Poco antes de la fundación de la república en 1830, ya se habían emprendido importantes diligencias y gestiones

para constituir una Sociedad Económica de Amigos del País. Este tipo de corporación tenía antecedentes en Europa desde el siglo XVII, específicamente en España en el XVIII y en la misma  Venezuela en tiempos de la independencia. La Junta Suprema, surgida a partir de los acontecimientos del 19 de abril de 1810, procuró su creación (mejor conocida como Sociedad Patriótica de Agricultura y Economía) y en la que los discursos encendidos del futuro libertador dejarían una huella imborrable. Siendo José Antonio Páez Jefe Civil y Militar del Departamento de Venezuela, decretó su creación el 26 de octubre de 1829  a fin de “promover los progresos de la agricultura, el comercio, de las artes, oficios, población e instrucción”, designándose al  Dr. José María Vargas como  su primer director.

Los padres de la nación, incluyendo al propio Bolívar, siempre estuvieron ganados a la idea de traer gente, sobre todo europeos, que coadyuvaran al poblamiento del territorio y aportaran luces y conocimientos a la agricultura, ganadería, pesquería, el comercio,  instrucción y educación de los venezolanos. Conforme a las estadísticas de la época, entre 1832 y 1857, entraron  20.000 inmigrantes, principalmente canarios y alemanes. Una pequeña porción de estos últimos, en un número de 374  llegaron a Choroní  en 1841, para luego fundar en terrenos de Manuel Felipe Tovar, lo que hoy conocemos como la Colonia Tovar.

Finalizada  la Guerra Federal (1863) y en tiempos de Antonio Guzmán Blanco, se favoreció y facilitó la entrada al país de una significativa cantidad de españoles, italianos, franceses, holandeses e ingleses, principalmente. En pleno siglo XX, con la aparición del petróleo, vinieron   junto a sus familias, importantes y cuantiosas plantillas de técnicos y obreros especializados en su explotación y comercialización. La gran mayoría echaron raíces en nuestro suelo. El merideño Alberto Adriani (distinguido diplomático, ex ministro del gobierno de López Contreras y gran conocedor de asuntos económicos) abogó siempre por una calificada inmigración que ayudase en las labores y  desarrollo agrícola. Igualmente,   el Dr. Eduardo Mendoza Goiticoa realizó una excelente labor – en  ese orden - como Ministro de Agricultura y Cría de la Junta de Gobierno presidida por Rómulo Betancourt y al frente del Instituto Venezolano para la Inmigración (1945-1947).

Se calcula que entre 1948 – 1961 entraron al país alrededor de 1.000.000 de inmigrantes. En consecuencia,  siempre fuimos receptores de ciudadanos de otras nacionalidades sin mayores reparos y complicaciones.

Cuando en años recientes muchos países hermanos sufrían  dictaduras y persecución política, estrechez económica y dificultades familiares o personales, Venezuela siempre abrió sus brazos para recibirlos sin condiciones y mezquindades.

Ahora, gracias a este socialismo del siglo XXI, la situación es totalmente diferente. Siendo conservadores, se estima que han emigrado hasta la fecha cerca de 7.000.000 de compatriotas, según fuentes de ACNUR y Human Rights Watch (HRW). Superamos, de acuerdo a  datos confiables, a los desplazados y huidos de Siria, empatados con los de Ucrania y en nuestros lares, por encima de los haitianos. Para que  reparemos en la dimensión de esta tragedia, sólo en lo que va de  año se supone que 1.000.000 de personas han cruzado la selva de Darién rumbo a EE.UU o a otros países de Centroamérica (salvo Nicaragua por razones obvias), perdiendo la vida en esta peligrosa zona  decenas de conciudadanos.

Para cualquier nación del mundo esto constituiría un horror, una fatalidad. Aquí no. Alegremente el gobierno anunció una operación “Vuelta a la Patria” cuyos resultados arrojan la magnificada y estrambótica cifra de 30.000 venezolanos procedentes de 21 países, en 167 vuelos  y un traslado marítimo, según lo publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MPPRE).

Es hora de tomarnos muy en serio esta denominada “diáspora nacional”. Casi el 20% de la población se encuentra fuera de nuestras fronteras. Miles de talentos, ingente mano de obra (hampones y corruptos también los hay) y millones de familias soportan su salida forzosa  alrededor del planeta. El gobierno, para variar,  no dice nada y solo le echa la culpa a las fulanas sanciones. Pareciera, entre muchísimas otras cosas, que ignoran que esta dispersión comenzó en 1999. Dos factores inciden en este fenómeno: Pésimas políticas económicas y el acecho u hostigamiento permanente quienes se oponen al régimen.

Las fuerzas democráticas tenemos que redoblar esfuerzos. Hacerle entender a los venezolanos que permanecemos aquí, que es  necesario e impostergable su inminente regreso por estrictas razones humanitarias; por solidaridad connacional, por la reconstitución del núcleo familiar y por mejoría y reivindicación social. Pero además, para incorporarlos a este largo y complejo proceso de reinstauración democrática y – en consecuencia - a las actividades económicas que urgen  restablecerse. Hace falta emprender toda una campaña nacional e internacional para denunciar esta atroz circunstancia y para obligar al gobierno -  por lo menos -  a que tome las medidas necesarias para restituir los derechos fundamentales de todos aquellos que nos abandonaron contra su voluntad. Entre estos, facilitarles los documentos imprescindibles para su identificación y crear – si  es que tienen un poco de sentido común y algo de sensibilidad -  las condiciones mínimas para su  retorno, sin temor alguno. Es tiempo de erradicar las penosas travesías  y  detener  esta inmerecida desbandada, ahora tan en boga. Al fin y al cabo, siempre fuimos receptores y  jamás emisores de migrantes.

                                                         (Especial para www.opinionynoticias.com)