A intereses políticos responde la condenatoria al golpe en Honduras, desconociéndose las normas constitucionales de ese país, que entre otras disposiciones establece: la prohibición de modificar bajo ningún racionamiento el principio de alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia, y en las intenciones y hechos quedó demostrado el propósito de Zelaya de hacerlo, aun contra la oposición de las instituciones, y propiciar un golpe, de lo cual se concluye que sólo él puede ser imputado como golpista. Buscaba acabar con la paz social.

Quiso hacer una consulta que tendría efectos vinculantes para preguntarle a los ciudadanos sobre su intención de establecer la reelección del presidente, sabiendo que eso no está permitido en la constitución de Honduras.

La aspiración de Zelaya constituyó un golpe de Estado en grado de frustración, por cuanto la “alternancia en el poder” es consagrado como un derecho absoluto que no puede ser modificado ni siquiera por una Asamblea Constituyente, generándose un delito de traición a la patria.

Quienes hayan desempeñado la titularidad del poder ejecutivo no podrán ser reelectos. El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como quienes la apoyen, cesarán de inmediato en el desempeño de sus cargos, so pena de perder la ciudadanía, quedando inhabilitados por 10 años para el ejercicio de la función pública. No pueden reformarse los artículos referidos a la forma de gobierno, al territorio nacional, al período presidencial.

La Fuerza Armada de Honduras es garante plena del principio de alternancia. La detención de Zelaya se produjo ante su empeño en violar la constitución, lo que lo colocó fuera de hecho y de derecho del cargo, entendiéndose la misma como un acto de autoridad legítimo, dirigido a frustrar el golpe, cuya flagrancia generaba en una cesación inmediata de su investidura como presidente y la pérdida de la ciudadanía hondureña. Hugo Chávez sabía todo esto y no obstante contribuyó y participó en el intento de golpe de Zelaya.

¿Qué buscaba Chávez en Honduras? ¿Expandir su proyecto y tener control territorial en el manejo de los negocios turbios en que está incurso, según lo denunciado por el Senado de EEUU? El tiempo lo dirá.

(*): Abogado