Todavía está fresco el anuncio presidencial en cuanto al aumento del salario mínimo para este año, nuevamente fraccionado, 15% a partir del primero de mayo, cuando pasará de Bs. 1.223,89 a Bs. 1.407,40 y de un 10% a partir del primero de septiembre, para llevarlo a Bs. 1.548,14.

El monto anunciado constituyó una sorpresa para la mayoría de los analistas y de los trabajadores, por la expectativa de un aumento bastante mayor que, al menos, compensará la pérdida del valor real de los salarios para, como mínimo, mantener su poder adquisitivo pero, como se dice en criollo, esas expectativas “se quedaron con los crespos hechos”.

Haber esperado un aumento mayor no era ilusorio ya que se conjugan varias circunstancias que daban base a esperarlo realísticamente, ante todo por cuanto este régimen no cesa de autoproclamarse y de llenarse la boca como adalid de los pobres y los desposeídos, a quienes invoca invariablemente como principales beneficiarios y razón de ser de su gestión, vale decir, quienes no tienen ingresos por no tener siquiera un empleo y, sobre todo, la gran masa laboral que apenas sobrevive porque depende del salario mínimo. A esto súmese que, si ya de por sí el aumento anunciado (25% nominal o 26,5 % acumulado) es menor que la inflación del año pasado (27,2%), esa diferencia es mayor para la canasta de bienes y servicios básicos que típicamente consume la población de menores ingresos, razón por la cual el aumento no compensa la pérdida del poder adquisitivo de estas remuneraciones.

A lo anterior hay que agregarle que ya son varios los años en que los trabajadores han visto que el incremento del salario mínimo, lejos de compensar el terrible impacto de la inflación, ha sido tan insuficiente que cada vez rinden menos “los churupos” que cuestan tanto sudor y esfuerzo ganar con el trabajo.

El fundamento para esperar un aumento mayor, al menos en el sector público cobró mayor verosimilitud al constatarse que el monto del presupuesto para este año fue calculado con un precio del barril de petróleo estimado en 40 dólares, frente al cual, en lo que va de año, el promedio de la cesta venezolana de exportación ha sido muy superior a esa cifra, más que duplicando el estimado ya que, al momento de escribir estas líneas se ubica cerca de los 100 dólares, lo que equivale a decir que los ingresos que hemos tenido por el concepto han sido alrededor de 150% mayores que lo estimado, situación que, en el peor de los casos se mantendrá por lo que queda de año, aunque es realista prever que seguirá haciéndose mayor; esto hacía esperar que el régimen decidiera canalizar parte de ese excedente de ingresos a compensar la dura realidad de los trabajadores, quienes apenas pueden subsistir con sus menguados salarios.

Al lado de lo planteado está la inocultable generosidad de nuestro paladín socialistoide quien, en otros países afines si desborda comprensión por las solicitudes que le hacen y demuestra una generosidad notable que se expresa en la facilidad con que regala el patrimonio de los venezolanos.

El contraste entre el aumento esperado y el anunciado tiene sin embargo una lógica perversa y macabra: el asidero del proyecto político del mandante para perpetuarse en el poder no es facultar a los venezolanos para que estén en capacidad de resolver sus problemas con sus propios méritos y esfuerzos, sino en hacerlos dependientes de la “generosidad” de un Estado paternalista del cual tenga que depender inexorablemente el ciudadano para encontrar alivio a sus vicisitudes; se trata de la misma lógica o la misma práctica de los esclavistas de hoy, quienes ofrecen a sus víctimas liberarles de la obligación de trabajar para ellos cuando paguen sus deudas, pero los servicios que les prestan (vivienda, alimentación, salud y vestido) siempre son mayores que lo que les pagan por el trabajo, razón por cual cada vez están más sometidos, pero mientras tanto, los esclavistas, hacen alarde de los “buenos tratos y atenciones” que “generosamente les dan”.

La dignidad del trabajador y sus derechos como hombres libres exigen que las remuneraciones por sus trabajos sean capaces de permitirles darse una vida de bienestar y progreso, aunque la esencia del problema de la mengua del poder adquisitivo, más que el monto del salario, sea lo que acaba con éste: la inflación, pero pedirle a un régimen irresponsable que haga lo que tiene que hacer, controlar la inflación, es cono pedirle peras al olmo. ¡Cosas veredes, Sancho!

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