2024 ofreció la oportunidad constitucional para un cambio y terminó en esta sensación de calle ciega.

Lo escribí antes y lo ratifico: Sabíamos lo que había pasado, no lo que pasaría, pero lo que sí sabemos es que “del sábado 11 de enero en adelante el país y su vida seguirán exigiéndonos soluciones”. Así ha sido.

El 10 de enero marcó una frontera constitucional, cierto, sin embargo, propongo comprenderlo desde el punto de vista político. La fecha adquirió un carácter simbólico, así lo quisieron la oposición mayoritaria y el partido en el poder. Para aquella, empezó como prórroga ante la imposibilidad fáctica patentizada en julio y se convirtió en símbolo-promesa, para muchos, esperanza y hoy puede ser otra frustración. Para el gobierno simboliza su capacidad de imponerse y permanecer. Lo que deriva en guerra de posiciones propagandísticas. Más importantes son el ahora y el mañana, lo que nos incumbe a los venezolanos, porque el país sigue con sus exigencias, cada vez más apremiantes y contrariamente a lo que en la lógica de nuestro conflicto político aleguen los actores, la cosa no se decidió allí y digámoslo en el argot beisbolero, la crisis nacional pica y se extiende.

Considerar “clavo pasado” la elección presidencial por las decisiones formales de órganos del poder público, obliga a sus ocupantes a un espiral represivo que si aplaca la superficie sigue revolviendo las profundidades que prolongan y agravan la crisis. Sostener que la vida del país se detiene hasta que no se reconozca lo que todos sabemos y que consta en las actas que no han sido totalizadas tampoco es real y por lo mismo, no contribuye a superar la crisis. 

La verdad es que la cosa nacional no sigue “como si nada”, ni se ha detenido porque la política se atascara. La economía no va a crecer en la proporción necesaria, tampoco lo harán el empleo decente ni las remuneraciones. Nuestra inflación sigue entre las más altas del mundo. Desconfianza vinculada no sólo a políticas equivocadas o a sanciones externas, sino a la precariedad en la legalidad o al panorama de servicios como agua y luz, salud y educación. Desconfianza que aleja inversiones. Que la debilidad o fortaleza institucional no se mide en el trato a ciudadanos indefensos, sino en la capacidad de garantizar la vigencia de un marco de Derecho equilibrado y seguro para todos.

La solución a estos problemas muy reales debe darla la política y la política no es guerra de posiciones. Guerra de desgaste, sinónimo de estancamiento. Cada lado atrincherado en posiciones que no se mueven.

La verdad, también, es que tarde o temprano, nuestra situación nacional no avanzará mientras no se tenga la valentía de dialogar y buscar de verdad, soluciones negociadas al juego trancado entre quienes solo esperan que el otro se rinda o pretendan su exterminio.

Eso se ve lejos, dirán que que imposible. Pero con menos pasión y más razón ¿de qué otro modo podemos sinceramente imaginar que puedan abrirse posibilidades? Ahora es cuando hay país. Ahora es cuando hay que hacer.