Durante años la relación entre Venezuela y los Estados Unidos estuvo marcada por una confrontación abierta, cargada de discursos hostiles,

sanciones económicas, acusaciones mutuas y una permanente escalada política. Desde 2019 la ruptura diplomática formalizó ese clima de antagonismo, profundizado luego por el cuestionamiento internacional a los procesos electorales venezolanos y por la presión geopolítica ejercida desde Washington. Aquel lenguaje desafiante y conflictivo parecía definir de manera permanente el vínculo entre ambos países. Sin embargo, los acontecimientos ocurridos a partir de enero han alterado significativamente ese escenario y abren un debate que merece ser examinado con serenidad: ¿estamos ante una curatela política o ante una tutela política sobre Venezuela?

El punto de inflexión no puede entenderse sin mirar la cadena de tensiones que precedieron a este momento. Durante los últimos años se consolidó una relación de choque permanente: sanciones económicas, acusaciones vinculadas al narcotráfico, despliegues militares en el Caribe y una profunda disputa diplomática que aisló a Venezuela de buena parte del sistema internacional. La crisis alcanzó su momento más crítico a comienzos de 2026, cuando una operación militar estadounidense culminó con la captura de Nicolás Maduro y reconfiguró el escenario político interno venezolano.

A partir de ese momento el discurso político comenzó a cambiar. Lo que durante años fue confrontación ideológica pasó gradualmente a convertirse en un proceso de negociación y reacomodo geopolítico. El restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, anunciado recientemente, forma parte de ese nuevo ciclo que busca estabilizar la situación política y económica del país. No obstante, el modo en que se está produciendo esta aproximación plantea una interrogante fundamental sobre la naturaleza real de ese proceso.

Desde la narrativa oficial se ha intentado presentar este nuevo momento como una suerte de curatela política: un acompañamiento externo que permitiría orientar la recuperación económica, facilitar inversiones y estabilizar el sistema político sin comprometer la soberanía nacional. En esta visión, Venezuela seguiría siendo plenamente dueña de sus decisiones, mientras actores internacionales apenas ofrecerían un marco de apoyo para normalizar la vida institucional.

Sin embargo, cuando se observa la realidad con mayor detenimiento, la dinámica parece acercarse más a lo que la teoría política denomina tutela política. El politólogo Stephen Krasner ha explicado que en contextos de Estados debilitados pueden surgir esquemas de “soberanía compartida”, donde decisiones clave comienzan a estar condicionadas por actores externos. No se trata necesariamente de una pérdida formal de soberanía, pero sí de una redistribución real del poder político. Algo similar sugiere Andrew Arato cuando analiza los procesos de reconstrucción institucional bajo influencia internacional, en los cuales las decisiones fundamentales del sistema político dejan de depender exclusivamente de la voluntad interna.

El caso venezolano parece moverse precisamente en esa dirección. Las condiciones para la apertura petrolera, los mecanismos de supervisión internacional, las reformas económicas impulsadas bajo presión externa y la propia redefinición del mapa político nacional sugieren que el margen de autonomía del Estado venezolano se encuentra hoy fuertemente condicionado por factores externos. Más que una simple cooperación diplomática, lo que se configura es un esquema donde la conducción política del país opera dentro de un marco establecido fuera de sus propias instituciones.

Este escenario plantea un dilema complejo. Por una parte, la tutela externa puede interpretarse como una limitación de la soberanía nacional. Pero por otra parte, la prolongada crisis institucional venezolana ha dejado a la sociedad en una situación de enorme vulnerabilidad. Cuando el Estado pierde capacidad para proteger a su propia población, la presión internacional termina convirtiéndose, de hecho, en un mecanismo indirecto de protección para el pueblo.

De allí que el verdadero desafío no consista simplemente en aceptar o rechazar la influencia externa, sino en comprender su naturaleza y sus límites. Si la actual etapa constituye una forma de tutela política, esta debería ser entendida como un momento transitorio orientado a reconstruir instituciones democráticas, restablecer la legitimidad del poder público y recuperar la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos a través de un proceso electoral. Solo así Venezuela podrá pasar de una soberanía condicionada a una soberanía real, fundada no en discursos ideológicos sino en instituciones fuertes, democracia efectiva y bienestar para su pueblo.

IG, X: @freddyamarcano