A propósito del proceso de nuevas licencias y/o relajamiento de ciertas sanciones por parte del gobierno americano

en materia petrolera en Venezuela, FEDECAMARAS sugiere acompañar dicho hito con un examen del marco jurídico y económico vigente. Textualmente, Adán Celis, presidente de FEDECAMARAS, habría dicho que “tenemos que acompañar esta flexibilización en el tema de la reestructuración del marco económico”.

Aprovechar la coyuntura y ripostar el contractivo inicio de año requiere más de un factor a favor. El marco regulatorio resulta sin duda alguna uno de estos factores que podrían contribuir a desatar las fuerzas productivas, crear incentivos y reducir la incertidumbre regulatoria.

Dicho ejercicio de revisión normativa resulta siempre sano, independientemente de la coyuntura y debería constituir un ejercicio periódico que permita identificar institutos jurídicos caducos, inocuos o que hayan podido perder efectividad, justificación y vigencia.

Acometer ejercicios de análisis costo-beneficio o análisis económico del derecho y de las regulaciones constituye una labor que permite a las sociedades avanzar hacia el progreso y el bienestar.

Uno de los temas más interesantes e importantes en materia de Derecho y Economía -como área específica de estudio de la economía- es cómo reglas eficientes social y económicamente terminan siendo adoptadas por las sociedades permitiéndoles avanzar y generar bienestar colectivo.

Este tema destaca por su enfoque consecuencialista, lo que implica objetiva y despolitizadamente, valorar el aporte o las barreras que ciertas normativas o regulaciones implican para la sociedad y su economía. Es decir, basados en las consecuencias y los efectos de una normativa valorar el aporte que hace a la sociedad y a su bienestar.

Un punto de partida conceptual y práctico lo constituye comprender y en consecuencia analizar la importancia de aquellos Bienes Públicos representados por diseños eficientes y suficientes de normativas que impliquen potenciar incentivos y alinear intereses privados con el interés público, minimizando los costos a la sociedad y protegiendo como paradigma la Eficiencia Asignativa. Esta última entendida como la asignación y uso eficiente de los recursos y en el ámbito empresarial y de los mercados como la satisfacción de la mayor cantidad de hogares contribuyendo con excedente del consumidor al agregado del Bienestar Social.

No se requieren recursos extraordinarios para llevar adelante una labor de análisis de las normativas, mucho menos si se compara con los beneficios potenciales que podrían derivarse de dicho esfuerzo.

Lo primero que se requiere es reconocer la existencia de un valor potencial significativo de bienestar al desatar las fuerzas productivas vía los incentivos correctos. Lo anterior permite que todas las partes sean beneficiarios potenciales de una mayor riqueza, un mayor bienestar y PIB. Lo segundo, lo constituye un equipo técnico que realice la labor de análisis, identificación de barreras y propuestas de reforma o derogación.