Por supuesto, quedan todavía inmuebles de extraordinario valor arquitectónico e histórico,

reflejando con cercana fidelidad las épocas de recepción y esplendor de la renta petrolera. Nuestras principales ciudades registran todavía el esfuerzo de los que lograron finalmente construir sus casas de habitación, por ejemplo, con un diseño original o un poco más original del que prevalecía, y, aunque fuesen escasos sus méritos funcionales y artísticos, la sola existencia de la edificación tradujo los distintos acentos de una época remota y definitivamente ida de una engañosa e irrefrenable prosperidad.

A modo de ilustración, en días recientes, nos percatamos de la paciente demolición de una inmensa casa que sirvió de consultorio veterinario por décadas, aunque fuese originalmente un recinto familiar en sintonía con otros semejantes para una cuadra más de la urbanización de El Paraíso al oeste de la ciudad capital: el Dr. Hurtado atendió a numerosas generaciones de mascotas, familiarizados con su atenta serenidad. Ir o venir de la escuela o de la Iglesia de la Coromoto, suponía también transitar la vereda en la que una clase media más limitada levantó sus hogares, sin el boato de los antiguos latifundistas, banqueros, comerciantes y caudillos que dormían en un sector que fue tan exclusivo de la gran aldea caraqueña.

Lo cierto es que, mínimo, la extendida parcela vale más que la casa y, aunque todos sabemos o sospechamos de la realidad del mercado inmobiliario, existe la tentación de venderla para borrar definitivamente el recuerdo de lo que fue ese rincón de la urbe. Si fuese el caso, sería difícil impedir que los herederos la vendan, por tres razones elementales: carece de valor arquitectónico, sin que sepamos de alguno histórico que supere la simple reminiscencia del lugar; está depreciada en el mercado, siendo aún más costoso mantenerla y evitar una definitiva ruindad; el arbitrario cambio de zonificación que, de repente, convierte las áreas residenciales en comerciales, no luce prometedor para conservar la casa, predestinándola a usos quizá inimaginables.

Frecuentemente, pensamos que la conservación de la memoria histórica ha de depender exclusivamente de la expropiación que haga el Estado, por lo general arbitraria, irrespetuosa del derecho de propiedad, que tampoco garantiza la protección del inmueble, ni la indemnización efectiva y oportuna para el propietario. La expropiación por causa de utilidad pública se justificaría en casos extremadamente excepcionales, por la trascedente significación histórica y arquitectónica del inmueble, o la conducta reprochable que asuma el dueño: la regla debe ser que, si fuese tan importante de acuerdo a los especialistas, el Estado debe ofertar a precios de mercado.

El caso del edificio Toki-Eder al este de Caracas, resulta sintomático, pues, de meritoria arquitectura neovasca, la vieja edificación la comenzaron a demoler subrepticiamente hacia finales de 2010, logrando detenerla la presión ciudadana. Empero, las ruinas siguen inútilmente en pie: el Estado no se encargó de ella, afectándola, y fue multado el propietario por una cantidad acaso impagable por afectarla, entendemos, con prohibición de enajenar y gravar. Vale decir, el gobierno nacional, regional o municipal, hicieron nada al respecto y, peor,  quedó a su suerte el pequeño edificio que alguna vez fue de oficinas.

En el supuesto negado de que el Toko-Eder no tuviese mérito alguno, sin que el Estado ofertara, ha debido permitírsele ver a su propietario venderlo, sin mayores limitaciones que contribuir con la institución estatal de la especialidad, mínimamente, fotografiarlo para preservar la memoria del sitio y su contexto espacial. Algo parecido a la citada casa de El Paraíso, no impedir su venta, pero obligar al Estado, más que a los contratantes, a dejar el correspondiente registro para la memoria colectiva.

La materia no es ociosa y, al señalar las demoliciones de marras, recordamos la discusión inconclusa del proyecto de ley que quisimos consignar por ante la Comisión Permanente de Cultura hacia principios de 2013, pero la presidencia de la Asamblea Nacional, por entonces, nos transfirió a la Comisión Permanente de Política Exterior, interrumpiendo así el trabajo de consultas apenas iniciado. Y, como ahora, importa definir el papel del sector privado para preservar esa memoria, conciliando y preservando al mismo tiempo los derechos y las garantías constitucionales, frente al Estado que ha perdido capacidad de preservarse a sí mismo.