Si Venezuela es de todos, ¿por qué el Estado quiere controlar el sistema radioeléctrico y encadenarlo a una visión de país quimérico que sólo un sector, por cierto muy poderoso, se empeña en mostrar? ¿Por qué los medios pro oficialistas no son sometidos a multas onerosas, ni aperturas de procedimientos judiciales por incumplimiento de la ley, cuando es público y notorio que han faltado a la misma? ¿Por qué es más fácil delinquir que ejercer el periodismo?

Desde el punto de vista jurídico, el derecho de la información está consagrado en la Declaración de los Derechos Humanos y en la Constitución de la República, sin embargo, el ejercicio de este derecho es una ilusión en un país donde se diseñan leyes punitivas que restringen la libertad de expresión, como la ley Contra Delitos Mediáticos, propuesta por la Fiscalía General de la República.

Los comunicadores sociales y los medios son servidores públicos que deben anteponer los intereses de la comunidad a los del grupo o sector con el cual simpatizan. Esta premisa debe cumplirse en los medios privados, oficiales e institucionales (entre estos los universitarios).

Con inquietud observamos que existen casos en estas esferas mediáticas que no cumplen con el deber de informar de manera equilibrada y que trazan una agenda informativa que procura favorecer a un sector o grupo específico, creando plataformas para la proyección política de ciertos actores, censurando a otros y obviando las necesidades de los colectivos, principalmente de aquellos que no tienen voz, o que no son escuchados. Es decir, medios dedicados a producir propaganda en lugar de información objetiva.

El argentino-uruguayo Mario Kaplún afirmó que “la principal condición del buen comunicador es saber escuchar”. Esta práctica básica brindará las bases para lograr el equilibrio, replantear la agenda informativa de los medios y construir una ciudadanía que pueda percibir la realidad y todos sus matices.

(*): Secretario electo de LUZ