Pasada la medianoche, el señor Nicolás Maduro se dirigió a los venezolanos para comunicar los acuerdos alcanzados por los integrantes del Consejo de Defensa de la Nación

(Art. 323 de la Constitución ) reunidos en el Palacio de Miraflores.

Con su habitual verbo altanero (contra los países que apoyan la vuelta de la Democracia al país) aderezado con un toque legalista y vestido de liquiliqui negro, el mandatario cedió la palabra a un vicepresidente que, con muchos tropiezos, leyó el comunicado emanado de la reunión entre Maduro, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (que emitió las sentencias 155 y 156 que usurpan las funciones de la Asamblea Nacional), el vicepresidente ejecutivo, el presidente del Poder Ciudadano (Tarek Saab), el contralor general, el ministro de defensa, el ministro de planificación y la canciller, entre otros asistentes. ¿Los grandes ausentes? El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Julio Borges, y la Fiscal General de la República, Luisa Ortega, quien calificó de inconstitucionales las sentencias emanadas del máximo tribunal.

Los puntos acordados fueron los siguientes:

1. Ratificar que el máximo tribunal de la República, en su Sala Constitucional, es la instancia competente para el control de la constitucionalidad de los actos que emanados de cualquier órgano del Poder Público Nacional que coliden con la Carta Magna, así como la resolución de conflictos entre poderes.

2. Exhortar al Tribunal Supremo de Justicia a revisar las decisiones 155 y 156 con el propósito de mantener la estabilidad institucional y el equilibrio de poderes mediante los recursos contemplados en el ordenamiento jurídico venezolano.

3. Reiterar que los desequilibrios y conflictos entre las distintas ramas del Poder Público Nacional se encauzan mediante los mecanismos de control constitucional y la colaboración entre los poderes, los cuales son expresión del dinamismo y pluralidad de los estados constitucionales democráticos.

4. Destacar los loables esfuerzos del presidente de la República como Jefe de Estado en la búsqueda de soluciones para resolver dentro del marco constitucional y mediante el diálogo constructivo los conflictos de los órganos del Poder Público Nacional en atención a la independencia, la división y la autonomía de sus distintas ramas.

5. Insistir en nuestra disposición al diálogo fecundo y exhortar a la oposición venezolana a incorporarse sin demora al diálogo nacional promovido por el Jefe de Estado y acompañado por UNASUR, el Papa Francisco y los ex presidentes Martín Torrijos, Leonel Fernández y Rodríguez Zapatero.

6. Repudiar categóricamente cualquier intervención que atente contra la independencia, la soberanía, la integridad territorial y la autodeterminación. Los asuntos de los venezolanos deben ser resueltos exclusivamente por nosotros, sin injerencia ni intervención alguna y en respeto estricto a la jurisdicción interna del Estado venezolano. La fortaleza del sistema democrático en Venezuela y de su robusto Estado de Derecho no está en discusión ni entredicho, por el contrario, es muestra del Estado Constitucional de Derecho, de Justicia Social y Paz edificado en un país que ha hecho de la práctica de la Democracia Participativa y Protagónica el vehículo para la transformación de la sociedad y la búsqueda de la mayor suma de felicidad posible, en palabras de nuestro Libertador, cito, “sólo la Democracia es susceptible de una absoluta libertad. Libertad que define como el poder que tiene cada hombre de hacer cuanto no esté prohibido por la Ley”, Simón Bolívar.

Cabe mencionar que el país está lejos de superar, como repitió una y otra vez el Presidente Maduro, la controversia derivada del ataque del TSJ no sólo a la Asamblea Nacional, sino a la voluntad de la mayoría de los venezolanos… Sin obviar que ese exhorto no impacta en las sentencias que siguen activas al momento de redactar esta nota.

En unas horas, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Julio Borges, y la directiva de la misma, sesionarán desde la Plaza Brion de Chacaíto donde seguramente explicarán el impacto del exhorto de Maduro y las acciones penales que ya emprendieron contra los integrantes del TSJ.  

Los venezolanos reclaman acciones contra un Poder Ejecutivo depredador de poderes, violador de Derechos Humanos (ayer sus grupos paramilitares agredieron a periodistas, estudiantes y personas que intentaron protestar en las inmediaciones del TSJ), empobrecedor de los venezolanos y destructor de la República.

Dudo que estos improvisados  seis puntos le compren tiempo a un señor Presidente que ha depreciado su función a niveles jamás vistos en la historia de Venezuela.

Sólo la presión de calle y el apoyo internacional podrían presionar a Maduro a retomar la senda democrática (y redactar un acuerdo con puntos reales, y no bajo la retórica nacional-socialista del emitido hoy), perdida en el país desde hace al menos dos lustros.

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