El pleito de las comunidades y el individuo en particular contra el Estado, esa concepción jurídica que en términos llanos tiene “el poder de los poderes”,

ha sido una constante desde los albores de la humanidad. Por supuesto, que su concepto, desarrollo, decaimiento y resurgimiento han marcado épocas interesantísimas en el devenir histórico y político mundial.

En Hispanoamérica, esta contienda ha sido notable y persistente. Hemos tenido hermosas constituciones, impecables ordenamientos legales y, sin embargo, no hemos sido asertivos y ni acertados en este propósito. Dicho de otro modo, nos hemos “saltado a la torera” infinidades de veces, regulaciones, pactos, convenciones y normas que de alguna manera viniesen a poner orden en nuestras díscolas sociedades y los que ejercen el gobierno de turno.

El caso venezolano es patético. Aguantamos, y no precisamente como algunos han dicho acerca de su mansedumbre y quietud, un largo período colonial lleno de tensiones e inconformismos. Y es que, ni la conquista y el establecimiento del régimen hispano, fueron fáciles y mucho menos sosegados.

La guerra de independencia ocasionó la total demolición de cualquier orden jurídico propio y peninsular. Poblaciones enteras fueron diezmadas o aniquiladas, y las pocas que sobrevivieron, fueron sometidas a la única voluntad de cabecillas y caudillos, a pesar de los esfuerzos de unos cuantos integrantes de la superioridad militar y dirigencia civil.

Desintegrada Colombia, nuestro país, más que estrenar, continuó apelando a formas de gobierno reñidas con el “Estado de Derecho”, por lo que el poder personal y el autoritarismo continuaron haciendo de las suyas. En consecuencia, salvo que uno u otro ensayo republicano, el ejercicio político estuvo supeditado a la aquiescencia del mandamás de ocasión y a la obediencia de sus más cercanos colaboradores y compinches.

A comienzos de 1958 hicimos un esfuerzo serio, mancomunado y con visión futurista sobre el régimen democrático a instaurar de modo definitivo. A pesar de los malos augurios y de algunos desbocados, equivocados, entregados al pasado o a los arrumacos de Fidel, la experiencia fue, desde todo punto de vista, exitosa. Que hubo fallas, errores, omisiones en su desempeño, no le quita mérito ni reconocimiento alguno. El hecho que en aquellos tiempos la gran mayoría de los países de América Latina estuviesen bajo gobiernos dictatoriales, hizo que nuestra incipiente democracia sirviera de influyente ejemplo, además de ser portavoz autorizado, moral y políticamente hablando, para la denuncia pertinaz y el rechazo inocultable a la violación de los derechos fundamentales.

En estos tiempos, las instituciones del Estado han sido objeto de presiones, extorsiones y vapuleo por parte de otros poderes.

La disputa entre el ciudadano y el Estado sigue estando vigente. Estilos y conceptos ya superados pujan por desenterrarse y originan inestabilidad y ausencia de cualquier arreglo posible con apego a las realidades y – obviamente - sin la alteración del orden jurídico vigente.

El Estado de Derecho, por encima de cualquier circunstancia, debe imponerse sin mediateces y obstáculos.

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