El desmantelamiento de las condiciones de vida en Venezuela es el producto de una arquitectura jurídica perversa diseñada por las cúpulas del poder.

Detrás del hambre, la pulverización del salario y el éxodo masivo, operan responsables institucionales y un proyecto político ideológico que utiliza el derecho como arma de sometimiento masivo para imponer un modelo centralizado y no democrático.

A través del abuso de leyes habilitantes y decretos presidenciales, la máxima jefatura del Estado evadió los controles democráticos para promulgar normativas como la Ley Orgánica del Trabajo. Lejos de proteger al obrero, estas leyes asfixiaron la iniciativa privada, centralizaron los medios de producción y estatizaron las relaciones laborales, eliminando la autonomía real de la masa trabajadora.

Asimismo, el Poder Legislativo operó como una fábrica de leyes de persecución y control. Las bancadas parlamentarias validaron normativas punitivas que criminalizan la protesta laboral y legalizan el despojo de derechos adquiridos, mientras dependencias como la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) ejecutaban instructivos y memorandos ministeriales que borraron de un plumazo las escalas salariales y las contrataciones colectivas de los trabajadores públicos.

Por su parte, la imposición de órganos legislativos paralelos sirvió para estructurar el control social mediante el racionamiento de bienes básicos. Al sustituir progresivamente el derecho a un salario digno por mecanismos de asistencia condicionada y bonos estatales insuficientes, el esquema de poder vulneró la independencia ciudadana y pretendió subordinar la alimentación a la lealtad política.

Se denuncia categóricamente este crimen social planificado desde las estructuras del Poder Público. La estrategia ha sido empobrecer intencionalmente a los trabajadores y a sus familias para destruir su libertad económica. Legislar para confiscar el salario y condenar a la precariedad a todo un país es una violación sistemática de los derechos humanos y un mecanismo de opresión que debe ser expuesto ante el mundo. Los trabajadores venezolanos no callaremos ante la sistemática demolición de la dignidad humana. La reconstrucción de nuestra libertad económica y la restitución del salario justo serán la respuesta inquebrantable de un pueblo que se niega a ser sometido.