No hay mentiras eternas. Tarde o temprano se conoce la verdad sobre cualquier cosa. Es tiempo de ocuparnos de temas que, por ignorancia, comodidad o complicidad, son esquivados por la dirigencia del país. A mayor gravedad del asunto, mayor es el silencio. Sucede, por ejemplo, con la corrupción, sobre todo cuando toca a jerarcas del régimen. También registramos la progresiva soledad que acompaña a quienes corajudamente hacen denuncias bien fundamentadas sobre las actuaciones del vende patria que gobierna. En cualquier país medianamente serio del mundo los recientemente conocidos acuerdos con China, denunciados con mucho valor y seriedad por el diputado Miguel Ángel Rodríguez, bastarían para iniciar un proceso judicial que debería concluir con la remoción y condena de los responsables. También es lo de Cuba, Irán, Libia, Rusia, Bielorusia, los petrochulos del Alba, las supuestas o reales vinculaciones con organizaciones terroristas como las FARC, ETA, Hezbolla, el narcotráfico y, en fin, la impunidad existente con estructuras  del crimen organizado que han convertido a Venezuela en el paraíso del crimen, de la delincuencia y de la inseguridad personal y jurídica. El régimen es un desastre, fiel reflejo de la personalidad de quien lo dirige.

Algunos de nosotros nos hemos ocupado del drama que se vive en nuestras fronteras. La inseguridad que padecen los habitantes y el dominio territorial y político de organizaciones irregulares que dominan zonas perfectamente determinadas. No hay orden, ni ley que lo establezca, ni autoridad distinta a la voluntad de quienes las dirigen. Hace poco tiempo nos enteramos del enfrentamiento de un grupo de Pemones con efectivos de la Armada concertados para estafar a la nación mediante la explotación ilegal del oro. Nadie sabe qué y cómo pasó, ni las conclusiones de la investigación que debe existir.

Ahora hemos sido sorprendidos con cierto atraso, por las acciones del ejército en la Reserva Forestal de San Camilo, ubicada en la parroquia del mismo nombre, Alto Apure. Supuestamente hubo un enfrentamiento  con bandidos de la zona, ladrones de ganado y secuestradores, según los jefes militares de la zona. Sin embargo,  los representantes de las comunidades hablan de una verdadera masacre con saldo de varios muertos y heridos, previamente torturados, por un grupo militar adscrito al Teatro de Operaciones N° 1 con sede en Guasdualito. Lo extraño es que los supuestamente agredidos son paramilitares del oficialismo, según la “Corriente revolucionaria Bolívar y Zamora, instancia que reúne a cinco organizaciones sociales y populares”. Las acusaciones van y vienen. Pero, lo cierto es que no sabemos lo que en realidad pasó. Tampoco tenemos información oficial sobre la naturaleza de esos grupos “revolucionarios”. Lo más grave tiene que ver con nuestra Fuerza Armada. ¿Está cumpliendo con su deber constitucional de defender la soberanía y la integridad territorial de la República? Tiene la palabra.

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