El consumidor venezolano soporta desde hace tiempo la carestía y escasez de alimentos y medicamentos, las interrupciones del suministro de agua potable y los "apagones". La inflación ha sido constante, con variaciones, y el nivel de vida sufre las consecuencias. Para los sectores medios y pobres de la población los padecimientos en cuanto al consumo esencial forman parte de su cotidianeidad; los que viven de actividades en el llamado sector informal sufren la inestabilidad de sus ingresos; los desempleados, por supuesto, no tienen ingresos pero subsisten de alguna manera. Los padecimientos de estos grupos de consumidores ­que forman la mayoría social­ se van sedimentando en una especie de cultura forzada de adaptación a las dificultades, como si la vida consistiera en lucha contra las condiciones de la subsistencia.

Esto es una actitud, un comportamiento, un perfil de la disciplina del consumidor impuesta por las circunstancias de una economía que flota sobre oleadas de ingresos petroleros, cuyos beneficios reales disfrutan minorías privilegiadas exentas de los padecimientos del común.

Ahora se trata de las restricciones en el suministro de energía eléctrica bajo la amenaza de un colapso, porque el potencial de generación existente no ha sido objeto de atención necesaria por parte de las autoridades y la naturaleza se ha encargado de alertar dramáticamente sobre las consecuencias de ese descuido. El Gobierno intenta salvar su responsabilidad atribuyéndoles a dos factores la situación: la escasez de lluvias que afecta el caudal de alimentación de la represa del Guri y el elevado consumo de electricidad en el país. Y como no se pueden imponer sanciones a la naturaleza, se les imponen a la población. Podría decirse algo semejante en cuanto a los alimentos: la culpa la tiene el consumidor que ingiere demasiados alimentos. En lugar de un reconocimiento sincero de la responsabilidad oficial por no prever lo que ocurre, por no construir alternativas en el sistema de generación de electricidad, por no realizar las inversiones indispensables para el mantenimiento y ampliación de ese potencial, y de un llamado a la población para que coopere voluntariamente ante la contingencia, se anuncian castigos si el consumo excede de ciertos límites o se fijan recortes de suministro según una programación no consultada con los afectados, ni siquiera informada oportunamente.

Sin duda, es necesaria una disciplina del consumidor de energía eléctrica; no se puede negar que en algunas áreas de consumo hay desperdicio; existe la conveniencia de aprovechar la presente contingencia para racionalizar el consumo de energía eléctrica ­también habría que hacerlo con respecto a la energía originada en el petróleo­ porque es un bien escaso y costoso. Pero hay que advertir que este ahorro contingencial de energía tiene consecuencias negativas en la actividad económica y el bienestar social: la electricidad es un insumo para la producción de bienes y servicios, no sólo para los que se transan en el mercado sino también para los que se prestan en las áreas de salud, educación, seguridad, iluminación de vías de tránsito, señalización y otros.

En las estadísticas macroeconómicas de cualquier país la generación y consumo de electricidad representan indicadores importantes del crecimiento económico y del bienestar social. El tiempo que se tarde para la normalización del suministro de energía eléctrica es una variable crítica para todos los efectos.

Ojalá que el Gobierno haga lo que debe hacer, sin dejarlo todo al azar como ocurre con los precios del petróleo. De paso, me permito mencionar que en Venezuela hay tan buenos técnicos en electricidad como en otros países y debe recurrirse a ellos en primer lugar.