Para nosotros, el mayor pecado, el mayor accidente de cuantos nos ha inferido el régimen que nos acogota y destruye el país, es el de la emigración de casi un millón de venezolanos que se han ido durante los últimos doce años a ordenar y desarrollar sus vidas en otras latitudes.

Ya, en septiembre del año pasado y como consecuencia de las consultas que se realizaron a las páginas electrónicas de EL UNIVERSAL donde se recogieron los resultados de las votaciones legislativas, inferimos y así lo publicamos, que para aquel momento se encontraban residiendo fuera de Venezuela, alrededor de UN MILLÓN de venezolanos, jóvenes, pacíficos, emprendedores, muy bien instruidos que han concluido que su país no les brinda las condiciones de calidad de vida y futuro necesarias para la construcción y desarrollo de sus familias. Casi un diez por ciento de ese contingente humano lo produjo el presidente con el pitico que despidió de PDVSA alrededor de veinte mil trabajadores de lo más selecto de la nómina técnica y profesional. La gran mayoría emigró con todas sus familias.

Todos esos venezolanos mantienen todos sus derechos. Entre ellos el de participar y emitir su opinión en las elecciones que se realicen en el país.

Todos sabemos que en las pérfidas ollas del infierno que se denomina Consejo Nacional Electoral, donde todo menos la imparcialidad sucede, se están cocinando las “disposiciones” que le darán al régimen las ventajas necesarias para intentar el triunfo en las elecciones presidenciales de 2012. Ya escuchamos y leímos que se le exigirá a los venezolanos que aspiran votar en el exterior, que sean residentes registrados y legales. Eso atenta contra los derechos de aquellos venezolanos que no han completado sus trámites de residencia o que por destinos de la vida están en condiciones de “ilegales” en el país de residencia. No vamos a argumentar sobre esa relación con el país correspondiente, pero ello no puede afectar sus derechos como venezolanos.

Sabe Dios y las conciencias de los rectores del CNE cuales otras artimañas están “estudiando”.

Ahora bien, todos los venezolanos que residen en el exterior TIENEN que dar los pasos necesarios, cumplir con los trámites y exigir que las autoridades consulares le pongan a su disposición los mecanismos necesarios para legalizar sus derechos y transformarlos en votos activos en las elecciones presidenciales.

Los derechos, que deberían ser respetados por las autoridades, lamentablemente, hace falta exigirlos y denunciar las violaciones que se intenten y se detecten.

Estamos viviendo tiempos terribles, donde las instituciones nacionales están desvirtuadas. La defensa de los derechos de los ciudadanos es una utopía y quienes tienen esa responsabilidad, solo están pendientes de complacer los deseos del dictador.

Sirvan estas líneas como advertencia para las autoridades del CNE y los funcionarios consulares; y como estímulo para que todos los venezolanos que aprecien su país se ocupen, desde ya, en la labor de exigir la protección y el cumplimiento de sus derechos, que son inalienables.

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EU/OyN