pueda perder representatividad dependiendo del país, podríamos visualiza parte del poder de compra que un sueldo “promedio”, mínimo o referencial puede tener sobre servicios como los de telecomunicaciones.
Si bien los costos marginales e incrementales en la provisión de los servicios TIC nos señalarían el Lower Bound de los precios; basándonos en valor, la demanda y la capacidad de pago de los ciudadanos promedio podrían asomarnos, aunado a la competencia en el mercado, el Upper Bound al cual podrían llegar las estrategias de precios en dicho sector. En una economía inflacionaria donde los costos producto de la inflación y la devaluación aumentan y se acercan a la mermada disponibilidad de pago de los consumidores promedio; las operaciones de sectores como el de las telecomunicaciones podrían complicarse. Sin embargo, manteniendo todo lo demás constante, en la medida que la proporción de las personas con “baja” disponibilidad de pago sea elevada en el mercado -y dicha disponibilidad a pagar sea superior a los costos de proveerles el servicio- existirán incentivos por parte de los operadores de telecomunicaciones para proveerles el servicio y realizarles una oferta de valor. Lo anterior especialmente en el sector telecomunicaciones donde pueden perfeccionarse estrategias de Pricing basadas en valor del tipo Menu Pricing que facilitan el acceso a los usuarios de baja disponibilidad de pago a un precio inferior sin dejar de diseñarse ofertas de valor para los consumidores con preferencias, alta intensidad de consumo y mayor disponibilidad a pagar por los servicios TICs (existiendo dificultad de arbitraje y ante la posibilidad de un buen diseño de un Menu de oferta que evite simultáneamente el “arbitraje personal”). En sectores caracterizados por importantes inversiones en capital e infraestructura, no necesariamente la mejor alternativa de precios es aquella referida a precios únicos (por ejemplo teniendo como referente o Lower Bound el costo medio). En este tipo de sectores esquemas de Menu Pricing o precios diferenciados podrían permitir expandir la demanda atendida en comparación a una situación de un precio único. En todo caso, el Upper Bound se encontraría restringido, por un lado, por la capacidad y disponibilidad de pago que tengan los ciudadanos, y por el otro lado, por la competencia en el mercado. Cómo se financian las operaciones y las inversiones requeridas son un elemento clave de un sector como el de telecomunicaciones intensivo en capital, así como en capital humano especializado. Asimismo, quiénes llevan la carga del financiamiento cuando existen controles de precio de hecho, así como un operador público que puede distorsionar al mercado y a la competencia, podría tener implicaciones de justicia y eficiencia significativas. El problema macroeconómico de pérdida de poder de compra de la moneda local no puede ser resuelto por un sector aislado, ni puede éste asumir la carga de financiar el acceso que se ha perdido producto de la inflación. Los problemas de equidad cuentan con mejores acciones e instrumentos de políticas públicas (por ejemplo, fiscales). Más allá, la falta de flexibilidad y libertad tarifaria no sólo dificulta realizar inversiones y sostener el servicio, sino que imposibilita la flexibilidad y el dinamismo en la formación de precios que permita que estrategias de Menu Pricing expandan la demanda atendida. Controles y regulaciones arbitrarias de precios así como rezagos en los ajustes de los distintos precios de los distintos servicios y operadores distorsionan los precios relativos y al mercado (puede que la distribución en los recursos y en los servicios prestados no sean los óptimos según la propia valoración social, ya que no se le permite al mercado determinar hacia dónde deben los operadores enfocar sus esfuerzos e inversiones).
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