La semana pasada se popularizó en la opinión pública venezolana la expresión “la tapa del frasco”.

Un video grabado por funcionarios policiales a una ciudadana —identificada posteriormente como Elizabeth Ochoa, abogada y funcionaria pública— mostró un debate en el que ella expresó no temer a ninguna sanción por su comportamiento ilegal, bajo el argumento de tener vínculos con el poder. Concretamente, la dama en cuestión hacía valimiento público de su relación con el actual ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello.

Más allá de la circunstancia y de la veracidad o no de sus expresiones, la frase lanzada de ser “la tapa del frasco” revela de forma inequívoca la cultura dominante en estos tiempos de autoritarismo: un desprecio absoluto por la legalidad, por la convivencia civilizada y por el valor de la autoridad.

En efecto, las imágenes difundidas ampliamente en las redes sociales muestran a la ciudadana alardeando de ser intocable, a pesar de admitir haber cometido faltas o delitos contra otras personas sin haber sido investigada y, mucho menos, sancionada.

Este incidente revela un comportamiento recurrente en nuestra sociedad. Un segmento significativo de funcionarios públicos atropella a los ciudadanos, sometiéndolos a vejaciones, extorsiones, privaciones ilegales de libertad, asaltos y ocupación de sus propiedades con total impunidad. El Estado de derecho se ha destruido de tal forma que estar investido de autoridad, o estar vinculado con un alto jerarca del poder civil o militar, se ha convertido en una patente de corso para cometer todo tipo de tropelías y abusos.

La cultura de la arbitrariedad y de la impunidad es lo que popularmente se conoce como “enchufe” o, más recientemente, como ser “la tapa del frasco”. Este es uno de los elementos del daño antropológico causado por un régimen autoritario donde la búsqueda del control social y político autoriza el desconocimiento del orden jurídico para infundir temor y garantizar la continuidad del régimen en el ejercicio del poder.

Cuando los jerarcas toleran o autorizan semejantes violaciones a los derechos humanos y a las reglas de la convivencia civilizada, abren la puerta para que ese comportamiento se convierta en una costumbre de todo el funcionariado. Esta supremacía arbitraria es la que ha permitido el asalto a residencias y bienes de ciudadanos inocentes. Funcionarios inescrupulosos se antojan de tomar una propiedad ajena y, por la vía de los hechos, hostigan a los propietarios, invaden dichos bienes y criminalizan a sus legítimos dueños. En otros casos, se crean falsos positivos contra ciudadanos inocentes para luego pasar a la fase de extorsión o a la de ocupación y aprovechamiento de sus bienes.

“La tapa del frasco” revela una tara cultural de los autoritarismos que hemos padecido. Considerar al funcionario público como un servidor de la sociedad no encaja en esta visión. Por el contrario, la autoridad y el funcionariado se autoperciben como seres superiores a sus conciudadanos, lo que supuestamente los autoriza a cometer cualquier arbitrariedad.

Este comportamiento nos obliga a los venezolanos a reorientar nuestra educación; a implantar la cultura del servicio y del bien común para empezar a apreciar otra cara del funcionario del Estado. Es necesario entender que el servidor público se debe al ciudadano y que ejerce su función para contribuir a la formación e implementación de las políticas públicas correspondientes a su órgano, rama y nivel del poder público.

Los que presumen ser “la tapa del frasco” transitan un camino aún más grave y nocivo: son la tapa de un frasco descompuesto que emana olores nauseabundos. Ese comportamiento de arbitrariedad y corrupción termina generando un cóctel repugnante y mortal para una sociedad.

Este caso, en comento, nos obliga a todos los sectores de la sociedad venezolana a trabajar con gran empeño en un proceso de reciudanización de nuestra población. Educar para la ciudadanía; educar para la ética privada y pública; educar para la democracia, el trabajo productivo y honesto; educar para promover el respeto a los derechos humanos. Esta es una tarea que no solo compete a la educación formal, sino también a la familia, las iglesias, los medios de comunicación, los partidos políticos y las ONG.

Ser ciudadano nuevamente es, precisamente, ser lo opuesto a “la tapa del frasco”. Ser tolerante es una categoría que permite la convivencia civilizada, pero no se trata de confundir la tolerancia con una conducta pusilánime y permisiva. Se trata de comprender la diversidad de la sociedad para poder promover el respeto a la opinión ajena y la vida en paz en cada comunidad. Eso solo es posible mediante el ejercicio de la democracia.


El gran desafío de nuestro país para las próximas décadas es superar este nivel de regresión ciudadana al que hemos arribado y convertirnos, finalmente, en una sociedad civilizada.