La elección presidencial en Venezuela se desarrolla en el marco de una profunda crisis institucional que apunta hacia el establecimiento de nuevas condiciones políticas de restricción de la democracia.

Este proceso de desdemocratización se fundamenta en el ventajismo por parte del bloque oficialista de las instituciones públicas electorales (Consejo Nacional Electoral), que impide la realización de unos comicios libres y justos.

La discrecionalidad hegemónica del gobierno de Maduro apunta a conseguir una nueva reelección presidencial sin considerar los acuerdos internacionales firmados en Barbados (2023) e ignorando incluso las advertencias y recomendaciones de distintos gobiernos (cercanos y lejanos) sobre las posibles consecuencias de realizar de nuevo unos comicios irregulares. Al respecto, cabe agregar que Nicolás Maduro es objeto de una investigación en la Corte Penal Internacional (CPI).

La oposición en Venezuela además de que no pudo inscribir la candidatura designada por su líder María Corina Machado, sigue padeciendo del acoso y la persecución de sus activistas e incluso de la detención y desaparición de algunas de sus líderes por parte del régimen del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). La jugada oficialista es muy clara: impedir a cualquier costo la participación de aquellos factores políticos que amenacen su permanencia en el poder.

Ojo: el proyecto societal que impulsa el bloque oficialista es una revolución. Sí, una revolución que se fundamenta en la centralización del poder político y su ejercicio hegemónico y, que persigue el control de la sociedad por parte del Estado. Por lo tanto, es un proyecto alterno y paralelo al que tiene la Constitución del año 1999 que es de naturaleza democrática, liberal, representativa y participativa. En otras palabras, el proyecto del PSUV no admite competencia electoral.

La paradójico de todo esto, es que la mejor manera de detener esa propuesta societal es con la participación política y la participación electoral aún en las actuales condiciones restrictivas impuestas por el gobierno de Maduro. Cabe recordar, que la oposición o la mayoría social de Venezuela carece de representación en instituciones clave del país -como la Asamblea Nacional- que hubieran podido regular la actividad oficialista.

Esa precariedad de representación política de parte de amplios sectores sociales del país ha favorecido el avance y posicionamiento institucional de un proyecto totalitario. En ese juego, el PSUV se reservó las mejores cartas: como la cooptación y usurpación (vía judicial) de partidos políticos, la detención de activistas y dirigentes, el impedimento de inscripción de candidaturas e incluso el establecimiento de un largo período de transición (de por lo menos 6 meses) entre el 28 de julio y la fecha de entregar el gobierno, en caso de perder las elecciones.

La mejor oposición al totalitarismo del PSUV se basa en la unidad de los partidos políticos y también de actores sociales del país en la construcción de un amplio movimiento social (recomendado tantas veces por estudiosos y académicos), que permita reposicionarse en el país y rescatar los espacios institucionales que hoy se carecen y que son indefectiblemente necesarios para impulsar un cambio de orientación política en el país: el anhelado cambio democrático.

Lo anterior nos lleva a ubicar la elección del 28J, en un contexto de mayor amplitud temporal. Sí, un espacio que comprenda por lo menos, toda la transición prevista luego del 28J y las elecciones previstas para el próximo año 2025, que ofrecen una oportunidad única y formidable para rescatar (por ejemplo), la Asamblea Nacional y avanzar en la reconquista de otros órganos ejecutivos y legislativos regionales y locales. Por otra parte, la candidatura de los sectores de oposición requiere con urgencia un programa mínimo de actuación tanto para un eventual ejercicio del gobierno nacional (y su conformación), como para la elaboración de las bases unitarias mínimas para los futuros eventos comiciales del 2025.

Quizá la mayor debilidad de las fuerzas democráticas no sea su precariedad organizativa sino más bien el cierto canibalismo inútil que predomina entres sus dirigentes y, también la indiferencia de sectores de la sociedad civil organizada que hasta ahora han volteado su mirada hacia otro lado olvidando que la revolución propuesta por el PSUV también involucra su propia existencia. Y es que, la responsabilidad de detener el autoritarismo no es un asunto exclusivo de los políticos tradicionales sino también de todo aquel ciudadano que crea en los valores democráticos.

Un elemento crucial es reconocer que tanto en la arena política como la electoral María Corina Machado es una fuerza social en Venezuela ineludible, fue electa en una votación popular y ha venido organizando su calado ciudadano. La fuerza social que representa la señora Machado es una realidad que si no se acepta será difícil avanzar en el proceso de cambio. La negociación es posible.