Con la nueva reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela que acaba de aprobar la Asamblea Nacional, el Ejecutivo nacional subyuga al instituto emisor, y elimina así cualquier vestigio de autonomía que aún pudiera tener esa organización. Eso es algo que preocupa, pues con ello se viola flagrantemente un principio económico fundamental, cual es la capacidad que deben tener los bancos centrales de negarse a financiar gasto público deficitario en aras de evitar presiones inflacionarias.

Con el argumento de que el Banco Central de Venezuela, además de velar por la estabilidad de los precios, debe tener una participación activa en el proceso de estímulo del crédito y la inversión, y contribuir al crecimiento sostenido de la producción con el fin de mejorar la calidad de vida de la población, se le permite, o mejor, conmina al BCV a financiar programas determinados por el Ejecutivo como prioritarios, así como a descontar y redescontar títulos provenientes de esos proyectos especiales. Esto se puede convertir en una fuente inagotable de financiamiento de gasto público, ya que el BCV tendría que adquirir obligaciones gubernamentales o títulos emitidos por entes públicos en las cantidades que el Poder Ejecutivo decidiere, simplemente con declarar que esos papeles están destinados al financiamiento de proyectos prioritarios, incluyendo aquellos orientados a cubrir las cuantiosas y recurrentes pérdidas de múltiples empresas del Estado. Igualmente, los bancos se inclinarían a adquirir esos valores públicos ya que los podrían traspasar al BCV sin dificultad alguna, lo que transformaría esas instituciones en financiadoras de gasto público, sin reparar en el riesgo implícito que pudieran tener los títulos que adquieren.

También se establece que el BCV podrá adquirir obligaciones de Pdvsa previa autorización del Ejecutivo y con sujeción a los objetivos gubernamentales. Esto podría transformar al instituto emisor en financiador de Pdvsa, quien tendría asegurada la colocación de los bonos que emita en condiciones favorables, y así contar con recursos adicionales para cubrir una serie de obligaciones impuestas por el Gobierno y ajenas a su actividad medular, tales como importación y comercialización de alimentos, financiamiento de misiones y otras tantas.

Lo que angustia de todo esto es que el BCV puede ser forzado a emitir ingente cantidad de dinero para adquirir activos públicos de muy bajo valor, con el fin de financiar gasto público ineficiente. Esto es muy grave, ya que esos bolívares que cree el BCV con muy poco o ningún respaldo es dinero base o de alto poder, que al entrar a la economía se duplica o triplica a través de la actividad crediticia de la banca, y expande drásticamente la cantidad de dinero en poder del público. Esto, obviamente, estimularía la demanda, pero al no haber un aumento paralelo de los bienes y servicios que se pueden adquirir, se transformaría en crecientes presiones alcistas de los precios.

En consecuencia, el loable objetivo que según la exposición de motivos de la reforma de la ley se busca con esas acciones, cual es mejorar la calidad de vida de la población, se puede transformar en una perversa consecuencia de inflación creciente e incontrolada que depaupere a los venezolanos, particularmente a los que menos tienen. De ello pueden dar fe muchos países latinoamericanos que en épocas pasadas sufrieron inflaciones galopantes, en buena medida por el financiamiento de déficits públicos recurrentes y crecientes por sus subyugados bancos centrales.

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