En su afán por controlar todos los poderes públicos el gobierno nacional aplica la crueldad para imponer su voluntad. El caso de la reciente destitución de la juez penal Alicia Torres así lo demuestra
La misma juez denunció públicamente la violencia moral y la presión sicológica a la que era sometida por la juez Vennice Blanco García, presidente del Circuito Judicial Penal de Caracas, para que dictara medida de prohibición de salida del país a los directivos de Globovisión. Recordaba la juez denunciante que en otras ocasiones también había sido coaccionada para favorecer en sus decisiones a los cabecillas del socialismo piticastro.

Finalmente, la juez gemebunda fue destituida por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, el cual verdaderamente urdió toda esta escabrosa y bochornosa situación.

No es la primera ni será la última vez que el más Alto Tribunal del país en ejercicio de su función de dirección, gobierno y administración del Poder Judicial venezolano muestra indiferencia o placer con el dolor o sufrimiento de otros, o peor aún, se constituye en el autor material y directo de graves padecimientos.

Recordemos cuando, en mayo del año 2008, esa misma Comisión Judicial notificó a la honorable Dra. Carmen Arocha Walter de la destitución de su cargo de juez 13ª de Juicios de Caracas. Esa noticia le causó graves trastornos hipertensivos, causándole finalmente la muerte tres días después, producto de un infarto cardíaco. Esa destitución era radicalmente nula pues se partió de la errada premisa de que la juez destituida era provisoria, cuando ciertamente no lo era: era una juez de carrera con treinta y cuatro años de servicio ininterrumpidos que sólo podía ser removida de su cargo con un procedimiento disciplinario, que nunca hubo. Luego, el acto de destitución de la fallecida juez posteriormente tuvo que ser declarado nulo.

¿Ya para qué? ¡Después de ojo sacao no hay Santa Lucía que valga! Todas esas destituciones son sustancialmente nulas, ya que el vigente Reglamento Interno del Tribunal Supremo de Justicia, que es el que le asigna las competencias a la Comisión Judicial no le atribuye, de ninguna manera, facultades para destituir o remover jueces de ninguna clase. Por más que esas destituciones, como tantas otras en el pasado, se encubran con el slogan hueco de "dejar sin efecto el nombramiento" del juez.

Me imagino que a este Supremo Tribunal le parecerán todas estas razones meras sutilezas legales a las que no debe prestar ninguna atención dado su afán revolucionario. ¡Qué craso error! Tienen sumidos a todos los venezolanos en un chiquero judicial por no asumir que para ser juzgador se necesita, ante todo, valentía. Ciertamente, la crueldad es la fuerza de los cobardes...