Sobre el presidente Chávez recae la responsabilidad de haber convertido a Venezuela en un país agro-dependiente. En la actualidad estamos importando más de 70% de los alimentos que consumimos, mientras se desata una política de persecución y hostigamiento a los productores agropecuarios. A doce años de su gobierno, son realmente alarmantes los números que hablan de los productores víctimas de crímenes, asaltos, secuestros y cobros de peajes. Todos esos males, producto de la inseguridad y la impunidad, los vamos a eliminar de raíz.

Se ha denunciado que el sector agrícola presenta una grave crisis estructural con un sistema de vialidad rural destruido, sin mantenimiento ni inversión, sin políticas de respeto al derecho a la propiedad, incurriendo el Gobierno en numerosas expropiaciones, con un control de precios que lleva al productor a vender por debajo del costo, con una errada política de importaciones que solo beneficia al productor de otros países, abandonando las condiciones de vida de las comunidades rurales, negando el acceso a servicios públicos básicos y con un altísimo nivel de inseguridad personal y jurídica. Estos graves problemas constituyen el drama de campesinos y productores de todo el país. Con dinero de los venezolanos se está promoviendo la agricultura y la ganadería de otros países en detrimento de los productores criollos.

Olvidan desde las altas esferas oficiales que la agricultura es una importante actividad que genera empleos, garantiza la seguridad alimentaria y abate la pobreza. Esta actividad es subestimada por el gobierno nacional.

Para resolver la crisis de productividad, se decretará que la tierra que se encuentra en manos del Gobierno, el principal latifundista, sea distribuida entre campesinos y pequeños y medianos productores. En Venezuela hace falta un compromiso real, un pacto de gobernabilidad que impulse un Proyecto de Estado con visión a corto, mediano y largo plazo que atienda las necesidades del sector agrícola. Es necesario poner las cosas en su justo lugar. La seguridad jurídica, la descentralización y la calidad de vida del trabajador del campo, son indispensables porque para favorecer la actividad agropecuaria, debemos contar con un gobierno que le dé prioridad a los derechos individuales y colectivos a quienes trabajan arduamente para construir la base alimentaria del venezolano.