Si usted escoge cualquier experiencia exitosa de medios comunitarios y/o alternativos en América Latina podrá encontrarse algunas características que le son comunes, más allá de las especificidades geográficas y/o culturales que pueda tener una emisora amazónica en Perú o una minera en Bolivia. Esta suerte de documento de identidad contiene estos elementos: independencia de cualquier tipo de poder, modelos descentralizados de organización y una amplia participación ciudadana en el seno de estas experiencias.

En Venezuela, la comunicación comunitaria y alternativa existía antes de la llegada del presidente Hugo Chávez al poder, y eso es necesario remarcarlo. Si bien la mayoría de experiencias de los años ochenta y noventa tenían focos muy claros en la zona andina, en el centro del país y algunas expresiones aisladas en el mundo del movimiento obrero, en líneas generales compartían las señas de identidad que describimos antes; es decir, eran experiencias independientes, funcionaban de forma descentralizada y en general se planteaban como primer desafío recoger la voz popular.

La llegada del presidente Chávez al poder implicó cambios sustantivos en estas dinámicas. Aunque estuvieron inicialmente ignoradas, las experiencias de comunicación comunitaria y alternativa pasaron a la palestra como consecuencia del golpe de Estado de abril de 2002. El aún estruendoso silencio mediático, que implicó en algunos casos un tácito aval al "Carmonazo", llevó al gobierno de Chávez ­una vez que regresó al poder­ a plantearse una profunda y extendida estrategia comunicacional. Una de las patas de este programa pasa a estar en el campo de lo comunitario y alternativo.

En no pocos casos el Gobierno fagocitó experiencias de larga data, en otros literalmente compró conciencias al darle cargos públicos a personas que tenían reconocida trayectoria, y por otro lado repartió dinero a diestra y siniestra para que se establecieran medios comunitarios, especialmente estaciones de radio. A la fecha se encuentran habilitados por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, un total de 250 emisoras de radio y 33 estaciones de televisión bajo la modalidad de medios comunitarios. Debe decirse que hay un número importante que están operando sin contar con la licencia oficial.

Hay diversidad en las estaciones de corte comunitario, pues unas están francamente en operaciones ideológicas, destinadas a replicar el discurso oficial en el conflicto político-mediático, y hay otras (y no son pocas) que literalmente funcionan como pequeñas empresas al servicio de un propietario, siguiendo exactamente el modelo comercial que dicen detestar. En unas y otras, sin embargo, prevalece la ausencia de participación popular. No hay, en su mayoría, iniciativas para discutir ­por ejemplo­ la programación con las comunidades, y en estos medios se aplica censura por razones ideológicas y/o comerciales.

A este conjunto de medios estará destinada la nueva Ley de Comunicación para el Poder Popular, que ya recibió la primera aprobación por parte de la mayoría del PSUV en el seno de la Asamblea Nacional.

Esta nueva ley, que aún requiere de una ratificación parlamentaria, establece la creación de un fondo para financiar los medios comunitarios en todo sentido, desde apoyarles económicamente para sus inversiones técnicas, hasta hacer frente a los gastos operativos y ­en teoría­ apoyar la producción. Dichos recursos serán administrados desde la Vicepresidencia de la República ­un órgano netamente político­, lugar en el cual se llevará un registro (otro, adicional al que ya tiene Conatel) de todos los medios y expresiones de comunicación comunitaria y alternativa.

Los medios que ya vienen con plomo en el ala debido a la falta de genuina participación ciudadana en su gestión y programación, justamente tendrán que pasar por el peaje político centralista de la Vicepresidencia para obtener fondos del Estado, lo cual les hará más dependientes. Esta ley hará que los medios comunitarios se extravíen aún más de su deber ser y todo ello en un año electoral.

el-nacional.com