Los propósitos en la Política Exterior de Venezuela por la reclamación de la Guayana Esequiba tienen que seguir con seriedad

y al amparo de una iniciativa con las características que describen la fortaleza de una diplomacia abierta, para que avance de manera franca a los ojos de la opinión pública.

Nada de maniobras encriptadas, mezquindades o exclusiones de sectores.

Estamos conscientes que hay estrategias que deben reservarse (perfectamente entendido); que no conviene develarlas por anticipado. Sería mostrarles las cartas al adversario con las que vamos a jugar.
Sin embargo, quienes hemos asumido la defensa integral de la mencionada extensión territorial aspiramos que la gente participe y dé sus opiniones.

Deseamos que el país, como un todo, se involucre; por cuanto, este caso que nos ocupa, siempre lo hemos considerado como un Asunto de Estado.

La Nación completa fijando una sola y única posición. No obstante, nos gustaría que quienes se atrevan a emitir algunas consideraciones o propuestas de solución sobre el particular litigioso se documentaran primero; para que haya recato y ponderación en lo que exponen.

A veces leemos opiniones disparatadas o imprudentes, que lejos de cooperar con la causa a nuestro favor lo que hacen es perjudicar.

A partir de diciembre de 2020 para acá, hemos escuchado cualquier cantidad de conjeturas; precisamente, desde la señalada fecha cuando la Corte Internacional de Justicia sentenció (inapelablemente) -según el contenido de su dispositiva-  que se asume con jurisdicción y competencia para conocer fondo y forma del caso controversial, suficientemente conocido.

Hay que dar cada paso con inteligencia. Evitar resbalarse en las celadas que nos tiende el adversario.

Por ejemplo, incurrir en el gravísimo error de caer en una “creciente escalada militarista”, como la que ellos pretenden provocar. Así como se han atrevido a Instrumentar falsos positivos para que se desate un toma y dame de lado y lado; o apelar a la diplomacia de agresión a través de los medios o plataformas digitales en una especie de “guerra de comunicados” o “mostrar cañones” que es como decir:  declaraciones atrevidas de funcionarios de aquella cancillería o representantes de las Fuerzas Armadas.

¿Qué sugerimos, en lo que a nosotros corresponde? Mucha prudencia, cautela y moderación.

La Corte, en la narrativa de los hechos y en la fundamentación de derecho, dejó sentado que se concretará – como en efecto se encuentra- en su tarea jurisdiccional, que nunca se ha paralizado, a solicitar a las Partes a que presenten en las fases de pruebas y alegaciones sus respectivos acervos en cuanto a la eficacia jurídica del cuestionado Laudo.

Hemos dicho, bastantes veces y por todos lados, que para el (11) de agosto de este año, nuestra delegación debe asistir por ante la precitada Sala, con comparecencia plena de nuestra representación multidisciplinaria, para demostrar y probar cómo fue que la cuestionada decisión arbitral de 1899 --poco menos que un adefesio jurídico, producto de añagazas y tratativas tramposas-- nos despojó con vileza de una séptima parte de nuestra geografía nacional.

En consecuencias, estamos obligados a convocar a todos los sectores del país; invitar a estudiosos del caso que conozcan del pleito para que aporten soluciones; con la finalidad de estructurar toda la estrategia a desarrollar para la fase de pruebas.

Convidemos a los mejores compatriotas con talentos, sin diferenciaciones de ningún tipo.

Nos resulta impensable que Guyana pueda convencer a los honorables Magistrados de tal Ente Jurisdicente de que ellos tienen algo, en este trayecto decisivo, para disfrazar la temeridad procesal que

han utilizado en los últimos años. No poseen nada en qué asir lo que pretenden.

Por nuestra parte, señalamos que estamos munidos de los Justos Títulos, en tanto recursos probatorios de la propiedad y legitimidad histórica, jurídica, cartográfica de Venezuela.

No hay nada que temer y menos caer en bravatas; dado que los documentos que nos respaldan no son expedientes con presunciones caprichosas ni empecinamientos de malcriadez. Son legajos iure et de iure, de pleno y absoluto derecho.