La presencia española en América puede dividirse en dos grandes períodos: el de los Austria en los siglos XVI y XVII

y el de la dinastía de los Borbones a todo lo largo del siglo XVIII. Son numerosos los autores que prefieren hablar de dos tipos de colonización diferente, la primera, la de los Austrias, marcada por cierto relajamiento en los controles y la administración de los territorios coloniales lo cual permitió un alto grado de libertad y autonomía de parte de los americanos/españoles, y la segunda, bajo el signo de los funcionarios ilustrados de Carlos III y el afán de hacer mucho más rentable las Indias bajo medidas económico/comerciales más estrictas de corte moderno y mercantilista.

En el caso de Venezuela, Pedro Grases ha señalado que los siglos XVI y XVII fueron prácticamente siglos perdidos por la poca importancia económica que tuvo el territorio para la Corona española. Toda la atención fue para las ricas posesiones mexicanas y peruanas por sus minas de oro y plata. Pero al revalorizarse la fachada atlántica en el siglo XVIII en detrimento de la del pacifico que copó la atención en los dos siglos anteriores, Venezuela conoció un auge sin precedentes. Las provincias de su territorio empezaron a ser estimadas por la rentabilidad en la comercialización de sus principales productos agrícolas y pecuarios, muy especialmente el cacao, que tenía una gran demanda entre las clases elevadas de Europa. También contribuyó la cercanía con la metrópoli y la facilidad de las comunicaciones con sus principales puertos. La Compañía Guipuzcoana fue la primera institución hispana en valorar y obtener rentabilidad de la nueva situación.

Estas nuevas circunstancias no pasaron desapercibidas para los ministros de Carlos III, quienes llevaron a cabo una importante reforma jurídico/administrativa que afectó todos los ámbitos de la vida política, social, económica y cultural del país y que consideramos que son las genuinas bases del proceso integrador de la futura nación.

El 8 de diciembre de 1776 se crea la Intendencia del Ejército y Real Hacienda de Caracas por Real Cédula, con jurisdicción sobre las provincias de Venezuela, Cumaná, Guayana, Maracaibo e islas de Margarita y Trinidad lográndose la unidad en el rubro de hacienda y economía. A la par de ésta medida, y como recurso para incentivar la producción y comercialización dentro del aparato productivo, se estableció la libertad de Comercio en 1778 que hasta el momento no había sido extensivo a Venezuela. 

En consonancia con la anterior medida, en 1777 se creó la Capitanía General de Venezuela que unificó a todas las provincias bajo un solo gobierno político y militar con sede en la ciudad de Caracas desde donde despachaba el Capitán General, máxima autoridad, de todas las provincias ahora integradas.

El 13 de junio de 1786 se erige la Real Audiencia de Caracas encargada de todos los asuntos judiciales. Hasta ese entonces todos los pleitos eran tratados por la Real Audiencia de Santo Domingo y otros remitidos a Santa Fe de Bogotá, como es obvio, con la medida se solucionaba el problema de las largas distancias que impedían la agilización de los casos. 

Otra importante institución que se crea es el Real Consulado en 1793, organismo destinado a fomentar el comercio, la agricultura y las comunicaciones. Este proceso de crecimiento y maduración institucional continuará con la creación del Arzobispado de Caracas en 1803.

Estas medidas junto a la consolidación del poder municipal a través de los cabildos; el papel de la Iglesia como aglutinante social; y el desarrollo de la cultura y la educación a través de la Universidad de Caracas fundada en 1725, evidencian claramente el crecimiento de una sociedad cada vez más consciente de sí misma y que empezaba a presentir una nacionalidad más allá de la lejana España. El proceso hacia la Independencia política pero manteniendo el orden social sería liderado por los criollos ante la impotencia de España de seguir arbitrando sus posesiones americanas.

John Lynch ha sido uno de los autores que ha considerado que las medidas de Carlos III para reconquistar América fueron un fracaso: “En gran medida, la política borbónica era un error de cálculo, sin relación con el tiempo, la gente y el lugar”. Mientras que un más comedido Antonio Domínguez Ortiz nos dice: “Los objetivos de la política carlotercista en América, múltiples, ambiciosos, han sido objeto de diversas apreciaciones; para unos, sus resultados fueron positivos, mientras que no pocos estiman que sus medidas, no siempre bien acogidas por la población, prepararon el sentimiento independentista, que no tardaría mucho en desarrollarse”.

Todas las revueltas y motines desarrollados en América durante la década de los 80 por parte de los sectores indigenistas, criollos y esclavos tuvieron como pretexto básico el irrumpir contra las medidas de presión fiscal impuesta por la nueva política. Lo cual demuestra claramente que la unidad colonial a partir de ese entonces ya empezaba a deteriorarse de una manera irreversible.