El gobierno de Chávez ha intentado convertir en delito a la libertad de expresión. Los periodistas que se expresan sin autocensura son acusados de tener propósitos subversivos o de participar en alguna conjura conspirativa. Han cerrado medios de comunicación, amedrentado a radiodifusores y editores de medios impresos para evitar que los comunicadores se expresen libremente.

Esos execrables métodos, sin embargo, se han estrellado en las redes sociales y por más activas que se encuentren las guerrillas comunicacionales, sumergidas en direcciones electrónicas falsas, identidades camufladas o el anonimato que proporciona la invisibilidad de las redes -aprovechadas para injuriar, confundir y desinformar-, aún así, no podrán limitar un medio instantáneo como Twitter, a no ser que bloqueen el tráfico de la red, como lo hicieron los dictadores en Egipto, Libia, Siria o Irán.

Eso no lo hará Chávez, a no ser que vea peligrar su permanencia en el poder e intente desconocer los resultados electorales, si le son desfavorables.

El gobierno y su oficina electoral -Consejo Nacional Electoral- no podrán contener el Twitter en caso de fraude electoral. Si los resultados electorales son represados, los ciudadanos no tendrán otro modo de acceder a la información que a través de Twitter. Las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental de acción ciudadana y fueron fundamentales convocando las protestas que han conducido al derrocamiento de algunas dictaduras. Así sucedió con Hosni Mubarak después de tres décadas en el poder.

El gobierno venezolano le teme a Twitter, por eso ha inundado la red con sus "candangas", con el propósito de manipular la información, pero la red es amplia y democrática, no discrimina las ideologías y los mensajes de los disidentes también se transmiten a una velocidad de vértigo.


Ajuste de cuentas
Las usurpaciones de identidades en Twitter a través de hackers no persiguen otra cosa que incomunicar a personalidades con audiencia y, por supuesto, desinformar.

El grupo de hackers, identificado como N33 y que se atribuyó a través de un comunicado la última fechoría en esta red social, recibió el encargo de ajustar las cuentas: "La motivación no ha sido otra sino el indebido uso de Twitter por sus legítimos dueños, bajo la excusa de la libertad de expresión. Desde estas cuentas, que suman algo más del medio millón de usuarios, se atacó de distintas formas la solemnidad de nuestras instituciones y más específicamente la del jefe de Estado, cuya convalecencia no ha sido causa suficiente para que estos personajes de oposición, y los relacionados a ellos, disminuyan su carga de saña y mala intención. Son pues, fuente de odio y división del país. Twitter, desde luego, permite estas actitudes con total flagrancia y es allí donde aparecen estas individualidades representadas por nuestro contraataque".

Esta conducta delictiva propiciada y celebrada por el oficialismo no debe extrañarnos: los hackers aparecieron públicamente en el año 2002, cuando Felipe Pérez, como ministro de Planificación y Desarrollo, le dio un "viraje" a la política digital del Estado. Pérez llegó a jactarse en un programa Aló, presidente -transmitido el 15 de diciembre de 2002- de tener muy "buenos hackers", que prestaron sus servicios en las oficinas de Alí Rodríguez en Pdvsa. Los temibles hackers no sólo son capaces de cobrar venganza en las redes o descifrar números encriptados de tarjetas de crédito, también serán muy eficientes en el manejo del software durante la próxima jornada electoral.

En delitos electorales, los hackers también tienen su prontuario.

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