PDVSA: Fue por décadas la única petrolera latinoamericana con capacidad de refinar más de 3 millones de barriles diarios.

En 23 años de revolución PDVSA perdió activos importantes en el mundo. Se vendieron decenas de sus activos en el exterior sin rendir cuentas a los venezolanos. Activos como refinerías, infraestructuras,contratos de alquiler, suministros.

La principal Industria del País fue por décadas la única empresa Petrolera latinoamericana con acceso a refinerías en todo el mundo, solo la venezolana llegó a tener un importante circuito internacional con capacidad de refinar más de 3 millones de barriles diarios repartidos en el Caribe, América Latina, Estados Unidos y Europa.

Sin embargo,  se inició la venta de activos al argumentar que las refinerías no aportaban dividendos y generaban pérdidas.

La responsabilidad en la gestión de las finanzas de las empresas propiedad del Estado recae en un conjunto de autoridades. Deben ejercer control sobre ellas: 

• El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre)
• El Ministerio de Planificación
• La Contraloría General de la República
• La Asamblea Nacional
• La Superintendencia Nacional de Auditoría Interna
• La Superintendencia de la Actividad Aseguradora
• El Servicio Nacional de Contrataciones, en cuanto a contratos y compras
• La Superintendencia de Bienes Públicos

Todas estas instancias tendrían algo que mencionar con respecto a las ventas de las refinerías y posterior pérdida de activos en el exterior de la industria petrolera. Pero no ocurrió.

Hoy queda demostrado que se incumplieron varias leyes orgánicas al no darse la rendición de cuentas por parte de PDVSA.

Destaca la Ley Orgánica de Administración Pública, la cual establece en relación a las empresas del Estado en su artículo 79, que los ministros deben informar en su gestión a la AN acerca de la actividad de control que ejerzan sobre los entes que están adscritos a su despacho. "Aquí hay una responsabilidad de los Ministro de Petróleo en los últimos años , que le debe exigir datos sobre su gestión al presidente dePDVSA, pero en los años en que más se hicieron estas ventas de activos fue cuando Rafael Ramírez ejercía estos dos cargos, por lo que hubo un conflicto de intereses".

La normativa señala que el ministro debe mostrar en su memoria y cuenta los cambios en la composición de los bienes de PDVSA, si compró activos, si los vendió, qué pasó con esos activos, el valor de los mismos, todo ese detalle de información que el presidente de la estatal debe rendir al ministro.  Por otra parte, las empresas del Estado están sujetas a la Ley contra la Corrupción, la cual establece en sus artículos 9 y 10 que se debe garantizar acceso a la información del patrimonio de todos los órganos y entes del sector público. Esta publicación debe actualizarse trimestralmente y "debe informar a los ciudadanos sobre la utilización de los bienes, gastos de los recursos que integren el patrimonio (...) pondrán a la disposición de cualquier persona en las oficinas de atención al público o de atención ciudadana que deberán crear, un informe detallado de fácil manejo y comprensión, sobre el patrimonio que administran, con la descripción y justificación de su utilización y gasto", según dice la norma legal. 

Es lamentable que prácticamente esta norma no se cumple, pero aplica perfectamente a PDVSA, ya que tenía la obligación de informar sobre lo que estaban haciendo con sus activos. 

Igualmente, la ley señala que el Ministerio de Finanzas debe llevar un registro de la composición accionaria de las empresas donde el Estado tenga participación de su capital y remitirla a la Comisión correspondiente en el Parlamento.

"Cualquier decisión de PDVSA sobre sus filiales y participación en refinerías debió ser informado a la Onapre y ésta informar de todos los cambios a la Asamblea Nacional. La ley también establece que todos los ministerios deben enviar una lista de los entes bajo su tutela y de cualquier otra empresa que se encuentre en proceso de privatización o liquidación. Es decir, si compran, si venden, si alquilan".

La Ley de Administración Financiera y de la Contraloría hablan de la responsabilidad administrativa cuando no se informa de la gestión, cuando hay incumplimiento injustificado de metas y objetivos. En estas normas están claras que el ministro de Finanzas y la Onapre tienen que ejercer controles, pero la propia PDVSA tenía que tener activa su unidad de control interno y la Contraloría tenía un papel que cumplir como el de llevar adelante auditorías.

"Por otra parte, las normas señalan una serie de sanciones cuando se hacen gastos o se contraen compromisos que puedan afectar el funcionamiento de los órganos, entes y empresas públicas".

La Ley de Bienes Públicos, por su parte, establece que las empresas o sociedades de cualquier tipo deben remitir con periodicidad y oportunidad la información relacionada al inventario de sus activos a la Superintendencia de Bienes Públicos. Mientras que la Ley Orgánica de Planificación Pública indica que es importante que cada autoridad responda sobre su plan estratégico y operacional. Esto le correspondía elaborarlo a PDVSA y el Ministerio de Planificación debió hacerle seguimiento.

"En definitiva, PDVSA si tenía que informar de cambios patrimoniales, sobre compra y venta de activos a la Superintendencia de Bienes; la Onapre y otros entes contralores debieron hacer seguimiento a los recursos obtenidos por esa venta, pero no se ofrecieron detalles en los informes de gestión. Lo que queda demostrado que hubo una negligencia generalizada al respecto".

Es lamentable como la principal Industria del País ( PDVSA) se encuentra en situación de precariedad por políticas erradas en en estos últimos 23 años.

|*|: Columa de opinión "Bitácora energética"