Me indignó la afirmación presidencial de que el pago adeudado por el Estado a los educadores católicos no es responsabilidad suya, "porque esas son instituciones privadas". Una bofetada a quienes trabajaron todo el año en educación pública con niños de bajos ingresos. Me vinieron a la cabeza los viacrucis y triunfos desde su gestación de las cinco escuelas de la AVEC en la parte más alta de La Vega: la acción educadora del Gobierno no llegaba y las instituciones católicas con esas comunidades pobres crearon escuelas para sus hijos, en parte financiadas con el dinero público que se les debe, según la Constitución (artículo103). Elimine usted, señor Presidente, las escuelas Canaima, Andy Aparicio, El Encanto, la Olaso y Los Ángeles (todas de la AVEC, Asociación Venezolana de Educación Católica) y no quedará ninguna escuela pública para los miles de niños y jóvenes que viven desde Las Casitas hasta Las Torres. Lo demás es demagogia y falsas promesas.

La indignación me trajo a la memoria cómo Fe y Alegría acudió a Cariaco en la emergencia pública del terremoto y continúa allí su extraordinario aporte educativo, cómo respondieron los hermanos maristas al llamado del ministerio para salvar la escuela granja de Santa Catalina (en el Delta) de las ruinas oficiales y convertirla en la escuela ejemplar que es hoy. En la periferia trabajan las escuelas en Santa Elena de Uairén, de Carrasquero, Sinamaica y Ciudad Sucre, o las salesianas en la isla Ratón, La Salle en El Baúl, y cientos más. ¡Cómo es posible que se diga que eso no es público, que no hay obligación pública con esos niños, que sus padres paguen su escuela! "Yo" les voy a dar un dinerito ahorrado, afirmación presidencial inaceptable. El presupuesto nacional educativo no es de "yo", sino de los niños y jóvenes. La contribución educativa de todo venezolano con el IVA no pertenece a "yo", sino a quienes por su derecho educativo la Constitución destina.

Una mentalidad estatista decimonónica impide a muchos entender que lo público no es sinónimo de gubernamental ni estatal, y que Luis XIV con "el Estado soy yo" murió hace tres siglos. Lo público, en primer lugar, es ciudadanía solidaria y responsable; y en educación, la necesaria alianza virtuosa entre familia, sociedad y Gobierno, dentro del ordenamiento y prioridades del Estado, que es un instrumento obligante para todos ellos. El convenio entre el Ministerio de Educación y la AVEC se basa en el compromiso para juntos llevar la educación pública de calidad a los sectores pobres. Con ello, 2.000 centros e instalaciones (inversión de más de 10 millardos de bolívares) no estatales se destinan a la educación pública, donde las familias y la sociedad colaboran (con millones en aportes nacionales e internacionales) en el funcionamiento, mantenimiento y mejoramiento, en sinergia con el Gobierno de turno. Las instalaciones no son del Estado, ni la gestión escolar del Gobierno, pero la educación es pública por su programa, título y supervisión, por espíritu y Constitución, y también por convenio firmado y "engacetado". Mejor calidad, a mitad del costo estatal, con frutos públicos maravillosos.

Las familias contribuyen con menos de 10% y la AVEC logra que el financiamiento estatal llegue con transparencia.

Funcionarios honestos nos preguntan cómo Fe y Alegría o las franciscanas logran que los padres asuman la escuela como suya. Porque la sienten de ellos (no de funcionarios lejanos), y cuidarla y mantenerla es parte de su aporte. Respuesta sencilla pero de aprendizaje difícil por la deformación estatista, con gobiernos que impiden y matan la solidaridad y la participación que predican.

¿No se amenaza de muerte a esa escuela cuando, en lugar de la felicitación presidencial navideña a sus educadores con el pago de fin de año y el aumento debido, les dice: No reconozco su labor pública, porque ustedes, sus niños, familias y escuelas son privados? El derecho público constitucional de los niños a su buena educación sólo se hará realidad con el esfuerzo responsable combinado de la familia, de la sociedad y del Estado. La educación pública avanza en este convenio que pone las instalaciones y la gestión escolar no estatales, junto con el financiamiento oficial, al servicio de la calidad en sectores de bajos recursos.