Los problemas del ejercicio político, propios de una Venezuela arrinconada por un modelo económico retrógrado utilizado para alinear decisiones

asumidas como inexorables razones por el régimen bolivariano, son incontables. 

Sin embargo, tan complicada situación, pareciera pasar inadvertida por la testarudez de gobernantes indolentes. Y por tanto, decididos a arrastrar al país hasta los más tramados escondrijos del infortunio, como en efecto ha venido sucediendo.

En el fragor de tanta terquedad, estos gobernantes han creído que inventando un país dentro de un mundo que sólo existe en el imaginario “revolucionario”, el país podría alcanzar “envidiables niveles de desarrollo”. Pero las circunstancias vivenciadas en el curso del siglo XXI, demostraron lo contrario. O sea, la imposibilidad de lograr un progreso en correspondencia con el “Estado democrático y social de Derecho y de Justicia” que convoca la Constitución Nacional.

Se problematiza la institucionalidad

En medio de enredos de tan caótica naturaleza como el que viene caracterizando a Venezuela, la institucionalidad que formaliza la estructuración del Estado venezolano entró en una atroz crisis. Fuertemente, desde la década de los setenta. Aunque más intensamente, desde los años noventa. Y peor aún, a partir de 1999, con el arribo del militarismo anacrónico al poder político nacional. Dicha situación devino en una insondable crisis de valores, de paradigmas, de productividad. 

Pero más grave aún, en la crisis que asfixia el funcionamiento del Estado respecto de las pautas políticas que rigen su funcionalidad. Es decir, los principios que avalan su esencia política tal como lo establece la Carta Magna cuando lo define “democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable pluralista y de mandatos revocables”. 

Y de ello, no ha escapado la institucionalidad universitaria. Sobre todo, después que muchos se valieron de la confusión que generó la iracundia de un régimen contrariado por el talante crítico que indujo el tiempo vivido en democracia, para así dificultar esfuerzos en la dirección de renovar el concepto de autonomía universitaria. 

El barullo jurídico que incitó el desorden normativo causado por preceptos irresolutos formulados en paralelo con el artículo 109 constitucional, que reconoce la autonomía universitaria como principio y jerarquía, desvirtuó su autenticidad y exactitud académica e institucional. 

En conclusión 

Lo que derivó esta mezcolanza de conceptos, permitió un manejo sin norte, al libre albedrío, del alcance de autonomía universitaria normada por la Ley de Universidades sancionada el 5 diciembre de 1958, luego apresuradamente reformada en 1971. 

Su imprecisión jurídica, ha provocado interpretaciones azarosas o improcedentes cuyos efectos han sido nocivos para las libertades académicas necesarias para el devenir universitario. 

De ahí que notar la inestabilidad que padece el respectivo significado, hace inferir que, en el cauce de la más absoluta irreverencia, está jugándose con la autonomía universitaria.