El fenómeno del rentismo no se reduce exclusivamente a la captura de la renta petrolera.

Existen distintas fuentes de rentas, una de ellas, ampliamente reconocida por la literatura económica, la constituye la captura de las políticas públicas. La evaluación de las políticas públicas constituye un mecanismo que un Estado Benevolente, consecuente con maximizar el bienestar de sus nacionales, debe desarrollar robusta y formalmente. Toda política pública puede generar efectos redistributivos -rentas derivadas de la política pública- en favor de unos y en detrimento de otros, incluso en aquellos casos en los cuales la base de Bienestar Social pueda ser ampliada. Ciertamente cuando nos encontramos en situaciones de mejoras paretianas existiría espacio para que todos los stakeholder voluntariamente negocien, democratizándose la generación de riqueza. Sin embargo, obviamente resulta más cruda la búsqueda de captura de la política pública y de rentas que resultan en una simple redistribución de riqueza (incluso con potencial efecto de destruccion de bienestar cuando se genera pérdida de peso muerto).

En la medida que la causa del fenómeno inflacionario en Venezuela responda a más de un factor, la solución no resulta fácil. Más allá de la explicación del origen monetario, respecto al cual la teoría económica reconoce su importancia, su persistencia suele incorporar factores de compleja corrección y tratamiento. Por ejemplo, el eventual problema de expactativas negativas y la falta de confianza en la moneda que pueden explicar cierta inercia inflacionaria constituye un típico fenómeno de profecías autocumplidas cuyo equilibrio no resulta sencillo de resolver por dos elementos importantes. Primero, porque estos equilibrios simultáneos constituyen una especie de problema de acción colectiva donde coordinar el desvío del equilibrio inercial inflacionario basado en pésimas expectativas sobre el signo monetario resulta muy difícil. Segundo, porque la atomización de las decisiones de millones de agentes económicos hace que individualmente la desviación no tenga incidencia alguna sobre el equilibrio y en consecuencia no constituye una opción individualmente.

La propuesta de acciones de política pública como eliminar la exoneración de aranceles a los productos importados, así como devaluar nuestro signo monetario para hacer competitivos los productos locales a la exportación y al mercado interno, como “instrumentos anti-inflacionario”, exige una elaboración más completa. Haremos algunas precisiones al respecto a continuación.

Primero, en la medida que la inflación pueda responder a un fenómeno monetario y la inflación un fenómeno de crecimiento intertemporal de los precios, tanto la disminución como el alza de los aranceles e impuestos resultarán inocuos sobre la inflación, su incidencia será sobre el nivel -intercepto- y no sobre la tendencia de los precios.

Segundo, el efecto inmediato de políticas de esta naturaleza implicaría un aumento del nivel de precios en el país. Lo anterior genera inmediatamente destrucción de Bienestar Social por medio de pérdida de peso muerto o destrucción pura de bienestar al erigirse artificial y gubernamentalmente barreras a la entrada y a la competencia de los productos importados.

Resulta cierto, que un análisis de corto plazo no recogería efectos dinámicos que podrían resultar trascendentes. Pero en ese sentido, habría que incorporar al análisis a todos los stakeholder o agentes económicos que podrían resultar beneficiados y perjudicados por dicha política pública. 

De hecho, los efectos que impliquen una simple redistribución de rentas de los consumidores en favor de los empresarios, sólo tendrían efectos redistributivos, por cierto que a priori podrían asumirse como regresivos. Por ejemplo, para aquellos consumidores que se están financiando de su patrimonio o de transferencia de remesas, el efecto de las políticas que se proponen publicamente como eventuales políticas antiinflacionaria es de destrucción de bienestar y redistribución regresiva de rentas (se requeriría una explicación de financiamiento intergeneracional de los consumidores hoy en favor de trabajadores, consumidores y empresarios mañana).

Tercero, efectivamente habría que incorporar los efectos dinámicos que generarían bienestar social o que lo sostendrían a lo largo del tiempo. Sin embargo, habría que construir la explicación y acompañarla de fundamentos o evidencia estadística. Un circuito económico con una identidad contable entre oferta y demanda, constituye un primer argumento a favor de apostar por la profundidad de la actividad económica doméstica que remunera factores productivos domésticos que permitan la continuidad o replicabilidad del circuito.

Sin embargo, una política pública que apueste por este argumento no puede estar exenta de validar el efecto dinámico de creación de riqueza que supere la destrucción de bienestar social -pérdida de peso muerto- y redistribución regresiva que arroja un análisis de corto plazo. En este sentido, sería bueno escuchar de quienes promocionan estas políticas una explicación más detallada sobre cuáles son los efectos de eficiencia dinámica y que nos muestren cómo el salario y el trabajo en Venezuela se benefician de una recuperación de su peso relativo sobre las operaciones de las empresas y sobre el precio de los productos equiparable a otros países.

Por ejemplo, los defensores de dichas políticas deben explicar y demostrar cómo las rentas que se obtendrán al encarecer las compras de los productos a los venezolanos al eliminar la exoneración de aranceles a las importaciones y al devaluar la moneda y obstaculizar la competencia que introduce las importaciones, serán, cuando menos parcialmente, transferidas -passthrough- hacia los trabajadores (además del efecto dinámico).

Si el efecto final es únicamente el de corto plazo asomado al inicio del presente artículo, tenemos simplemente más del rentismo que nos ha caracterizado.