Causado por el 3 de enero y casado por la Ley de Hidrocarburos del 29 de mismo mes, la Asamblea Nacional acaba de “apoyar” en minutos el acuerdo petrolero  “más grande de la historia” en opinión del Presidente Trump,

sin que se analicen su contenido e implicaciones ni se conozcan con precisión sus detalles.

Libre de prejuicios, creo que hay al menos algunas cosas que deben decirse. Seriamente, como el asunto amerita.

El petróleo, cómo no, ha sido el gran tema de la política venezolana desde la segunda década del siglo XX. En 1926 sustituyó al café y el cacao como principal exportación del país y ocasionó una verdadera revolución en la vida venezolana, con implicaciones económicas, sociales y políticas que como Jano, tiene dos caras.

La política petrolera de Puntofijo, siempre objeto de debate e incluso de diferencias de matices y algo más entre sus partidarios, estuvo dirigida a “…obtener la más justa participación en los beneficios (…) y ejercer un mayor y más efectivo control sobre todas las actividades de la industria”, su desembocadura fue la Nacionalización en 1976. No sin debate, el nacionalismo petrolero se cuidó del radicalismo. Nunca rompió la experiencia nacional. Y siempre preservó flexibilidades, porque el dogma es desaconsejable. El artículo 5° del proyecto de CAP I, la internacionalización iniciada por Herrera y continuada por Lusinchi, la apertura de Caldera II así lo demuestran. Más retórico que efectivo y más propagandista que estadista, Chávez rompió con todo eso y montado en un decenio de precios altísimos creyó que el mercado petrolero había cambiado para siempre y no era así.

El mismo Gómez que empezó muy liberal con las empresas extranjeras, vio cómo era la cosa y en 1917 designó a Gumersindo Torres, promotor de la primera Ley de Hidrocarburos y sacado por presiones, pero después de larga pasantía diplomática optó por volver a nombrarlo en 1929. El año anterior se había dictado el reglamento y en 1930 se creó el Servicio Técnico de Hidrocarburos. Lo que quiere decir que nuestro “salto atrás” es de ciento diez años.

El negocio petrolero cambia y para cumplir los objetivos nacionales, la política petrolera también deba hacerlo, lo que no implica dar pasos precipitadamente y menos impuestos desde afuera. El control parlamentario a los contratos de interés público nacional, como es obviamente el caso, establecido en el artículo 150 constitucional, no puede ser un saludo a la bandera. Existe para que la República no escatime cuidados a la hora de comprometerse. La aprobación exige estudio en comisión, consultas con expertos y con representantes de la sociedad toda. Así fue antes, así debe ser ahora y lamentablemente, no ha sido. 

Obviarlo nos ha costado caro. El acuerdo petrolero con Cuba, adelantado con prisa en 1999, nunca fue llevado al Congreso ni luego de la nueva Constitución a la Asamblea. Jamás quiso el gobierno de Chávez que el país conociera y debatiera sus pormenores.

Abundan las interrogantes sobre el contenido e implicaciones de este acuerdo. Un experto venezolano tan serio como Monaldi pregunta por los impuestos. El Nobel de Economía estadounidense Paul Krugman, el 1 de septiembre, habla del “Complot para robar el petróleo de Venezuela”. Hizo bien el Grupo Parlamentario Libertad en no votar el “apoyo” express. Ahora, en ningún caso puede renunciar la Asamblea Nacional a su deber constitucional de controlar el Gobierno y la Administración Pública Nacional y eso no se despacha con algún discurso avispado de quien se come la flecha del 136 de la Constitución.