Después de 22 años se tiene la madurez y responsabilidad suficiente para responder una serie de cuestionamientos críticos que están pendientes de los últimos días de febrero y primeros de marzo de 1989, cuando se produjeron los desórdenes del orden público nombrados por la prensa como el Caracazo.



¿De verdad se trató de la protesta de una ciudad castigada por el alza de la gasolina, e indignada por una toma de posesión presidencial innecesariamente pomposa? Si es así, ¿por qué la indignación de las masas no se dirigió a Petróleos de Venezuela o el Ministerio de Energía y Minas?

Si los hechos del 89 tenían una pulsión antagónica frente al sistema político, ¿por qué no se atacó ninguna casa de partido político, tanto sedes nacionales como regionales? ¿Por qué no se arrojó ni un triqui-traqui a la sede del Congreso Nacional, gobernaciones, alcaldías o jefaturas civiles? Si subyacía una animadversión contra el poder económico, ¿cómo es que no fueron afectados entes que encarnan ese estamento, como Fedecámaras, Fedeindustria o Consecomercio?

Ninguno de los 154 incendios chamuscó el statu quo. 

La verdad es que el pillaje se cebó contra pequeños y medianos comercios cuya destrucción no hizo tambalear el sistema, no arañó el statu quo ni produjo mayor sacudida, excepto para los propietarios de esos establecimientos, muchos de los cuales quedaron en la ruina. Conviene recordar que la gran mayoría de los locales objeto de la ira patriótica eran licorerías y ventas de electrodomésticos. No precisamente paliativos para un pueblo muerto de hambre o ávido de justicia. 

Como consecuencia de los actos vandálicos, que según el régimen fueron el germen de la "revolución bolivariana", hubo un total de 2.892 locales saqueados, incluida la casi totalidad de las bodegas de los barrios populares. 

Resultó que los abastos encarnaban el enemigo a destruir. Pero no sólo ellos, la rebatiña perpetrada en la Procuraduría de Empleados Públicos fue aligerada de varios miles de cajas de whisky por las huestes libertarias. Las pérdidas sufridas por negocios asegurados fue de 3.073.863.416 de bolívares; mientras que los no asegurados debieron apechar con un descalabro de 3 millardos de bolívares. 

Ninguno estaba relacionado con el statu quo. 

Pero lo verdaderamente fundamental es que se produjeron cientos de muertes cuya autoría no se ha precisado porque no han sido investigadas de manera eficiente e imparcial.

Al retardo procesal se ha sumado la versión interesada de un régimen que, en su empeño en hacerse de una epopeya fundacional, oculta el hecho de que en esos días se evidenció la presencia de sujetos armados, organizados y en flagrante subversión del orden público. En suma, se niega que muchos de los muertos cayeron por ensañamiento del hampa común. Esto ha favorecido la impunidad: cómo condenar por asesinos a malandros ascendidos a héroes, en una matachina desatada antes de la activación del Plan Ávila, ejecutado a partir del 28 de febrero a las 8:00 pm. 

En la víspera, la Policía Metropolitana enfrentaba una crisis institucional, lo que retrasó su respuesta en el control de los disturbios. ¿Se ha investigado lo suficiente si ese proceso de filtración de informaciones e insubordinación de ciertos miembros de la PM no tendría el objetivo de evitar que el recién nacido gobierno controlara el pandemónium que venía y que, evidentemente, iba a ser atizado por grupos interesados en abonar a la desestabilización? A la vista quedó que muchos efectivos de la PM exhibieron una actitud permisiva y hasta cómplice con el desmadre de aquellos días. 

Las víctimas merecen reparación. Y ésta sólo puede dispensarse si se conoce de dónde vinieron las balas asesinas, cuyo origen y trayectoria no se precisará con embelecos ideológicos. Según la Fiscalía, las víctimas mortales se debieron exclusivamente a abusos de las fuerzas armadas; y que en su totalidad eran personas inocentes y desarmadas, que fueron acribilladas a mansalva.

El país merece saber la verdad. Y tiene dudas. Puesto que en muchos casos las tropas fueron atacadas con armas de alta potencia, causantes del deceso del mayor (Ej.) Acosta Carles, cuando se despojó del chaleco antibalas.



El supuesto Caracazo guarda aún muchos secretos. Todavía no sabemos quién instigó aquel festín de violencia y cuánta criminalidad subyace en la pretendida gesta seminal de la actual autocracia.

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El Nacional