La función contralora, indispensable y necesaria en todo estado moderno, viene de lejos en el tiempo, de mucho antes de que apareciera el Estado moderno. Y en un Estado de derecho en que se respete el principio de la separación y autonomía de los poderes públicos, aquella función es crucial.

En Venezuela, este principio está profundamente quebrantado, y el órgano llamado por la Constitución y la ley a vigilar por el correcto uso de los dineros públicos, no lo hace debidamente, amén de que está siendo utilizado con fines políticos evidentes, y el capítulo arbitrario y nauseabundo de las inhabilitaciones políticas lo demuestra.

Son miles las denuncias de irregularidades administrativas formuladas durante los 13 años de gobierno actual, que han caído en saco roto. Cientos y cientos de pruebas documentales han sido presentadas, incluso por parlamentarios, en las que se señala presuntas y graves violaciones cometidas por funcionarios públicos de todo nivel, sin que hasta la fecha se conozcan resultas de las investigaciones ni mucho menos sanciones, sobre todo, de los más encumbrados que hoy libremente disfrutan, dentro y fuera del país, de sus bienes mal habidos.

Desde el Plan Bolívar 2000, pasando por PDVSA y PDVAL, hasta las emisiones de bonos de deuda, por sólo mencionar unos pocos, escándalo tras escándalo, hemos visto la indiferencia -¿cómplice?- de la Contraloría ante los principales responsables de estos delitos contra el erario público. ¿Donde están las averiguaciones?
No hay duda, la Contraloría General de la República no ha cumplido con su cometido; ha faltado gravemente a su deber. Como todas las instituciones, desde que asumió el poder la logia militar que nos gobierna, también ésta ha sido envilecida, desnaturalizada, corrompida, puesta de rodillas al servicio de una camarilla ávida de poder y riquezas, e inspirada en una ideología demencial.

Para rematar el cuadro de irregularidades, no se ha realizado la elección del nuevo contralor, una vez producida hace meses la falta absoluta de su titular.
En Venezuela, con la Constitución de 1999, la Contraloría General de la República pasó a formar parte del llamado Poder ciudadano junto a la Fiscalía General y el Defensor del Pueblo.

La Contraloría es el ente con competencias para el “control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos, bienes públicos y bienes nacionales, así como de las operaciones relativas a los mismos.”

El contralor, según lo dispone la Constitución, debe ser elegido por la Asamblea Nacional. A tal fin, el Consejo Moral Republicano debe convocar un Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano (CEPPC), el cual debe estar integrado por diversos sectores de la sociedad. Este Comité deberá abrir un proceso público, de cuyo resultado se escogerá una terna, para luego ser sometida a consideración de la Asamblea. Ésta, mediante el voto de las 2/3 partes de sus integrantes, escogerá en un plazo de 30 días continuos, al titular del órgano. Si no hubiese acuerdo en la Asamblea nacional, el Poder Electoral someterá la terna a consulta popular.
No obstante, si el Poder Ciudadano no realizara el proceso señalado, la Asamblea deberá proceder dentro de un plazo que determine la ley, a la designación del Contralor.
El  Contralor General Clodosbaldo Russian falleció el día 20 de junio de 2011, es decir, han pasado 140 días. Esta falta absoluta debió activar al Poder Ciudadano, lo cual hasta la presente fecha no se ha producido.  
¿Por qué no se ha cumplido con este mandato constitucional?
Obviamente, el gobierno no tiene los votos para imponer su voluntad, es decir, para designar un contralor de su confianza que siga apañando las vagabunderías (peculado, malversación de fondos, tráfico de influencias, extorsión, etc) que se cometen impunemente en la Administración con los dineros públicos.
Éste es un tema que los venezolanos demócratas no debemos desestimar y dejar pasar por debajo de la mesa. Harían bien los diputados de la Unidad Democrática en plantear este asunto importante. Los ciudadanos aspiramos a que se nombre un nuevo contralor que vigile de verdad los dineros de todos con escrupulosidad, transparencia y apego a la ley. Que no se preste a las trapisondas que maquine el gobierno contra sus oponentes. Y que controle en definitiva a los peces gordos que han privatizado al gobierno, sometiéndolos a sus intereses particulares.