La convocatoria a elecciones municipales el próximo 27 de julio en Venezuela confirma una constante normalizada:

los procesos comiciales se alejan cada vez más de la competencia democrática y se aproximan, peligrosamente, al ritualismo político. En un país donde el sistema electoral dejó de ser un terreno de garantías para convertirse en un instrumento funcional que beneficia al poder, el simple llamado a votar no basta para hablar de democracia. La ausencia de condiciones electorales mínimas, como la habilitación de candidatos genuinos, la pluralidad en medios de comunicación y un árbitro con credibilidad, no solo limita la participación ciudadana, sino que cada día profundiza más la sensación de inutilidad del voto. Bajo esta dinámica, lo que se escenifica no es un acto soberano, sino la legitimación cíclica de un orden cerrado.

En este punto, resulta inevitable acudir a Max Weber, cuando advertía sobre los peligros de un aparato burocrático que se divorcia de la ética de la responsabilidad. El Consejo Nacional Electoral, hoy más que nunca, responde a una racionalidad instrumental orientada a preservar el poder, y no a la administración de la justicia electoral y la verdadera voluntad del ciudadano. La administración pública, en lugar de estar al servicio de la voluntad general, se ha convertido en parte del engranaje de dominación que se puede ejercer desde el modelo político actual. El proceso electoral, que debería ser una expresión autónoma de la soberanía popular, se ha visto reducido a una función técnica al servicio de una estrategia política.

Las elecciones municipales, tradicionalmente caracterizadas por bajos niveles de participación, se celebrarán esta vez en un clima aún más adverso. El desinterés ciudadano no es el resultado de la apatía, sino de una exclusión sistemática. Immanuel Kant advertía que la dignidad humana exige tratar a las personas como fines y no como medios. Sin embargo, el venezolano ha sido vaciado de su rol político. Ya no es el ciudadano deliberante de una república, sino un número útil para consolidar una narrativa de normalidad. Lo que está en juego es no solo la elección de concejales y alcaldes, sino también la posibilidad de que el sistema recupere algún nivel de legitimidad. Hoy día eso parece cada vez más lejano.

A esto se suma un fenómeno cuidadosamente calculado: la construcción de una “oposición a la medida”. Inhabilitaciones, divisiones inducidas, partidos judicializados y la promoción de figuras funcionales al oficialismo responden a una lógica que el filósofo John Rawls consideraría incompatible con cualquier noción de justicia como equidad. En un país donde la incertidumbre jurídica es norma y el campo político está controlado por el que diseña las reglas, no hay espacio para la competencia justa. El “velo de la ignorancia” que propone Rawls para imaginar un orden justo ha sido sustituido por la opacidad premeditada.

Lo que se avecina, entonces, no es una elección en sentido estricto, sino la repetición de una práctica simbólica que pretende reproducir la idea de que todo sigue su curso institucional. En realidad, el país está estancado en una simulación prolongada. La ausencia de transparencia, la instrumentalización de la participación y la manipulación del sistema electoral consolidan lo que algunos han llamado un autoritarismo electoral. En ese escenario reinante, participar o abstenerse es un dilema legítimo, pero lo fundamental es no perder de vista lo esencial: sin condiciones, sin verdad, y sin justicia, no hay elecciones, hay solo procedimientos al servicio del poder. Ante tal adversidad, debemos seguir conteniendo la llama de la fe y de cambio, solo así podremos salir del tortuoso camino que nos ha llevado en estos últimos años un modelo político que siempre buscó la hegemonía y la perpetuidad en el poder.