Una de las tareas irrenunciables del Estado es administrar justicia y garantizar la seguridad de los ciudadanos. Las dos cosas van de la mano y la una es consecuencia necesaria de la otra.

Ese es el propósito primordial del Estado. Es por ello que, en la estructura de todo Estado democrático, el Poder Judicial ocupa un lugar fundamental. Por lo tanto, en esas sociedades, los jueces no son vistos como meros funcionarios del Estado, sino como quienes encarnan una autoridad moral que debería servir de guía a los ciudadanos. De allí que también se les suela llamar "magistrados", por referencia al magisterio, al papel pedagógico que están llamados a desempeñar, y no porque la Constitución les atribuya esa denominación. Desafortunadamente, ese no es el caso de Venezuela.

Pocas constituciones en el mundo son tan claras como la nuestra en la determinación de los derechos individuales que sirven de límite al poder del Estado. Pocas constituciones, como la venezolana, ponen tanto énfasis en la idoneidad moral que deben reunir los jueces y otros altos funcionarios del Estado, como el Contralor, el Defensor del Pueblo, o el Fiscal General de la República. Pocas constituciones tienen tantas garantías, como la venezolana, para el ejercicio de nuestros derechos humanos, reconociendo rango constitucional a los tratados sobre esta materia. Sin embargo, en pocos países, como en Venezuela, el ciudadano se siente tan desprotegido, y tan burlado por los poderes públicos.

En otras naciones, los jueces son vistos con respeto, no solo por su preparación, sino por su rectitud y su independencia de criterio. Más allá de sus dotes intelectuales, los jueces son respetados por su integridad moral y por su ecuanimidad. Lo que les confiere autoridad es su compromiso con la verdad y la justicia; no su sumisión a un caudillo o a una ideología.

Los jueces venezolanos han decidido tomar otro camino poniéndose al servicio de un proyecto político, e interpretando la Constitución de la manera más absurda que se pueda imaginar. La presidenta del TSJ ha repudiado la independencia de los poderes públicos, que es lo que permite que estos operen como frenos y contrapesos, y que es lo que sirve de control al ejercicio del poder. Ignorando el texto expreso de la Constitución, que permite a los individuos acudir a órganos internacionales de protección de los derechos humanos cuando aquí no han podido obtener que se les haga justicia, la misma señora Morales afirma que "recurrir a los órganos judiciales internacionales es una forma de desestabilización." En el caso de Leopoldo López, antes de que se conozca el contenido de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la señora Morales ha anunciado que el TSJ decidirá si acatar o no dicha sentencia. Eso es alzarse en contra de lo dispuesto por la Constitución, eso es subversión.

En violación de la Constitución, la señora Morales y otros funcionarios del Estado se han arrogado el poder de decidir qué sentencias se cumplen y qué sentencias pueden ser desacatadas. Eso no es mera ignorancia del Derecho; eso es `desestabilizar’ a las instituciones del Estado. Desacatar lo que ha sido decidido por una instancia encargada de la protección de los derechos humanos, prevista en la propia Constitución, es revelarse en contra de la autoridad legítima. Eso es conspirar en contra de los principios y normas consagrados en nuestra Ley Fundamental. Pero lo grave es que, a diferencia de otras conspiraciones, surgidas de los cuarteles o del propio Poder Ejecutivo, ésta tiene su origen en la cúpula del Poder Judicial, y no en los ciudadanos que buscan afuera la justicia que se les niega en Venezuela.

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