Desarrollar “tetas” no entra en lo que un niño espera que le ocurra en la adolescencia. Pero les ha sucedido a más de cincuenta jóvenes varones que consumieron Risperdal para tratar su Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH). Una investigación de los periodistas Melanie Newman y Chris Woods muestra el testimonio de muchos de los afectados y confirma las acusaciones cada vez más frecuentes contra la gran industria farmacéutica.

Ni la Food and Drug Administration (FDA) había autorizado la utilización del Risperdal para tratar el TDAH, ni los médicos advirtieron a los padres de los posibles riesgos del medicamento. Autoridades federales investigan si se debe a que desconocían esos efectos o si Johnson & Johnson, la farmacéutica que comercializa el medicamento, pagaba honorarios a los médicos más influyentes en el tratamiento de ese trastorno. El año pasado, las grandes farmacéuticas pagaron 200.000 millones de dólares en honorarios a médicos.

Esta información se publica en las webs de las mismas empresas. “Por transparencia”, dicen, cuando se trata más de un problema ético y moral.
En el colmo del absurdo, las autoridades sanitarias intentan obligar a los laboratorios que fabrican medicamentos sospechosos, como el Risperdal, a incluir en las cajas de sus productos advertencias sobre los riesgos de consumir sus productos. Toda responsabilidad recaería en el paciente y ninguna en el médico, la persona a quien se le confía la salud de las personas, o en los laboratorios.
En el caso de los oncólogos en Estados Unidos, se calcula que entre el 60 y 70% de sus ganancias provienen de sobornos de laboratorios farmacéuticos. Esto resulta incompatible con la auténtica investigación para curar la enfermedad, pues los laboratorios, como negocio que son, se centran en lo que produce mayor beneficio en el menor tiempo posible.

El doctor Joseph Biederman, de la Facultad de Medicina de Harvard, ganó casi 2 millones de dólares adicionales a su sueldo como médico y profesor, según un Comité del Senado que lo investigaba por no haber declarado esos ingresos. Una parte provenía de empresas privadas, entre las que estaba Johnson & Johnson. La farmacéutica financió un centro de investigación que él dirigía en Harvard “para investigar los trastornos psiquiátricos de los niños”. Biederman ha promovido durante años la utilización de Risperdal para tratar trastornos bipolares y otras enfermedades psíquicas.

Estos datos coinciden con la proliferación de diagnósticos de hiperactividad y problemas de atención en niños y jóvenes en Estados Unidos durante los últimos años.  La Ritalina, otro fármaco para tratar la hiperactividad y el déficit de atención, acelera el ritmo cardíaco, deshidrata y puede producir fuertes dolores de cabeza que requieren más fármacos. Además, son comunes la irritabilidad, los cambios repentinos de humor, los bajones y otros trastornos emocionales y psicológicos. Este medicamento ya ha saltado de la consulta del médico a las residencias universitarias. Basta con la receta de un estudiante diagnosticado con TDHA para que empiece a circular el “remedio mágico” en épocas de exámenes.

El Risperdal no sólo ha dejado secuelas en los niños que han desarrollado los pechos más de lo habitual, sino que ha provocado diabetes y Parkinson en pacientes que reciben tratamiento para otras enfermedades psíquicas. Más de 2.000 personas han emprendido acciones legales contra Johnson & Johnson. La empresa pagó el año pasado 2.300 millones de dólares en multas por estas prácticas. Mucho dinero en términos absolutos, pero una cifra insignificante al lado de los 180.000 millones de dólares de beneficios que obtuvo la empresa farmacéutica con la venta de 12 medicamentos.

Para obtener ese margen de beneficios, algunos laboratorios también pagan grandes sueldos a “representantes” que distorsionan la información sobre ciertos medicamentos con el fin de “convencer” a los médicos de que los receten, muchas veces sin que los haya aprobado la FDA. Luego “se arrepienten”, dan el chivatazo y se llevan una importante proporción de la multa.

Alcanzar acuerdos extra-judiciales y pagar multas está al alcance de grandes laboratorios que corrompen el sistema para convertir en “legales” atentados contra la salud por beneficio económico. Esto no implica que hayan dejado de regir los derechos  reconocidos en el Pacto Internacional de los derechos Económicos Sociales y Culturales. Conviene recordarles a las “naciones civilizadas” que la salud es uno de esos derechos inalienables.

Coordinador del CCS y periodista
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