Deseo comenzar, de manera expresa, con un enunciado que encierra suficiente sabiduría.

Un contenido aleccionador en estas palabras   del investigador social chileno-venezolano, Pedro Cunill Grau: "Poblar las fronteras y garantizar su desarrollo en los procesos de integración interna es básico para preservar la soberanía nacional. La geohistoria moderna nos ha proporcionado patéticas enseñanzas acerca de las consecuencias de ausencias de ocupaciones efectivas de lindes fronterizos"

Conforme con lo anteriormente dicho, que asumimos como autocrítica, no podemos negar que hemos cometido errores e impropiedades; sin embargo, nuestra lucha reivindicativa cada vez se vuelve más inmarcesible. Hemos sido implacables, cierto, por cuanto nos asiste la razón.

Sin embargo, tengamos en cuenta también que no es el momento de resentirse o cuestionar dónde estuvieron las torpezas o desaciertos en el manejo de nuestro justo reclamo al imperio inglés y a la excolonia británica.

Considero que, por la importancia y trascendencia de la reivindicación histórica que perseguimos, y en estricto apego al Derecho Internacional Público, estamos obligados, como país, a “hablar el mismo idioma”. Estamos obligados –insisto— a concitarnos como nación. No nos está permitido cometer más deslices. Este asunto litigioso debemos encararlo con seriedad y contundencia.

Las incoherencias que manifestemos (adrede o involuntariamente) en el ámbito de que se trate – llámese Corte internacional de Justicia-- se pagan caro. No diversifiquemos intenciones o criterios en nuestro reclamo contencioso venezolanista.

Cuando estamos concernidos en un proceso en la Corte sentenciadora de la ONU; esta vez referida al supuesto carácter “válido y vinculante” del nulo e írrito Laudo Arbitral de París del 03 de octubre de 1899 (porque tal es la pretensión de la Parte demandante) aspiramos que prevalezca, entre nosotros, la unidad de opiniones para enfrentar esta lucha. Nada de protagonismos odiosos. Por el contrario, debemos sostener posiciones jurídicas firmes y unánimes, para desmontar la mencionada tratativa perversa.

Auguramos la necesaria solidaridad e identidad nacional que merece el caso de la Guayana Esequiba. Deseamos que nos mantengamos como un bastión compacto y fortificado.

Ya sabemos—y con eso no nos amedrentan-- que dentro de las estrategias que han diseñado y acometido los coagentes de la excolonia británica se cuentan: los pronunciamientos de la Caricom y de la Commonwealth; así también, han logrado sumar opiniones de algunos países que, como es fácil advertir, tienen señaladamente fuertes intereses en el área en controversia, en la cual han recibido ilegalmente por parte de Guyana concesiones para el desarrollo de proyectos.

En concreto, al día de hoy nos encontramos con un enjambre de empresas operando bajo la coordinación de la Exxon-Mobil, la cual gira las instrucciones a la Shell holandesa, a la CGX estadounidense, a la Anadarko canadiense, a la CNOON china; en fin, se conoce que la cifra supera las (52) compañías que allí se instalaron; procedentes de muchos países, que se dicen amigos de Venezuela.

Los gobiernos guyaneses han logrado reunir suficiente recurso dinerario proveniente de las transnacionales que operan --sobre todo—en la proyección atlántica, con la finalidad de cancelar los carísimos honorarios de los abogados litigantes en este caso; quienes tienen meses residenciados y haciendo trabajo de cabildeo en La Haya.

Guyana está  aprovechando, como mejor le plazca, los recursos madereros, hídricos, agroindustrial, acuíferos, mineros, petrolíferos y energéticos en nuestra Guayana Esequiba; no únicamente en el área territorial de los 159.500 km2 que nos despojaron con vileza; sino además, han permisado a grandes consorcios en el espacio marítimo que genera la Zona en Reclamación: en  nuestro Mar territorial, su correspondiente  Zona Contigua y Zona Económica Exclusiva; dentro de las 200 millas náuticas encuadradas para  la  plataforma continental: desde las bocas del Río Esequibo hasta Punta Playa, en el estado Delta Amacuro.

No dudamos en calificar las citadas concesiones a empresas transnacionales, en el área que nos arrebataron, de entregas irrespetuosas del contenido y alcance del Acuerdo de Ginebra de 1966. Decisiones atrabiliarias e inconsultas hacia nosotros, que somos   la Parte con la que se sostiene un litigio en la Corte; además, se han vuelto arrogantes, arbitrarios y displicentes; con lo cual el gobierno guyanés de Irfaan Ali pone de manifiesto su presunta seguridad de que saldrán favorecidos en la respectiva resolución sentencial   de ese Tribunal; instancia jurisdiccional que ha citado a las Partes conflictuadas. 

Veamos: a Guyana para el 08 de marzo del 2022, para que ratifique la acción interpuesta en contra nuestra; y a Venezuela para el 08 de marzo del año 2023, para que consigne –mediante escrito en la segunda fase-- el Memorial de Contestación de esa demanda, con todas nuestras alegaciones y probanzas; que las tenemos, y son bastantes, las cuales no admiten pruebas en contrario (iuris et de iure). 

No nos estamos basando en caprichos o empecinamientos diplomáticos. Nos son malcriadeces o reacciones intemperantes de nuestro país. Tenemos enjundiosos documentos para mostrar, demostrar y comprobar que la Guayana Esequiba siempre ha pertenecido a Venezuela. 

Algo más -- para mejor proveer--, hasta el día de hoy la excolonia británica no posee (y menos ha consignado) ningún documento que soporte como asidero histórico, cartográfico ni jurídico, para sostener lo que en el escrito piden a la Sala Juzgadora de la Organización de las Naciones Unidas.

Reconocemos que han aflorado en todas las regiones de nuestro país aportes significativos para alcanzar pronto un arreglo “práctico y satisfactorio”, en este pleito.

A propósito de lo arriba mencionado, me permito exponer – con la mayor sinceridad una vez más —que la etapa de negociación directa (que no la quiere Guyana) o la conciliación, la mediación y el arbitraje prácticamente han sido superadas; porque el asunto controversial escaló a nivel de la Corte—como ya se sabe--; y en ese Tribunal no hacen “arreglos” de los citados tipos; sino que aplican el derecho; y solo, excepcionalmente, por mutuo acuerdo de los Estados contrapuestos, podría dar una solución ex aequo et bono ( actuando por lo equitativo y bueno); si las partes así lo convinieren.