El amanecer del 23 de enero de 1958 selló el destino de Marcos Evangelista Pérez Jiménez,

el general tachirense que durante una década gobernó Venezuela bajo la férula del militarismo, la represión y el boato.

Cercado por un estallido cívico-militar, huyó al exilio en un avión de la Fuerza Aérea apodado La Vaca Sagrada, sin saber que el mundo se preparaba para ajustarle cuentas. Su primera escala fue la República Dominicana, donde encontró refugio bajo el ala del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Después, se instaló en los Estados Unidos, inicialmente en Miami, donde vivió en la opulencia durante casi cinco años.

Poseía bienes, cuentas bancarias y la presunción —tan propia de los déspotas— de que jamás enfrentaría a la justicia. Pero las heridas abiertas por su régimen no cicatrizaban. En Venezuela, la Junta Patriótica y el gobierno de Rómulo Betancourt impulsaron la causa judicial más ambiciosa de la época: la extradición internacional de un dictador por corrupción administrativa y peculado de fondos públicos.

De 105 mil a casi 80 millones

El 14 de marzo de 1949, el general retirado Marcos Pérez Jiménez presentó una declaración jurada ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil del Distrito Federal. En ella afirmaba que su patrimonio líquido ascendía a 105.000 bolívares. Este trámite obedecía a lo estipulado en la Ley contra el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, y el monto declarado incluía tanto los bienes de su activo como las partidas de su pasivo.

Durante la década siguiente —años en los que ocupó los más altos cargos del poder político y administrativo en Venezuela— Pérez Jiménez percibió legalmente un total de 1.283.233,15 bolívares, producto de sueldos y asignaciones especiales contempladas en las leyes de Presupuesto de Egresos y Gastos Públicos entre el 25 de noviembre de 1948 y el 23 de enero de 1958.

Sin embargo, al momento de su caída, la realidad financiera del exmandatario era muy distinta. Una investigación formal reveló que, mediante la comisión de diversos delitos contra el erario público, acumuló una fortuna desproporcionada y escandalosa: 79.936.802,50 bolívares. Ese capital estaba distribuido dentro y fuera del país, a nombre suyo y también bajo figuras interpuestas —personas naturales y jurídicas que actuaban como testaferros—, según se comprobó durante el juicio que se le siguió tras su derrocamiento.

El 6 de febrero de 1958, la Junta de Gobierno de la República, amparada en el Decreto-Ley N° 28, ordenó la ocupación preventiva de todos los bienes registrados a nombre de Marcos Pérez Jiménez y de aquellas personas o entidades que los detentaban en su lugar. El decreto facultaba al Procurador de la Nación para tomar posesión de esos bienes, identificar su ubicación, declarar formalmente a los testaferros, reunir las pruebas necesarias y develar el entramado financiero con el que se amasó aquella fortuna desproporcionada.

La caída del dictador, apenas semanas antes, ya había abierto las compuertas de los tribunales. Ahora, comenzaba a desplegarse el largo inventario de los excesos.

Histórica solicitud de extradición

El 21 de agosto de 1959, el gobierno venezolano presentó ante las autoridades de Washington una solicitud formal de extradición. El caso se fundamentaba en el Tratado de Extradición de 1922 entre Venezuela y los Estados Unidos, alegando que Pérez Jiménez había saqueado al Estado y enriquecido ilícitamente a través de sobreprecios, desvíos de fondos y contratos amañados durante su mandato.

El 25 de agosto de 1959, apenas cuatro días después de la solicitud, agentes del Servicio de Inmigración y Naturalización de los Estados Unidos arrestaron al exmandatario en Miami Beach. Allí comenzó una larga y tortuosa batalla judicial en la que su defensa agotó todos los recursos posibles para impedir la entrega.

Los abogados de Pérez Jiménez alegaron, una y otra vez, que las acusaciones en su contra eran “delitos políticos” y, por ende, excluidos del tratado. Argumentaron que las supuestas malversaciones estaban ligadas a sus funciones como gobernante.

La justicia estadounidense no les dio la razón. Un juez federal, seguido luego por la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, dictaminó que los delitos por los cuales Venezuela reclamaba su extradición eran “delitos comunes” y no podían ser considerados actos políticos. La Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos rechazó su última apelación el 17 de junio de 1963.

La celda de Miami

Desde diciembre de 1962, Pérez Jiménez fue trasladado a la Cárcel Federal del Condado de Dade, en Miami, bajo el número de preso 1.374. Allí, en una celda de 6×10 pies, permaneció en régimen de aislamiento por casi nueve meses. El hombre que había desfilado en Rolls Royce por las avenidas de Caracas ahora vestía el uniforme carcelario y soportaba las inclemencias del encierro.

Su figura comenzó a encogerse. Durante su cautiverio, perdió cerca de 22 kilos. Las crónicas de la época registran que, a pesar de las condiciones, su trato fue digno y dentro de las normas estadounidenses. Su esposa, Flor María Chalbaud, llegó a declarar que las condiciones de su detención eran “extraordinariamente superiores a las que hubiese tenido en una cárcel venezolana”.

Pero la humillación era inevitable. Por primera vez en la historia contemporánea, un dictador caído en desgracia permanecía confinado a la espera de ser enviado al país que había gobernado con puño de hierro.

Del exilio dorado al banquillo de los acusados

El 12 de agosto de 1963, el Secretario de Estado norteamericano Dean Rusk autorizó formalmente la extradición, después de que Venezuela garantizara que Pérez Jiménez sería procesado solo por los cargos financieros y que su vida no correría peligro.

El 16 de agosto, el juez Arthur Goldberg rechazó un último intento desesperado de su defensa por bloquear la entrega. Al día siguiente, el 17 de agosto de 1963, un avión del gobierno venezolano despegó desde Miami rumbo a Caracas, llevando a bordo al hombre que había detentado el poder absoluto y que ahora viajaba esposado, custodiado por oficiales venezolanos. La escena de su llegada fue histórica.

Desde el aeropuerto, lo trasladaron bajo estrictas medidas de seguridad hasta la Cárcel Modelo de Caracas, para luego ser enviado a la Penitenciaría de San Juan de los Morros. Allí comenzó el juicio que pasaría a la historia como el primer proceso judicial contra un dictador por corrupción en América Latina.

La justicia escribe un capítulo inédito

El proceso judicial fue un acontecimiento sin precedentes. Pérez Jiménez fue acusado de peculado, malversación de fondos públicos y enriquecimiento ilícito por contratos millonarios otorgados a empresas aliadas durante su régimen, entre ellos los relacionados con la construcción de la Autopista Caracas–La Guaira, la Ciudad Universitaria y el Teleférico de Mérida.

El juicio se desarrolló entre 1963 y 1968, y aunque no se le imputaron cargos por violaciones a los derechos humanos —ni por los asesinatos cometidos por la Seguridad Nacional durante su dictadura—, el impacto simbólico fue profundo.

El 9 de abril de 1968, el Tribunal lo condenó a cuatro años, un mes y quince días de prisión. Paradójicamente, al haberse considerado que ese tiempo ya lo había cumplido entre su detención en Estados Unidos y en Venezuela, Pérez Jiménez fue liberado de inmediato. La noticia estremeció al país. Su liberación fue vista por muchos como una burla al pueblo y al sistema judicial.

Sin embargo, la historia había cambiado para siempre: el hombre que creyó ser dueño del destino nacional había sido juzgado y vencido por la justicia.

Epílogo inesperado

Tras su liberación, Pérez Jiménez se exilió en España, bajo la protección del régimen franquista. Vivió en Madrid, en el exclusivo barrio de Chamartín, llevando una vida cómoda y alejada de la política venezolana, aunque nunca abandonó su ambición de regresar al poder.

Intentó postularse a la presidencia en 1968 y 1973, pero sus aspiraciones fueron bloqueadas por la Corte Suprema debido a su antecedente penal. Murió en Madrid en 2001, sin haber regresado jamás a su patria.

Su extradición marcó un antes y un después en la política latinoamericana. Fue la primera vez que un dictador enfrentaba un proceso judicial por delitos económicos fuera de su país y luego era extraditado para ser juzgado en su propia tierra.

El eco del caso Pérez Jiménez sigue resonando en las aulas de derecho y en las crónicas políticas del continente. Su historia desmiente la vieja máxima de que el poder garantiza la impunidad.

Cuando aquel avión despegó de Miami en agosto de 1963, llevando a bordo al hombre que una vez mandó sobre millones, la historia latinoamericana cambió su curso. La justicia, aunque lenta, había extendido su mano más allá de las fronteras. El dictador cayó. Y con él, la certeza de que ningún poder es eterno. ¿Quién será el próximo en el banquillo?