Versión resumida del documento completo “Lineamientos para el Programa de Gobierno de Unidad Nacional (2013-2019)” aprobado por la MUD el 12 de enero de 2012.

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Introducción

La Unidad Nacional tiene un programa para los venezolanos. Su elaboración ha sido un compromiso central de esta alianza.

El 26 de septiembre de 2011, con motivo de la firma del Compromiso por la Unidad Nacional, le ofrecimos a los venezolanos los Lineamientos del Programa de Gobierno de Unidad  Nacional  que,  basados  en  las  100  Soluciones  para  la  Gente,  contienen  las políticas que impulsará nuestro gobierno a partir de enero de 2013.

Este documento contiene los Lineamientos en toda su extensión. La elaboración del documento ha sido precedida de un gran esfuerzo de encuentro político y técnico.

El actual gobierno ha traicionado el acuerdo social que rige a los venezolanos desde

1999. Ha violado constantemente la Constitución, irrespetando la separación de poderes, pisoteando la participación, inclusión y pluralidad.

Como consecuencia, nuestra administración pública ha experimentado un gran deterioro y atraso. Hoy en día hemos vuelto al modelo centralista, burocrático y corrupto que tanto se había criticado.

La discrecionalidad en el manejo de los recursos y la arbitrariedad en las relaciones con los  factores   de  producción  han  convertido  nuestra  economía  en  una  de  las  más vulnerables e improductivas de América Latina.

Las alarmantes cifras sobre homicidios, la alta tasa de desnutrición en niños y jóvenes,  el resurgimiento de enfermedades controladas,  los bajos niveles de rendimiento educativo, la inexistencia del sistema de pensiones de acuerdo con lo establecido en la Constitución y leyes aprobadas, la carencia de vivienda, la ineficacia de servicios fundamentales como agua, electricidad, vialidad, transporte, entre  otros, evidencian el grave deterioro que experimentan los venezolanos en su calidad de vida.

En el ámbito internacional, las acciones que ha realizado el gobierno no han podido ser más  nefastas.  El  manejo  excluyente  e  irrespetuoso  de  la  legalidad  internacional,  ha contribuido al desprestigio del país, y al debilitamiento de la soberanía nacional. Sólo la importancia de la producción petrolera de Venezuela ha impedido su aislamiento en la escena internacional.

Para enfrentar estos desmanes, y rescatar la institucionalidad democrática se presentan los siguientes Lineamientos del Programa de Gobierno de Unidad Nacional, en procura de  un  buen  gobierno,  una  sociedad  productiva,  con  calidad  de  vida  y  con  amplias relaciones internacionales.

Estos Lineamientos son producto de un trabajo sistemático que se viene realizando desde

2009, cuando se conforma la Comisión de Políticas Públicas de la Unidad Democrática,             integrada por  representantes de los diferentes partidos políticos, quienes se plantearon como  objetivo  “Elaborar   propuestas  programáticas  consistentes  con  los  objetivos políticos y estratégicos de la Mesa de Unidad  Democrática”

En marzo de 2010, luego de un proceso en el que se recogieron, discutieron, consultaron y  aprobaron  las  propuestas  presentadas  por  los  diferentes  partidos,  surgen  las  100

Soluciones para la Gente, documento base de los Lineamientos que a continuación se

presentan, y en el que se recogen los valores y principios que guiarán el Gobierno de Unidad Nacional.

Las Bases Programáticas contenidas en las 100 Soluciones para la Gente, aprobadas por la Unidad Democrática, se concentraron en las siguientes áreas:

Reconciliar  al  país  y  fortalecer  la  institucionalidad  democrática.  Para  ello  el Gobierno  de   Unidad  Nacional  reivindicará  la  Constitución  de  1999,  así  como  el compromiso   de   defender   irrestrictamente   los   derechos   humanos   y   las   garantías constitucionales.   Aspira   fortalecer    y   promover    los    espacios    de    concertación, participación y diálogo social, así  como garantizar a todos el acceso a la justicia. Se compromete a promover una amnistía de detenidos y exiliados por razones políticas y la ampliación de la democracia en los partidos y asociaciones políticas.

Vigorizar y remozar el Poder Público. La Unidad Democrática asumirá la promoción de  la  independencia  y  autonomía  de  las  ramas  del  Poder  Público  en  sus  diferentes ámbitos  Nacional,  Estadal  y  Municipal.  Se  propone  reformar  leyes,  reglamentos  y disposiciones que hayan  menoscabado las competencias de   los estados y municipios. Impulsará la profesionalización y modernización de la Administración y Función Pública para adecuarla a las exigencias de un Estado moderno.

Construir  una  sociedad  productiva  y  de  progreso.  Como  Gobierno  de  Unidad Nacional nos comprometemos a orientar el esfuerzo productivo hacia la diversificación de la economía basada en la creación y utilización del conocimiento. Impulsaremos una gran alianza de los sectores públicos y privados que facilite la creación de millones de empleos de calidad en las próximas décadas. Trabajaremos para asegurar los derechos a la propiedad privada y a la libertad económica, y para  desarrollar la libre iniciativa privada y el acceso de los ciudadanos a bienes y servicios de calidad.

Mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Nos comprometemos a diseñar y poner  en   práctica  políticas  que  mejoren  la  vida  de  los  venezolanos.  Para  ello, reconoceremos los beneficios otorgados, y trabajaremos para ampliarlos en cobertura y calidad. Estimularemos la participación de la sociedad en la prestación y seguimiento de programas y servicios sociales. Implementaremos reformas que contribuyan a reducir la inseguridad ciudadana, mejorar la calidad de nuestra educación, garantizar el derecho a la cobertura universal de                    la salud, ampliar  la formación  permanente para el  empleo, extender  los  beneficios  para  los  adultos  mayores,  satisfacer  las   necesidades  de alojamiento de la población, y cubrir adecuadamente los servicios públicos.

Proyectar  y  promover   confianza,  respeto   y  prosperidad   en  el  mundo.   Nos proponemos diseñar y ejecutar una política exterior amplia y soberana, que promueva la convivencia amistosa con  todos los países sobre la base de la confianza y beneficios mutuos, y proyecte los valores de  nuestra democracia. Queremos recuperar el carácter profesional  de  la  función  diplomática para  promover  los intereses estratégicos de la República.

Con fundamento en estas Bases Programáticas se inicia la segunda etapa de formulación, consulta y discusión de los Lineamientos de Políticas Públicas que guiarán el gobierno de Unidad Democrática.

Se conformaron comisiones técnico – políticas en diferentes áreas de la vida nacional y luego de casi un año de trabajo surgió el presente documento en el que se recogen los Lineamientos del Programa de Gobierno de Unidad Nacional.

El documento está estructurado en cinco áreas y cada una de ellas en sub-áreas en las que se presentan la situación actual y los lineamientos de acción para mejorarla.

El área de Institucionalidad Democrática, en la que luego de presentar el grave deterioro que ha  experimentado, se presenta el espíritu general del nuevo gobierno, sus bases normativas y las  fórmulas para apalancar las reformas normativas – institucionales y político – institucionales.

En el área de Buen Gobierno, se plantea el contexto de la actual administración pública y su ataque al  Estado Federal Descentralizado y se propone una Administración Pública centrada en la gente.

El área de Sociedad Productiva en la que se analizan las políticas económicas, petrolera, energética,  sistema agroalimentario, economía social y cooperativas, turismo, aduanas, desarrollo rural  territorial,  ciencia, tecnología e innovación, entre otras, y se plantean lineamientos de acción.

En  el  área  de  Calidad  de  Vida  son  tratados  aspectos  relacionados  con  la  seguridad ciudadana,  protección social, salud, educación, pensiones, cultura, deporte, desarrollo urbano y vivienda, ambiente, energía eléctrica, agua y saneamiento, transporte, vialidad, telecomunicaciones, gestión de riesgos, diversidad sexual y equidad de género.

Finalmente, en el área de Política Exterior se analiza nuestro contexto internacional, y se exponen los valores y agenda de interés nacional.

Todos estos temas fueron analizados y discutidos ampliamente por diferentes actores de la vida nacional, incluyendo los actores políticos.

Estos  Lineamientos  se  presentan  como  base  para  un  gobierno  de  unidad,  amplitud, diálogo y respeto que promueva el progreso de todos los venezolanos.

Institucionalidad Democrática

Introducción

El espíritu general del nuevo gobierno

La Unidad Democrática interpreta a las Instituciones en una democracia como la suma de conocimientos, convenciones y procedimientos acumulados por las sociedades, expresados en organismos funcionales, que generan tradiciones cívicas con el paso del tiempo, concebidos para promover el acceso a la ley y las soluciones a la ciudadanía sin distingos ni privilegios del poder político o económico. Una suma de valores e ideas en los cuales se asientan las formas republicanas de gobierno. Criterios que, como bien lo asentó nuestro Libertador Simón Bolívar en varias ocasiones, expresan la voluntad general y sobrepasan con mucho a los mandones y sus decretos. Las sociedades civilizadas son, por eso mismo, inmunes a los caprichos unipersonales y las visiones unilaterales de gestión pública.

La reinstitucionalización del país es una de las tareas más complejas y urgentes que deberá acometer el gobierno de Unidad Nacional en el próximo período constitucional. Su concreción constituirá el andamio sobre el cual se asiente una gestión de gobierno eficiente y honesta.

Un gobierno de Unidad nacional

La Unidad a la que debemos aspirar y con la cual debemos procurar adhesión no es la unidad entre los afines, sino la de la convivencia entre posiciones políticas diferentes e incluso contrapuestas, que encuentran garantías para su promoción en un espacio constitucional común.

Para la construcción democrática

La devastación institucional padecida en esta larga década, estimulada por la lava corrosiva del personalismo político y del autoritarismo, tiene que ser enfrentada con un profundo sentido de la institucionalidad. La Constitución de 1999 será pilar fundamental de esta lucha.

El levantamiento de la institucionalidad democrática implica rescatar los principios de la democracia electoral, pero también reivindicar otros valores esenciales de la democracia, como el pluralismo político y el respeto al Estado de Derecho y a los Derechos Humanos.

La construcción democrática no ignora el pasado ni pretenderá comenzar de  cero. En la Unidad Democrática existe clara conciencia sobre la necesidad de darle continuidad y fortalecer los aciertos de esta gestión y las anteriores, especialmente en aquellas que han redundado en conquistas para la ciudadanía.

Y la inclusión social

La oferta social del gobierno de la Unidad pertenece al corazón de su ideario. La inclusión social será uno de los grandes desafíos del nuevo gobierno. La política social debe estar en el centro de la agenda pública.

Podemos afirmar, a partir de lo expuesto, que es aconsejable preservar los niveles de protección social que el actual gobierno haya alcanzado, aunque  reconduciéndolos a la lógica institucional que ha de guiar las políticas y la actuación oficial. Debe producirse un corte categórico y visible con el uso clientelar de la política social, como también con las exclusiones ideológicas hoy imperantes en ámbitos relacionados con el ejercicio de derechos de participación y con el goce de derechos sociales.

Es importante tener una oferta social propia, que se traduzca en ganancias cualitativas y cuantitativas para el ciudadano. Esta política no tendrá sesgo ideológico condicionante.

Bases normativas para el nuevo gobierno

La Constitución de 1999

La base normativa fundamental para el nuevo gobierno es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual calificamos como una Constitución democrática, respetuosa del Estado de Derecho y de los derechos humanos. Constituye una plataforma jurídica aceptable para el despliegue de las políticas de un gobierno democrático; permite el funcionamiento de instituciones democráticas y garantiza los derechos humanos.

Modo de encarar la legislación inconstitucional

Las leyes o decretos-leyes inconstitucionales deben ser impugnados judicialmente, si aún no lo han sido. Adicionalmente, debe ejercerse la iniciativa legislativa del Presidente de la República para presentar proyectos de ley que desmonten las regulaciones contrarias a la Constitución dictadas en los últimos años.

Mientras no se modifique el marco legal en los puntos que la contravienen, será necesario  acometer reformas administrativas que permitan reconducir a la Constitución, tanto como sea posible, dentro de las pautas de actuación de las autoridades en los respectivos ámbitos de acción pública.

Lineamientos de acción

Instalar el Consejo de Estado

Una institución constitucional de gran importancia  que deberá ser rescatada es el Consejo de Estado, el cual no ha entrado en funcionamiento al no haber sido designados sus miembros.

Presidida por el Vicepresidente Ejecutivo, estaría dotada de pluralidad institucional u orgánica, al reunir en su seno a representantes de la Asamblea Nacional y del Tribunal Supremo de Justicia, así como a las personas designadas por el Presidente de la República, quienes deberían tener una autoridad moral que les proporcione representatividad social. Su tarea consistiría en pronunciarse, a requerimiento del Presidente de la República, sobre políticas de interés nacional que a juicio de aquél posean especial trascendencia.

Reformas político-institucionales

Reivindicar el estatus constitucional y las funciones de la Vicepresidencia Ejecutiva

El Vicepresidente Ejecutivo no puede ser un Ministro más, ni un simple  portavoz gubernamental, como ha ocurrido durante el actual gobierno. Debe ser una figura con estatura político-institucional, que ocupe una posición capital en el manejo de las relaciones del Poder Ejecutivo con la Asamblea Nacional, así como en la coordinación de la Administración Pública. Adicionalmente, debería perfilarse como una instancia fundamental en la articulación del Poder Nacional con el de los Estados y Municipios, y particularmente en la promoción de la descentralización.

Respetar la función legislativa y de control de la Asamblea Nacional

El nuevo Presidente debería distinguirse por el respeto a las funciones de la Asamblea Nacional como institución fundamental de la democracia,  siendo éste uno de los campos en que habría que demostrar sabiduría, elevación política y coherencia con los principios proclamados.

En función del objetivo de fortalecimiento institucional, debe asumirse el compromiso de no proponer leyes habilitantes o, al menos, de no hacerlo con la extensión material y temporal de las solicitadas en el tiempo de vigencia de la Constitución de 1999.

El Presidente debería presentar ante la Asamblea Nacional proyectos de ley en relación con las materias que írritamente han sido reguladas por decreto ley en los últimos años, promoviendo un debate nacional sobre las mismas.

Suprimir las barreras ilegítimas a la participación política y social

El nuevo Presidente de la República debería requerir a los órganos del poder público que consideren carentes de efectos las sanciones de inhabilitación política dictadas por la Contraloría General de la República.

Deberá reformarse toda normativa reglamentaria que sujete el ejercicio de la participación política o social a la adhesión a una determinada ideología.

Deberá presentarse ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley de Referendos, que deliberadamente ha sido eludido por la mayoría oficialista en esta instancia.

Preservar los consejos comunales como instancias de participación

Los consejos comunales deben estar claramente perfilados como instancias de participación, en los términos del artículo 70 de la Constitución. Ellos deben ser deslastrados de todo sesgo ideológico-partidista así como de toda confusión que los configure como instancias híbridas que terminen asumiendo funciones públicas que le son ajenas.

Los consejos comunales deben estar en relación preferente con los Estados y Municipios, conforme a lo establecido en el artículo 184 de la Constitución.

Mediante reformas reglamentarias puede avanzarse mucho en esta dirección, suprimiendo, por ejemplo, la dependencia de estas organizaciones del Presidente de la República.

Garantizar la plena vigencia de los derechos humanos

Como muestra de la importancia que el gobierno democrático otorgará a los derechos humanos el gobierno haría pública su intención de invitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a realizar una visita oficial a Venezuela.

Se propondrá la pronta sanción de la ley sobre la reparación de las violaciones a los derechos humanos prevista en el artículo 30 de la Constitución.

Se revisará, en consulta con los sectores representados en las comunidades educativas, los planes curriculares, instructivos o prácticas que pretenden utilizar la enseñanza primaria y media como espacios para la ideologización, cerrados a la universalidad del pensamiento.

Respetar al Poder Judicial como garante de la Democracia

Promover un diálogo nacional sobre la situación del sistema de justicia, el cual podría desembocar en un compromiso institucional que involucre a todos los poderes públicos y a los sectores sociales.

Propiciar, en el seno de la Asamblea Nacional, un debate dirigido a consolidar la profesionalización de la Defensa Pública, la Carrera Judicial y del Ministerio Público

Proponer la discusión de la Ley de la Carrera de Penitenciaristas y de la Ley de creación del ente autónomo y técnico del Sistema Penitenciario.

La Fuerza Armada Nacional

Restablecer la plena vigencia del artículo 328 de la Constitución, hoy en entredicho, que define las funciones de la Fuerza Armada como una instancia institucional ajena a intereses partidistas y subordinada al poder civil.

Proponer la revisión de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación.

Eliminar la Milicia Bolivariana como componente militar dependiente del Presidente de la República. Reconducir a los integrantes que manifiesten su voluntad de seguir en servicio a los componentes de la Reserva.

Profesionalizar la tropa. Eliminar gradualmente al soldado no profesional.

Adecuar los planes de defensa, planificación, entrenamiento, doctrina y empleo a las amenazas multidimensionales a la seguridad y defensa definidas por el ejecutivo en concordancia con el Consejo de Defensa de la Nación previsto en el artículo 323 de la Constitución.

Reforzar  los Teatros de Operaciones.

Democratización de las comunicaciones

Lineamientos de acción

Entre la legislación que debe revisarse está la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos; la Ley Orgánica de Telecomunicaciones; el Código Penal; la Ley de Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios. Debe procederse a la reestructuración   del Directorio de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos.

Se restituirá la concesión a RCTV. Decisiones similares se adoptarían en relación con emisoras de radio írritamente tomadas por el Estado.

Se pondrá inmediatamente término al uso político-partidista de  VTV y demás medios públicos, así como a la asignación discriminatoria de la propaganda oficial.

Implementaremos un sólido Servicio Público de Radiotelevisión, no-gubernamental y regido por una autoridad independiente.

El nuevo gobierno de Unidad Nacional limitará en duración y en frecuencia el uso de cadenas de radio y televisión adoptando un criterio de interés público.

Estudiar, a través de una comisión de especialistas que cuenten con independencia política, las condiciones en que se encuentran Telesur y Radio del Sur para servir efectivamente como parte de  proyecto de integración de América Latina.

Promoveremos el debate sobre el proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública.

Restableceremos, en el ámbito de los medios comunitarios-alternativos, una real independencia a la hora de otorgar las debidas concesiones y del principio constitucional del pluralismo político y cultural.

Buen Gobierno

El gobierno del próximo período constitucional deberá hacerle frente a un entorno administrativo completamente desarticulado y destruido. Un sector público gigantesco y en completo desorden, con apremiantes demandas laborales pendientes; una gestión pública hipercentralizada y un estamento de funcionarios  maltratado, en la cual escasean los manuales de procedimiento y abunda el despilfarro y la improvisación. Será necesario tomar decisiones muy ambiciosas y de amplio espectro para que el próximo gobierno se asegure su éxito en el rendimiento de sus decisiones de gobierno.

El gobierno de Unidad Nacional que asumirá funciones en 2013 está completamente consciente de la profundidad del problema. Tiene un diagnóstico y un conjunto de soluciones pensadas para esta compleja circunstancia y enfrentará decididamente el deterioro que ha experimentado la administración pública, agravado de manera muy especial en el actual gobierno.

Lineamientos de acción

Hacia una Administración Pública centrada en la gente

Una nueva filosofía de gestión democrática

Entre las decisiones que deberán ser tomadas, destacan:

Reformar de manera progresiva la administración central. Es imperativo sistematizar un “Mapa del Estado” que permita una descripción de sus competencias, estructura organizacional, nómina de empleados y obreros, personal de carrera y contratado y relaciones de subordinación con otras organizaciones públicas.

Flexibilizar los mecanismos de reestructuración organizativa

Identificar solapamientos, inadecuadas asignaciones de tareas, confusión entre supervisor y supervisado. Fusionar instituciones según su naturaleza y propósito.

Racionalizar y simplificar el marco regulatorio.

Las organizaciones de la Administración Pública  deben convertirse en lugares de trabajo atractivos y para ello se requiere un esfuerzo amplio de inversión en la construcción de una imagen positiva y creíble de las actividades y condiciones de trabajo en el sector público.

En el manejo de los recursos públicos

La transparencia en la preparación y ejecución del presupuesto nacional, el origen del total de los ingresos y la asignación de los mismos, será un punto focal del Gobierno de la Unidad. El tratamiento de los diferentes fondos y programas sociales deben ser expuestos para conocimiento de los ciudadanos.

Se harán todos los esfuerzos para lograr la entrega a tiempo de los recursos que correspondan a gobiernos regionales y municipales.

Se combatirá la corrupción en todos  los niveles, sin contemplaciones, y aplicando el peso de la ley para acabar con la impunidad y mejorar progresivamente la confianza de la ciudadanía en la gestión pública.

En relación a los funcionarios públicos

Se dará aplicación estricta a la norma constitucional que establece que el ingreso a los cargos de carrera será mediante concurso público. Los ascensos estarán guiados por criterios científicos basados en sistemas de méritos en el desempeño.

Todo funcionario tendrá derecho a exigir criterios razonados sobre las actuaciones que los afecten directamente.

Elaborar un Reglamento de la Ley del Estatuto de la Función Pública (LEFP) que  prevea  todos los detalles relacionados con la realización de los concursos de ingreso, los requisitos y modalidades para la contratación de personal y la elaboración de los planes de personal.

Establecer la necesaria vinculación entre la evaluación del rendimiento y la compensación. La separación entre estos dos elementos constituye en la actualidad una desmotivación al buen desempeño.

Es imperativo que el sector público esté en capacidad de captar y retener talentos para ocupar las posiciones de dirección y su grado de compromiso con la actividad de la organización.

Las relaciones colectivas en el sector público y el manejo de los pasivos laborales

El gobierno de Unidad Nacional promoverá la transacción y concertación antes que la confrontación y descalificación.

Se reestablecerá el Diálogo Social en procura de un equilibrio en las relaciones colectivas con los funcionarios públicos, trabajadores y organizaciones que los representan.

Se creará la Comisión de Paz Laboral para allanar  fórmulas que permitan reconocer y honrar los pasivos laborales de todos los trabajadores de la Administración Pública.

El nuevo gobierno promoverá el respeto irrestricto a la Libertad Sindical, en conformidad con los convenios internacionales y las disposiciones constitucionales.

Se establecerán instancias de mediación y arbitraje, como El Servicio Nacional de Mediación y Arbitraje (SENAMED), adscrito al Ministerio del Trabajo y conformado por Listas de Mediadores y Árbitros propuestos por las Universidades y Colegios de Abogados del País.

Las empresas públicas

Cada empresa pública será sometida a una evaluación que permita conocer su situación en términos legales, financieros, de mercado, organizativos y laborales. Las empresas de Guayana serán objeto de una primera fase de diagnóstico para conocer el estado físico de las plantas, el alcance de los múltiples acuerdos con países y empresas comercializadoras y sobre la realidad del compromiso de  volúmenes importantes de producción a futuro.

Se recuperará  legitimidad institucional de la CVG y se   revisará  el papel del MIBAN como ente supervisor de la CVG, quien retomará su rol de ente planificador  y coordinador de las acciones a ejecutar.

Hacia el Estado Federal Descentralizado

El gobierno de la Unidad Democrática se compromete con la restauración del modelo de Estado Democrático, Federal y Descentralizado previsto en las disposiciones fundamentales de nuestra Constitución, violentado con felonía por el actual gobierno.

Este rumbo estará signado por cuatro aspectos fundamentales: 1) la subsidiariedad, que define que ningún ente superior debe interferir en la autonomía de un ente inferior 2); la corresponsabilidad fiscal, que no sólo debe mejorar la autonomía financiera a partir de la fuentes fiscales de los Estados y Municipios, sino que los ciudadanos puedan exigir responsabilidades por las decisiones de gastos; 3) la transparencia; y 4) la participación.

En materia de las competencias y servicios

Establecer el modelo a seguir para la administración de los servicios en Estados y Municipios, con una clara delimitación de roles entre niveles de gobierno y los mecanismos de coordinación intergubernamental.

Cada Ministerio o entidad pública adscrita al Ejecutivo Nacional deberá establecer una unidad responsable de la promoción y seguimiento del proceso de descentralización en relación con su ámbito de atribuciones.

Proponer e impulsar la reforma de la Ley Especial sobre el Régimen del Distrito Capital para garantizar la elección directa de la autoridad en este territorio. A su vez, se propondrá la Ley del Distrito Metropolitano de manera tal que se precisen las competencias y los recursos respectivos.

En materia fiscal

La principal medida es la de garantizar a lo largo del año 2013, la transferencia del 20% de los ingresos ordinarios del presupuesto por concepto de Situado Constitucional, tope establecido en la Constitución. Esto obliga a la integración o eliminación de los fondos parafiscales (FONDEN y otros) dentro de un presupuesto único.

Se propondrá la reforma de la Ley de Contribuciones Especiales sobre Precios Extraordinarios y Exorbitantes de Hidrocarburos. La base del cálculo del Situado Constitucional será el ingreso público ordinario total.

Racionar y sincerar el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), con nuevos parámetro para el cálculo del Índice relativo de desarrollo y con nuevos criterios para la elaboración del baremo que orienta la formulación  de los proyectos de inversión.

Solicitar la aprobación de la Ley de Hacienda Pública Estadal, cumpliendo el mandato constitucional.

Proponer la reforma de la Ley de Asignaciones Económicas Especiales para  devolverle  su orientación inicial,  desvinculando el reparto de sus recursos de los criterios del FCI.

En materia institucional: el Consejo Federal de Gobierno (CFG)

El gobierno de la Unidad Nacional se apoyará en el Consejo Federal de Gobierno para fortalecer su soporte político-deliberativo.

La pluralidad político-regional de este Consejo asegura un sustento democrático y un arraigo en las entidades federales.

La potenciación de la fuerza legitimadora de esta instancia debería ir acompañada de un diseño de políticas que  incorpore a los Estados y Municipios en la definición de los grandes asuntos nacionales. Igualmente, deben abrirse cauces de auténtica participación social, incluyendo a los consejos comunales.

Se propondrá la modificación de la Ley del CFG y su Reglamento para su adaptación al espíritu de la Constitución.

En materia de participación comunitaria y desarrollo municipal

Proponer la reforma de las Leyes de los Consejos Estadales de Planificación y de los Consejos Locales de Planificación Pública, para mejorar el proceso de participación de la sociedad organizada en la gestión pública estadal y municipal. Igualmente será necesario plantearse reformas a las leyes del Poder Popular, de Consejos Comunales y  de Comunas.

Iniciar la discusión de la reforma del Régimen del Poder Municipal para garantizar un gobierno de las ciudades y las mejoras de la eficacia del gobierno local, especialmente en materia de planificación, ordenación territorial y urbanística.

Rescatar el carácter electivo de las Juntas Parroquiales.

Sociedad Productiva

Política económica

Lineamientos de acción

Promover la creación de empleo y el crecimiento de la actividad productiva

Además de crear un ambiente de seguridad jurídica y estabilidad económica, propicio a la inversión, el gobierno de la Unidad Democrática influirá favorablemente en la actividad interna por medio de una planificación adecuada.

Cuatro elementos son  indispensables en este punto:  un plan integral para el sector energético; la consolidación de un moderno Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación; el establecimiento de un programa de desarrollo territorial rural; y el fortalecimiento de Redes Socio-Productivas vinculadas con el Cooperativismo y la Economía Social.

El gobierno de Unidad Nacional focalizará los incentivos; diseñará programas de conversión de deuda en inversión; fortalecerá programas de investigación de mercados, y de ciencia y tecnología en cooperación con las universidades nacionales; formará empleados públicos capacitados en funciones comerciales; renunciará a la aplicación arbitraria de medidas cautelares (decomiso, cierre e intervención u ocupación de empresas); diseñará programas para contribuir a revertir la acelerada obsolescencia del parque industrial; mantendrá programas de capacitación y entrenamiento para el trabajo productivo con énfasis en la población joven; y promoverá la creación de pequeñas y medianas empresas como base de la diversificación económica, la captación de capitales y la generación de empleos

Ningún esfuerzo bastará para mantener empleos de calidad si el nuevo gobierno no se compromete con la progresiva reducción de la inflación. El gobierno de Unidad Nacional dará especial atención a los grupos vulnerables desde la perspectiva del mercado laboral, específicamente los jóvenes y las mujeres en condiciones de menor capacitación

Redirigir las prioridades del Estado

La velocidad a la que pueda avanzarse en la reorientación del Estado dependerá de la situación en que se encuentre la administración pública al terminar el actual gobierno.

En esta investigación son de particular importancia las auditorías por realizar a PDVSA, fondos parafiscales (como el FONDEN), Misiones sociales, BCV y banca del Estado. Dicha información debe ser completamente pública. El conjunto de leyes aprobado por ley Habilitante y por la Asamblea Nacional para conformar un “Estado socialista” que, desde todo punto de vista, formaliza una legalidad de hecho, debe ser revisado en profundidad

La Constitución no define un Estado que monopolice las competencias de los medios de producción. No corresponde al Estado ser el único proveedor de bienes y servicios, ni fijar los precios a los que cada uno deba venderse, sino proteger a los más vulnerables dirigiendo a ellos su gasto de consumo, promoviendo el crecimiento económico mediante sus propias inversiones, estabilizando los precios por medio del control de sus propios gastos  y desarrollando un conjunto de regulaciones  pertinentes.

Entendiendo que ningún Estado puede darle entera satisfacción material ni cultural a la sociedad, le corresponde mantener un ambiente propicio para que la sociedad trabaje en su propia satisfacción y en la provisión de recursos para el Estado. No debe subordinarse la sociedad al Estado. Debe subordinarse el Estado a la sociedad.

Reorientar la gestión fiscal y reorganizar las finanzas públicas

El gobierno de Unidad Nacional integrará las Misiones dentro de un plan coherente y articulado, que reduzca la discrecionalidad del Despacho de la Presidencia y responsabilice a los Ministerios de eficiente administración de los recursos.

Emprender nuevos planes de inversión permitirá construir necesarias obras de infraestructura y dar mantenimiento a las existentes, al tiempo que se generen masivamente nuevos puestos de trabajo.

Depender de los volátiles ingresos petroleros ha probado ser muy perjudicial para Venezuela. Ello explica la introducción del IVA y la creación del SENIAT en 1993 y 1994, respectivamente, y el mantenimiento de ambos hasta la fecha.

El gobierno de Unidad Nacional no puede prescindir de estos instrumentos, ni de la mejor recaudación de impuestos sobre la renta, de aduanas y otros tributos. Es preciso mejorar la progresividad del régimen fiscal, pero procurando darle estabilidad, de modo que el gobierno pueda hacer presupuestos creíbles de sus gastos.

A pesar del actual endeudamiento del gobierno y de PDVSA, mejorar la gestión fiscal sin provocar una severa caída del producto y el empleo obligará al próximo gobierno a solicitar créditos adicionales a la Asamblea Nacional. Para ello tocará al nuevo gobierno informar a la comunidad financiera internacional la situación de las finanzas públicas, sus necesidades previstas de endeudamiento y el cronograma proyectado de pagos y amortizaciones, con la intención de contribuir a reducir la prima de riesgo del país y abrir nuevas fuentes de financiamiento.

Revisar la política cambiaria

La política cambiaria adoptada por el actual gobierno debe cambiar. Es deseable un tipo de cambio único y competitivo, similar al que existe en el resto del mundo, que facilite a Venezuela vender sus productos a otros países y producir para consumo e inversión internos.

Sin embargo, como consecuencia de las graves distorsiones provocadas, no es posible la súbita eliminación del control, que implicaría una maxidevaluación de nuestra moneda.

La eliminación del control debe ser gradual, puesto que su buen resultado requiere de la credibilidad y el éxito relativo de las políticas económicas y de la percepción de estabilidad de la economía para lo cual se recomienda mantener un sistema dual orientado a la futura unificación del tipo de cambio.

Restituir la autonomía del Banco Central de Venezuela

Defender la estabilidad del valor interno y externo del bolívar es una responsabilidad del BCV y para ello ha sido dotado de autonomía frente al gobierno y otros intereses, y de independencia para diseñar y ejecutar las políticas a su cargo. Aunque por décadas sus instrumentos de política han sido insuficientes para contener la expansión monetaria de origen fiscal, la autonomía que le confiere la Constitución  permitiría al emisor diagnosticar y divulgar las causas de la inflación y la debilidad del tipo de cambio y aplicar las medidas que estén a su alcance para promover la estabilidad monetaria.

Fortalecer el sistema financiero en la  intermediación y gestión de riesgo

No es posible flexibilizar el control de cambios sin tener en cuenta sus efectos sobre el sistema financiero. Sin menores tasas de inflación será imposible mantener tasas de interés creíbles reales positivas, que a pesar de ser necesarias para estimular el ahorro nacional, sólo podrán lograrse gradualmente.

Resguardar y proteger los depósitos que mantiene el público en los bancos venezolanos no sólo requiere de una efectiva supervisión y de un sólido fondo de garantías que cumpla con su objeto de proteger los depósitos sin crear incentivos perniciosos, sino además que prevalezca un ambiente de estabilidad económica.

Es fundamental racionalizar la regulación del crédito y las cargas fiscales de la banca, así como promover una gestión de riesgos que aseguren la solvencia del sistema. La estabilidad económica e institucional es condición necesaria para que la banca cumpla a cabalidad con las responsabilidades que le corresponden.

Reconocer la propiedad privada  y flexibilizar controles de precios

Una tarea política indispensable es explicar convincentemente que para lograr mejores empleos y menor inflación se requiere de mayor oferta, innovación y variedad de bienes y servicios, objetivo éste imposible de cumplir sin nuevas inversiones que amplíen la capacidad productiva; y que estas, a su vez, no se materializarán sin un reconocimiento explícito de la protección de los derechos de propiedad.

Ocho años de controles de precios hacen evidente su ineficacia como política antiinflacionaria: Venezuela es uno de los pocos países del mundo que mantienen controles de este tipo, y uno de los que sufren de mayor inflación.

La flexibilización de los controles debe ser gradual, consensuada y contingente, reconociendo la existencia de presiones inflacionarias de origen fiscal y cambiario. Flexibilizar gradualmente los controles es una tarea políticamente difícil y administrativamente compleja. La flexibilización gradual es indispensable para que su futura eliminación pueda estimular efectivamente la actividad privada, la diversificación productiva y el uso eficiente de los recursos.

Crear el Fondo de Estabilización Macroeconómica y discutir los fondos de ahorro

El gobierno de Unidad Nacional promoverá un nuevo Fondo de Estabilización Macroeconómica que establezca reglas sencillas y claras de aportes y retiros según la coyuntura económica.

Además del Fondo de Estabilización ha sido sugerida una variedad de fondos de ahorro e inversión en desarrollo humano y social, que promuevan la igualdad de oportunidades, cuyo estudio se recomienda ampliamente. Los distintos diseños propuestos pretenden cumplir con al menos dos objetivos básicos: i) Contribuir a reducir la voracidad fiscal y la transmisión de la volatilidad del mercado petrolero a la economía venezolana; y ii) generar un cambio positivo en la actual relación entre Estado, Sociedad y Petróleo, de modo que los ciudadanos logren un mayor control sobre los recursos provenientes del Petróleo, una transparente rendición de cuentas, y un beneficio de una riqueza de la que son legítimos dueños. En la evaluación de diversas opciones deben hacerse explícitas, entre otras cosas, consideraciones sobre justicia distributiva, sostenibilidad intertemporal, oportunidad y alcance de su aplicación, e impacto fiscal.

Política Petrolera

Situación actual de la industria petrolera

Retomando los objetivos indicados en el Plan de Negocios 1999-2008, PDVSA presentó en agosto de 2005 el Plan Siembra Petrolera (PSP). Con él pretendía incrementar la producción de crudo a 5,8 millones de barriles diarios (Mb/d) en 2012. La producción de gas subiría, de acuerdo al plan, hasta 9.780 millones de pies cúbicos por día (Mpc/d) (un 42%).

El Plan no se cumplió. En 2007 se anunciaron cambios. Se mantuvo la meta de producción y de refinación para 2012 y se incrementó la meta en la producción de gas de 9.780 a 11.500 Mpc/d para 2012.

Se anunció el desarrollo de tres módulos para la producción de 615.000 b/d de crudo mejorado, la construcción de 2 ciudades alrededor del complejo de procesamiento de crudos pesados, la construcción de 4 nuevas refinerías [Cabruta (400.000 b/d), Batalla de Santa Inés (50.000 b/d), Zulia (200.000 b/d) y Caripito (50.000 b/d)], la agregación de capacidad de conversión profunda a las refinerías de Puerto La Cruz, Centro de Refinación Paraguaná (Amuay y Cardón) y El Palito y la inversión en refinerías fuera de Venezuela.

Nada de esto fue cumplido. Venezuela es uno de los países petroleros del mundo que menos produce respecto al volumen de sus reservas naturales.

Lineamientos de acción

Las fuerzas de la Unidad Democrática quieren dejar sentado de una buena vez que no tienen ninguna intención o interés en privatizar la industria petrolera, como de forma falaz y tendenciosa han afirmado los voceros del actual gobierno. La restitución y vigencia de los valores asentados en la Constitución Nacional –violentados sin recato durante estos 13 años de gestión- constituyen la orientación transversal de la MUD y el eje vertical de su proceder. Mal podrían las fuerzas democráticas llevar adelante una iniciativa en la cual tal disposición está expresamente prohibida.

Oportunidades productivas para la industria de hidrocarburos en Venezuela

Aumentar la capacidad de producción de crudos en el país

Venezuela tiene más de una década con su producción petrolera estancada o en descenso. El patrón de consumo energético previsible aconseja invertir en el desarrollo de las reservas de crudos del planeta, a pesar de la actual crisis mundial. Tales inversiones incrementarían la capacidad de producción global ante el crecimiento esperado en la demanda de China, India y otros países en desarrollo, contribuyendo a estabilizar los precios del crudo. Aunque el interés por estabilizarlos pueda ser compartido por la mayoría de los miembros de la OPEP y por otros países petroleros, pocos de ellos tienen reservas como para aumentar significativamente su producción. Venezuela está entre los que podrían hacerlo y le conviene comenzar a invertir para incrementar su capacidad futura de producción.

Invertir en exploración y desarrollo de nuevos campos, mantenimiento incremento de la producción de los yacimientos activos,  recuperación de los inactivos e investigación y desarrollo de nuevas tecnologías son tareas necesarias para aprovechar las reservas venezolanas.

Utilizar adecuadamente las reservas de gas natural y reconsiderar la orimulsión

La producción de gas natural en Venezuela ha estado asociada a la producción petrolera. Por décadas el gas asociado se ha inyectado en los yacimientos de crudos para mejorar su recuperación. Ha sido utilizado como combustible en refinación, la industria eléctrica y manufacturera, en el uso doméstico y comercial y como sustituto de la gasolina en el parque automotriz. Ha jugado un rol importantísimo como insumo petroquímico y en la reducción del mineral de hierro para la industria siderúrgica.

En este último uso contribuyó a convertir a Venezuela en el primer exportador de briquetas en el mundo. Sin embargo, en la última década, la reducción de la producción de crudos, la declinación de los yacimientos que requieren incrementar el gas de inyección, y la falta de concreción de los programas de desarrollo de gas libre, han llevado a Venezuela a sufrir un déficit creciente que ha obligado a la importación de gas de Colombia.

Aunque la orimulsión es un combustible más limpio que el carbón, su exportación depende de la recuperación de la reputación de PDVSA como único productor y de los acuerdos establecidos con la OPEP con respecto a las cuotas de exportación de Venezuela.

Rediseñar el parque refinador

Las refinerías existentes en Venezuela han comenzado a sufrir paros no programados, con niveles de siniestralidad que podrían evitarse con mantenimiento adecuado y personal calificado. Las refinerías que se anunciaron en los planes de PDVSA durante el actual gobierno (y que aun no se han construido) tienen una capacidad inferior a la necesaria para un país con nuestras reservas de crudos extrapesados, y su dispersión y ubicación elevan innecesariamente el costo de transporte de crudos y productos.

Es preciso evaluar integralmente nuestro parque refinador como sistema (tanto el existente como proyectado dentro y fuera de Venezuela), con miras a establecer un plan de recuperación, fortalecimiento, expansión y relocalización, teniendo en cuenta la máxima sinergia de diseño, personal de construcción, mantenimiento y operación.

Promover la petroquímica

La petroquímica es una genuina diversificación industrial no petrolera. Como productos finales, se supone que el metanol y los fertilizantes siempre tendrán una demanda asegurada. Del mismo modo los polímeros, que pueden ser exportados o adquiridos por empresas locales para la fabricación de cientos de productos de uso cotidiano, exportables a su vez a los mercados naturales de Venezuela.

El desarrollo de la petroquímica depende del precio y la disponibilidad de dichos insumos, del acceso a alta tecnología, del costo del capital (que en Venezuela aun es muy alto por el riesgo país), de la política impositiva y de la fase en la cual se encuentren otros proyectos en el mundo, que pueden alcanzar rápidamente un nivel óptimo global.

Revisión del marco institucional para el desarrollo de la industria de hidrocarburos

Reestructurar PDVSA como parte de la industria

PDVSA debe ser orientada hacia el desarrollo de capacidades tecnológicas, administrativas y comerciales. Ello requiere al menos diez condiciones:

• Separar el cargo político del Ministro con competencias en hidrocarburos de la Presidencia de PDVSA y ampliar la composición de su Asamblea de Accionistas.
• Transferir a los Ministerios competentes los programas sociales actualmente a cargo de PDVSA.
• Honrar los compromisos laborales legalmente adquiridos por la empresa hasta la fecha, incluyendo los derechos violados de los trabajadores despedidos entre 2002 y 2003.
• Identificar cuáles son las áreas críticas que actualmente o en el futuro requerirán de personal especializado y crear incentivos para atraer a Venezuela un talento humano potencialmente escaso, teniendo en cuenta a los venezolanos que fueron retirados de la empresa desde 2002 y que actualmente trabajan en empresas petroleras de otros países, así como a algunos jubilados.
• Auditar las finanzas de la empresa.
• Revisar los convenios internacionales firmados con otras empresas y gobiernos, asegurando el riguroso cumplimiento de todas sus cláusulas cuando hayan sido establecidas de conformidad con la Constitución y las leyes.
• Limitar las contribuciones fiscales de PDVSA al pago de impuestos y regalías, suspendiendo las transferencias al FONDEN u otros fondos parafiscales discrecionalmente administrados por el Ejecutivo.
• Revisar la situación de los proyectos de inversión en curso (los programados para el 2014 y siguientes y los que tienen financiamiento garantizado para evaluar y jerarquizar las inversiones según su avance y pertinencia).
• Incorporar nuevos proyectos urgentes para el mantenimiento de las operaciones y descartar aquellos cuya factibilidad económica o viabilidad de ejecución no esté claramente demostrada.

Incrementar la participación privada en la industria de hidrocarburos

PDVSA no cuenta con los recursos humanos, tecnológicos y financieros para realizar por sí sola la totalidad de las inversiones que tiene planteadas.

Durante una década no se han hecho inversiones significativas en nuevos proyectos debido a la falta de credibilidad que generan la debilidad del marco institucional, el incumplimiento de contratos y la incompetencia de las autoridades.

A ello se suma la existencia de reservas en otros países, la lentitud en la expansión de la capacidad instalada mundial para convertir crudos extrapesados y mejorarlos y el posible cambio del patrón energético alternativo al basado en hidrocarburos durante el siglo en curso.

Las normas constitucionales no imponen directamente la proporción accionaria que PDVSA deba mantener en sociedad con otras empresas, ni exigen la presencia de PDVSA en todas las actividades vinculadas con hidrocarburos, ni prohíben la competencia en el sector. Restricciones de este tipo se han impuesto en el marco legal a partir de 2006.

Venezuela podría perder la oportunidad de lograr una buena parte de las inversiones por hacerse en el planeta si el Estado no flexibiliza el marco legal vigente y amplía las disposiciones contenidas en la Ley de Hidrocarburos de 2001 y la Ley de Hidrocarburos Gaseosos de 1999.

Igualmente, se debe determinar una regla de incremento gradual en los precios de los hidrocarburos consumidos en el mercado interno.

Crear un ente regulador independiente con competencia en hidrocarburos

Aunque tocaría al ente hacer cumplir a las empresas la política aprobada al Ministerio, su autonomía le permitiría proponerle alternativas y proveer criterios técnicos y fiscales para resolver posibles diferencias entre las empresas y el Ministerio. Entes con estas características ya existen en Brasil y Colombia.

Fortalecer la capacidad técnica, reguladora y supervisora del Estado y de organizaciones no gubernamentales, con independencia de los cambios de gobierno, implica asignar responsabilidades a los funcionarios del ente que hasta entonces habrían sido atribuciones del Ministerio, disminuyéndose el alcance de las políticas de este.

Las experiencias de Brasil y Colombia sugieren que separar claramente los roles del Ministerio (ente político), las empresas (operadoras) y el regulador (ente ejecutor técnico) confieren credibilidad a las políticas del sector y ponen límites al poder de las empresas.

Política energética

Lineamientos de acción

Cada vez se hace más imperiosa la necesidad de avanzar hacia un enfoque integral de política energética que tome en cuenta sus precios, su abundancia o escasez relativa, la eficiencia y los costos de producción.

Esta política energética integral deberá ser el resultado de un acuerdo nacional que establezca unos criterios generales, técnicos, económicos y políticos, sobre los cuales adoptar las decisiones fundamentales encaminadas a propender al desarrollo del sector energético de manera integral y planificada.

La formulación de la Política Energética Integral deberá estar a cargo de una Comisión Nacional integrada fundamentalmente por equipos técnicos de alto nivel y de la más alta calificación. La Comisión propondrá las prioridades nacionales en el desarrollo de los distintos recursos energéticos y evaluará el desarrollo de fuentes energéticas  alternativas.

Sistema agroalimentario nacional

Lineamientos de acción

El gobierno de Unidad Nacional tomará medidas, necesariamente graduales, para desmontar los obstáculos que entorpecen la producción, el transporte, procesamiento e importación de alimentos, forrajes, equipos, insumos y materias primas. Estas medidas deberán colocar en salvaguarda los intereses de los consumidores y evitar el desabastecimiento.

Se actuará con firmeza para impedir invasiones, abigeato, secuestros, robo de equipos, así como para garantizar la seguridad para el transporte de alimentos e insumos.

Se pondrá en marcha el proceso de desvinculación de los entes públicos de las actividades productivas o comerciales, salvo aquellas indispensables para atender a la población de menores recursos.

Se mejorará significativamente la vialidad rural iniciando el asfaltado de los 23.000 km requeridos y optimizando las condiciones de transitabilidad de otros 40.000 km.

Se presentará ante la Asamblea Nacional propuestas para la firme titulación de las tierras, otorgándole prioridad a la pequeña y mediana propiedad

Se realizarán el catastro nacional de tierras rurales.

Se creará la red nacional de apoyo tecnológico y capacitación, así como el desarrollo de un sistema de provisión de semillas certificadas, vacunas, insumos, equipos y maquinaria adecuada. Utilización de plantas y animales genéticamente modificados bajo estricta supervisión de una Comisión Nacional de Bioseguridad.

Propiedad

Lineamientos de acción

Prohibir cualquier vinculación de los procesos de registro público de documentos con funcionaros o ciudadanos de origen extranjero

Enfatizar el apego irrestricto del nuevo gobierno a los preceptos de la Constitución, incluyendo  lo atinente al respeto de los derechos de propiedad.

Asumir, como principio rector de la política del nuevo gobierno, el compromiso de entregar títulos de propiedad, tanto de tierras como de viviendas.

Prohibir —vía decreto— a todos los órganos del poder ejecutivo central la instrumentación de cualquier modalidad de intervención que vulnere las garantías constitucionales.

Iniciar la construcción de consensos con todos los actores involucrados, que permitan la reanimación del mercado de alquileres.

Decretar la emergencia administrativa de los entes respectivos (MAT, INTI, MILCO, MINVI, Procuraduría General, entre otros).

Accionar legalmente en contra de los artículos inconstitucionales que presenta cada uno de los instrumentos normativos que menoscaban el derecho a la propiedad: Ley de Tierras y Desarrollo Agrario; Ley de Tierras Urbanas; Ley de Emergencia para Terrenos y Vivienda; Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso de Bienes y Servicios; Ley de Ilícitos Cambiarios; Ley de Propiedad Familiar y Multifamiliar; Ley de Arrendamientos y Ley de Costos y Precios Justos. El artículo 6 de la Ley de Defensa Para el Acceso de las Personas a los Bienes y Servicios declara la utilidad pública e interés social de prácticamente todos los activos económicos de los ciudadanos.

Revertir de manera inmediata y permanente (titularizar) aquellas tierras “rescatadas” no regularizadas (abandonadas) a sus antiguos propietarios, pudiendo considerarse dicha acción como pago indemnizatorio por afectaciones de bienhechurías en los casos conducentes.

En cuanto a invasiones de activos privados, resaltar comunicacionalmente el carácter ilegal —e inmoral— de tales acciones, definir modelos de negociación que no supongan ni erogaciones onerosas para el Estado, beneficios grupales o individuales no justificables, o perjuicios no consensuados con los afectados, y actuar con determinación en los casos futuros que pudieran presentarse.

Desarrollar marco normativo para que el diseño de las políticas públicas conlleven hacia la democratización de la propiedad estatal.

Ajustar y reactivar la ejecución la Ley de Geografía, Cartografía y Catastro Nacional.

Economía social y cooperativas

Lineamientos de acción

El gobierno de Unidad Nacional fortalecerá las genuinas cooperativas, muchas de  ellas previas al gobierno actual, rescatará las recuperables, e impulsará nuevas, respetando su autonomía e independencia, en la idea de que se constituyan en empresas del futuro, en este sector clave de la sociedad productiva. También será un eje básico de acción la puesta en marcha de incubadoras de empresas que impulsen iniciativas individuales y cooperativas.

Se actualizará la estructura del Estado y las leyes relacionadas con la Economía Social y el Cooperativismo para: valorar el “capital social” desarrollado en las comunidades y erradicar políticas basadas en la manipulación de ellas; eliminar la intervención estatal en las cooperativas y el paternalismo estatal y toda forma de populismo promovida desde el poder con ellas como instrumento; promover procesos basados en la formación y capacitación para la Economía Social para la transformación del hábitat, particularmente en barrios y áreas rurales; impulsar sistemas de cofinanciamiento a través del cooperativismo de ahorro y crédito,  bancos  de recursos no monetarios, y formas cooperativas reconocidas como exitosas en otros países y en el nuestro.

Se promoverá la creación de un espacio de diseño y puesta en marcha de políticas públicas en esta área donde estén presentes: los gobiernos en sus distintos niveles, los trabajadores organizados, los empresarios, las comunidades organizadas, las cooperativas, y las universidades y organizaciones de derechos humanos, facilitando así procesos de codecisión, copropiedad y cogestión.

Turismo

Lineamientos de acción

El Gobierno de Unidad Nacional realizará acciones para estimular el crecimiento de la actividad turística en general, tales como atracción de inversiones en infraestructura turística y en aquellas que tienen por objetivo dar a conocer a Venezuela como un multidestino de calidad internacional.

Se promoverá la inversión privada, el desarrollo de la calidad de atención y la recuperación de imagen con proyección internacional. El gobierno en un rol promotor, asesor, supervisor, pero cada vez menos prestador de servicios hoteleros y turísticos.

El gobierno de la Unidad Nacional se concentrará en la construcción de infraestructura pública para permitir la llegada de turistas o su movimiento dentro del país y la puesta a punto de recursos públicos que puedan ser productos turísticos.  Fomentar la inversión privada, manteniendo la inclusión de la comunidad, con reglas de juego transparentes, seguridad jurídica.

El Estado deberá asumir la función de contribuir a mejorar la competitividad del sector turístico frente a la competitividad de otros países que ya ofrecen calidad de servicios a toda prueba.

Se reestructurará al MINTUR y al INATUR para que se adapten a la estrategia anteriormente señalada.

Política de aduanas

Lineamientos de acción

Desarrollo de sistemas automatizados, que permitan la evaluación, análisis, control y seguimiento de los procesos. Darle carácter público al Manifiesto de Carga, con la finalidad que los trámites puedan ser más transparentes.

Crear un sistema de información integrada que confronte la información recabada por los distintos entes (marítimos, portuarios, aéreo). Hacer legalmente obligatorio tanto el control físico de la descarga, como la divulgación del contenido de los manifiestos de carga, la cual activaría automáticamente los mecanismos contra la competencia desleal en contra de las llamadas “voladuras”.

Diseñar políticas como la aduana en factoría (figura de un depósito franco ubicado en las sedes de las industrias o sitios aledaños, el cual bajo control aduanero, permite importar mercancías con suspensión de los derechos de importación para su transformación y posterior reexportación o despacho a consumo, en algunos casos con un tipo de derechos más favorable).

Mejorar en el Sistema Portuario Nacional. Revisión del Régimen Tarifario Portuario y la Ley de Tasas Portuarias pues existen confusiones y solapamientos entre las tasas y los “derechos” que han permitido el rompimiento del principio de unidad de caja del Tesoro.

Revisión del régimen de contenedores en virtud de lo inadecuado de la infraestructura, así como la carencia de equipos y maquinarias especializada.

Desarrollo Rural Territorial

Lineamientos de acción

El Gobierno de Unidad Nacional implementará un Programa de Desarrollo Rural Territorial, el cual tendrá como objetivo fortalecer la participación de la población rural en los procesos políticos y en la toma de decisiones locales, y remover las barreras sociales que resultan de las diferencias de género, etnicidad, raza y estatus social.

Se creará una agencia nacional para el Desarrollo Rural Territorial (DRT). Las principales funciones de esta agencia serían: a) la investigación y estudios a fin de apoyar todo el proceso; b) la identificación y selección de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y de las organizaciones no-gubernamentales (ONGs) capaces de incentivar el proceso a nivel subnacional; c) la capacitación del personal técnico; d) el acompañamiento de los Consejos de Desarrollo Rural a nivel municipal, de los Consejos Comunales y las Juntas Parroquiales durante todo el proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación; e) las relaciones con las otras agencias públicas directamente vinculadas al proceso; f) el análisis, divulgación e intercambio de información sobre sus avances.

Ciencia, Tecnología e Innovación

Lineamientos de acción

El gobierno de Unidad Nacional promoverá la constitución de un real y moderno Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación (SCTI). El SCTI será un medio para desarrollar procesos de investigación, producción y transferencia de conocimientos, dirigidos a la construcción de una cultura científico-tecnológica en la sociedad y a la creación de bienestar para todos los venezolanos.

El gobierno de Unidad Nacional promoverá el desarrollo de políticas orientadas tanto a la generación local de tecnologías, como a la adaptación y mejora de las adquiridas en el exterior.

Se elaborará un sistema de educación y de promoción de la innovación que desarrolle recursos humanos altamente capacitados. Reactivar el Programa de Becas Gran Mariscal de Ayacucho, como instrumento para fortalecer masivamente la formación de recursos humanos especializados.

Reactivación, desarrollo y fortalecimiento de las relaciones y los convenios internacionales para insertar el SCTI venezolano en las corrientes científicas y tecnológicas mundiales  y coadyuvar así a su rápido crecimiento. Estrechar vínculos con los científicos y tecnólogos venezolanos residenciados en el exterior con el fin de facilitar el intercambio y estimular pasantías de ellos en laboratorios locales o de estudiantes de universidades venezolanas en los laboratorios de los expertos venezolanos en el exterior, para que trasmitan sus conocimientos a las nuevas generaciones.

Calidad de vida

La calidad de vida de todos los venezolanos ha descendido a niveles alarmantes en los últimos años. El actual gobierno dispone de un volumen de recursos gigantescos- producto de los precios petroleros más altos de la historia- para aplicar subsidios y paliar problemas estructurales, pero lo cierto es que la desafortunada suma de decisiones equivocadas, la escasa calidad de su recurso humano, la ineptitud y la ceguera ideológica de los mandos dirigentes oficialistas tienen a todos los ciudadanos de este país imbuidos en un infierno de contrariedades que se han ido convirtiendo en tradición.

Seguridad ciudadana

Situación actual

La situación de inseguridad y violencia en nuestro país se ha agravado de manera dramática en los últimos trece años. Para el año 1998, se cometieron en Venezuela 4.550 homicidios. El Ministerio de Interior y Justicia reconoció que en el año 2010 ocurrieron al menos 14.000 asesinatos, tres veces más que en el 98, es decir, 38 cada día. Nos hemos convertido en la nación suramericana con mayor índice de homicidios.

Amnistía Internacional ha calculado que en Venezuela circulan cerca de 12 millones de armas de fuego ilegales. La desconfianza que sienten los ciudadanos en nuestro sistema de justicia ha motivado que la mayoría de los delitos no sean denunciados.

El informe 2010 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, indica que desde nuestro país salió más del 50% de los cargamentos de sustancias ilícitas que por vía marítima llegaron a Europa.

Los años pasaron, uno tras otro: el presidente y sus ministros se han dedicado a evadir el tema, a tocarlo apenas diagonalmente, cuando es inevitable. Los venezolanos hemos pagado las consecuencias de esta actitud irresponsable.

Lineamientos de acción

El próximo Presidente del Gobierno de Unidad Nacional se pondrá al frente de la lucha contra el fenómeno criminal asumiendo que es el problema más grave de la nación; un tema de estado que compromete, incluso, la viabilidad futura del país.

Se creará un "Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana" que involucre a todas las instituciones del Estado. Las estrategias a desarrollar en cada localidad atenderán a la debida sinergia con la comunidad. Un ejemplo de ello será la creación de los Comités de Seguridad Vecinales.

Prevención del delito

Desarme nacional

Los cuerpos policiales nacionales, estadales y municipales, ejecutarán acciones destinadas a incautar las armas de fuego ilegales. Estas serán destruidas inmediatamente después de la realización de las experticias correspondientes.

La Dirección de Armamento de la Fuerza Armada Nacional otorgará permiso de porte de arma de fuego, sólo a aquellos ciudadanos que cumplan con los requisitos de Ley.

Los grupos civiles que han sido deliberadamente  armados en estos últimos trece años por el Ejecutivo serán una prioridad en la política de desarme.

Policías preventivas

Se dotarán a todas las policías preventivas del país de aquellos equipos que les permitan combatir de manera eficaz al delito (patrullas, armas de fuego de última tecnología, chalecos antibalas, entre otros). La seguridad ciudadana ocupará una posición privilegiada en las asignaciones presupuestarias.

Se incrementará el número de efectivos de estos cuerpos policiales, de manera que Venezuela cumpla con los estándares internacionales adecuados para los países con alta criminalidad.

Los funcionarios de estas policías percibirán un salario acorde con el riesgoso trabajo que a diario realizan, debiendo ser periódicamente actualizado. Gozarán también de una óptima seguridad social. Los ascensos por mérito de carrera serán garantizados.

La Policía Nacional será fortalecida, despolitizada, profesionalizada y será desplegada en todos los estados y municipios del territorio nacional. Se creará un sistema nacional de registro de policías activos y retirados, con información sobre su estatus de méritos y faltas.

Se implementará una plataforma tecnológica adecuada, con un único número de emergencias nacional (171), que facilite la denuncia ciudadana y la formación de una base de datos geográfica.

El Ejecutivo Nacional combatirá con firmeza a los grupos irregulares armados, nacionales o extranjeros, que actúan en los estados fronterizos o en el resto del territorio nacional.

Prevención social y comunitaria.

Se promoverán campañas, con la colaboración de los medios de comunicación, destinadas a fortalecer la cultura de la paz, la convivencia, la no violencia y los valores familiares y ciudadanos.

Se ejecutarán programas que permitan la reinserción social de las personas que se encuentren en situación de calle o estado de indigencia.

Se desarrollarán planes especiales destinados a atender a aquellos jóvenes que forman parte de las pandillas delictivas.

Se ejecutarán planes para prevenir y controlar la venta y el consumo de drogas ilícitas, alcohol y tabaco en las escuelas y liceos.

Se  fortalecerá la justicia de paz  y los métodos alternativos de resolución de conflictos en la comunidad.

Deben crearse los instrumentos legales e institucionales que permitan sancionar las pequeñas transgresiones a las normas.

El mantenimiento del alumbrado público, así como la construcción y recuperación de parques, canchas deportivas y otros espacios de convivencia,  serán una política prioritaria para el Estado. Se instalarán cámaras de seguridad en los sitios de mayor incidencia criminal.

Sanción del delito

Las sanciones establecidas en la ley deben ser aplicadas a todos aquellos que cometan hechos punibles, garantizando el debido proceso. La impunidad reinante debe cesar en Venezuela. Las instituciones del sistema de justicia deben funcionar con efectividad para eliminar así el inmenso retardo procesal que hoy existe. Para lograr estos fines se aplicarán las siguientes medidas:

CICPC

Los funcionarios policiales del CICPC obtendrán un salario acorde con su riesgosa labor, debiendo ser periódicamente actualizado. Igualmente, gozarán de una óptima seguridad social.

Se  aumentará el número de funcionarios para que  el mismo se encuentre acorde con los estándares internacionales adecuados a países con alta criminalidad.

El CICPC será dotado de los laboratorios y demás elementos científicos, técnicos y operativos que le permitan mejores condiciones para realizar la investigación criminal.

El CICPC debe extenderse por todo el territorio nacional, estableciendo dependencias operativas en cada municipio del país.

Este organismo mantendrá relaciones permanentes con los cuerpos policiales internacionales, en función de la cooperación técnica y jurídica.

Se fortalecerán los métodos disciplinarios que permitan la depuración de funcionarios que desarrollen conductas delictivas.

Ministerio Público

Este organismo debe ser despolitizado y sus actuaciones deben ser guiadas por criterios profesionales y legales.

El ingreso a la carrera de fiscal del Ministerio Público debe realizarse mediante concursos de oposición públicos y abiertos, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Debe incrementarse el número de fiscales en todo el territorio nacional, con la finalidad de que los mismos puedan actuar diligentemente en los expedientes que se encuentren a su cargo.

Tribunales penales

El Poder Judicial debe ser despolitizado y sus actuaciones deben ser guiadas por criterios profesionales. Debe garantizarse el principio de separación de poderes y el de autonomía en el Poder Judicial.

El ingreso a la carrera judicial y el ascenso de los jueces debe realizarse por concursos de oposición públicos y abiertos, que aseguren la idoneidad de los administradores de justicia (Art. 255 de la Constitución).

Debe aumentarse el número y capacitación de jueces penales (Control, Juicio, Ejecución, Cortes de Apelación, entre otros).

El alguacilazgo debe ser redimensionado para que coadyuve de manera efectiva con la actividad judicial. Se incrementará su personal.

Sistema penitenciario

Los penales serán dirigidos por penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias.

El sistema penitenciario será descentralizado y administrado por las gobernaciones y alcaldías.

Los condenados serán separados de los procesados. La población penitenciaria se reubicará según la clasificación estándar: máxima, media y mínima peligrosidad, u otros criterios criminológicos.

Se construirán nuevos recintos carcelarios y los ya existentes serán acondicionados para el respeto de los derechos humanos de los internos.

La señal de los celulares será bloqueada en el perímetro de las cárceles, de esta forma se evitará que dentro de ellas se continúen ejecutando o coordinando diversos delitos.

Se creará un nuevo funcionario “Defensor de los Derechos Humanos de los Presos”, que ya existe en otros países, con capacidad de generar respuestas, que ejerza control y vigilancia sobre abusos, atropellos y deficiencias importantes de las cárceles.

Alimentación y Nutrición

Lineamientos de acción

El gobierno de la Unidad Democrática propone la elaboración de un Plan de alimentación y nutrición integrado a la salud. Se creará el programa de atención universal a los lactantes y preescolares y se mejorará la atención a la mujer desde la preconcepción. Especial cuidado se brindará a los menores de 2 a 5 años de edad. Se creará el programa nacional de atención integral de la embarazada, priorizando la adolescente embarazada.

Se retomarán los programas de yodación de la sal y el enriquecimiento de harinas. En general, se dará prioridad y fortalecerán los programas materno-infantiles, de protección médico-asistenciales y sociales y los de educación en nutrición, salud y estilo de vida, además del programa de salud escolar que incluya vigilancia antropométrica e inmunizaciones.

Se propondrá la creación del Instituto de Nutrición y Salud Pública, y se propiciará su articulación con los Ministerios de Agricultura y Tierras, Alimentación, Educación, Salud y Deportes.

Especial atención se dará al fortalecimiento de la red Mercal, incorporando el elemento educativo, de despistaje en parámetros de salud nutricional, con la incorporación de promotores comunitarios.

Se apoyará la producción nacional de alimentos en congruencia con las necesidades de la población y sobre la bases de las metas nutricionales actualizadas del país.

Protección Social

Lineamientos de acción

Se plantea el diseño y la consolidación de un Sistema de Protección Social y Empleo (SPSE) que incorpora un conjunto integrado de respuestas dirigidas a mejorar las capacidades de las familias para salir de la pobreza.

Características del sistema

• Se conformará de manera progresiva, pero en la perspectiva de cubrir a todas las familias en situación de pobreza y con otras vulnerabilidades que limitan su libre desarrollo.

• La familia tiene un rol de corresponsabilidad y participará activamente en la construcción de las propias capacidades para superar su condición de vulnerabilidad.

• Un criterio central en la selección de componentes del sistema es su potencialidad para prevenir, proteger y promover la capacidad de apropiada respuesta por parte de las familias ante los riesgos asociados a la pobreza.

Componentes

• Programas de transferencias en dinero condicionadas y no condicionadas.

• Transferencias bajo la forma de programas o servicios en áreas de protección social prioritarias, cuales son: ingresos y ocupación, modalidades de cuidado, educación, salud, habitabilidad, alimentación y apoyo legal.

Programas o servicios de apoyo al empleo: capacitación y formación laboral, nivelación de estudios, generación directa e indirecta de empleo, micro-emprendimientos y servicios de intermediación que facilitan la comunicación entre la oferta y la demanda.

Los tres componentes del SPSE están interrelacionados. El gobierno de la Unidad Nacional considera fundamental la transparencia y la eficiencia en la gestión de los programas sociales. Se establecerá un conjunto constatable de estándares para cada prestación, con la finalidad de garantizar su exigibilidad por parte de los destinatarios.

La generación de criterios de elegibilidad y promoción supone el diseño de parámetros simples y fácilmente verificables.

El SPSE deberá estar y mantenerse articulado a la institucionalidad del Estado. No incorporará bajo ninguna circunstancia intervenciones transitorias operativos o programas especiales.

El SPSE se financiará con recursos públicos regulares y el apoyo del sector privado.

El Sistema trabajará con base en: (1) un Manual de Operación donde esté claramente expresada su normativa y procedimientos; (2) un Plan de Protección Social y Empleo, flexible y sujeto a concertación, que cubra el período de gobierno;  y (3) un Plan Operativo Anual.

En la primera etapa del gobierno:

-          Se pondrá en marcha un Plan Trienal Descentralizado de Inversión Social y Empleo.

-         Se iniciará la ejecución del componente de transferencia bajo la forma de programas y servicios.

-        Se ampliará la cobertura de programas y servicios para familias con niños/as menores de 5 años y adultos mayores.

A corto plazo se iniciará, en todo el país, la implantación de programas de transferencia en dinero; así como de prestaciones en el componente de apoyo al empleo..

Durante los primeros tres años de gobierno se expandirá y consolidará el SPSE poniendo en operación las siguientes intervenciones.

• Todas las transferencias en dinero, condicionadas y no condicionadas. Lo que incluiría la pensión no contributiva a la población adulta mayor que no la está recibiendo.
• Todas las transferencias bajo la forma de programas o servicios que involucren a la infancia, la niñez y la adolescencia, la población adulta mayor, y la población con discapacidades.
• Todos los programas o servicios de apoyo al empleo. Capacitación y formación laboral, nivelación de estudios, micro-emprendimientos y servicios de intermediación.
• Redacción y las acciones de incidencia que conlleven a la aprobación de una Ley de Protección Social y Empleo.

Educación

Situación actual

El actual gobierno ha invertido mucho dinero en educación, pero los resultados obtenidos son bastante más discretos de lo que sugieren sus también voluminosos recursos propagandísticos.

1.883.947 alumnos abandonó el sistema en el periodo 1999-2010. El fracaso escolar en educación media (40%) y el bajo rendimiento en pruebas de comprensión lectora y matemáticas es alarmante. Alrededor de 200 mil alumnos egresados de 6º grado no encuentran cupo para el primer año de secundaria.

El descuido en la inclusión en edades escolares clave es evidente En el año escolar 2008-09 la tasa neta de escolaridad  de 3 a 5 años era de 70%; la de 12 a 14 de 70% y la de 15 a 16 de 47%.

Lineamientos de acción

Propuestas para la Educación Básica (Inicial y Primaria)

En la primera etapa del gobierno se dará la firma de un Acuerdo por la educación  y se priorizarán la educación oficial y privada subvencionadas, para atender poblaciones vulnerables. Se buscará alcanzar la educación inicial universal; para ello se propone el incremento de la matrícula preescolar hasta alcanzar el 100% de cobertura de los niños de 4 a 6 años.

Se impulsará y reorientará el programa de los hogares de cuidado diario y los simoncitos, para atender a la población infantil nacional de 0 y 3 años que actualmente es de 2.175.709.

Se implementará un programa de alianza estratégica entre la empresa privada y el Ministerio de Educación a fin de que la primera garantice la planta física, dotación y presupuesto operativo de los centros preescolares y el Ministerio de Educación proporcione el personal docente, directivo y seguimiento pedagógico.

El mejor maestro en primer grado.  Esta es una propuesta de aplicación inmediata y sin costos adicionales que mejora considerablemente las oportunidades de todos los alumnos al inicio de su escolaridad en Educación Básica.

Aumentar la cobertura y el presupuesto  del PAE en educación inicial y primaria y mejorar su organización y funcionamiento.

“Repitencia 0” en primer grado. Aunque ha disminuido notablemente, la repitencia en primer grado es aún muy alta. Proponemos en 3 años una formación masiva de los docentes de primer grado en técnicas de lectura, escritura y cálculo y la incorporación de niños al Preescolar.

En los primeros años nos proponemos rescatar las escuelas bolivarianas, evaluando las fortalezas y debilidades de las existentes y agregando los componentes que requieran para que cumplan con el estándar (PAE, biblioteca, laboratorio de computación, etc.)

Cerca de la mitad de las escuelas y liceos públicos de Venezuela están sin director. Nuestra propuesta incluye seleccionar directores en los primeros años de gobierno y formarlos adecuadamente para que sean promotores de mejoras de calidad en la educación y justicia social en las escuelas oficiales.

Incorporar a los padres y representantes en el control de los días y horas de clases y en la responsabilidad de llevar a los niños con puntualidad  a la escuela.

En particular se deberá promover el dominio de las áreas básicas (lenguaje y matemática) y la integración de la ciencia y la tecnología a las actividades cotidianas.

Propuestas para Educación Media

Proponemos al inicio del gobierno que se apruebe una Resolución del Ministerio de Educación, permitiendo temporalmente a profesionales no docentes como ingenieros, físicos, biólogos, ejercer como profesores a fin de cubrir las materias con escasez crítica de docentes especializados.

Implementar un programa dirigido a evitar la repitencia y deserción en 1er año de Educación Media.  Se fomentará la dedicación de los estudiantes universitarios de servicio comunitario como apoyo para los estudiantes con dificultades.

Promover la reforma curricular de la Educación Media, introduciendo el bachillerato polivalente.

Aumentar en un 30% la matrícula de la Educación Técnica, mejorando la calidad de la formación, desarrollando más las competencias generales que las específicas.

Promover pasantías laborales para todo estudiante de educación media.

Propuestas para Educación Superior

Fortalecer las instituciones de educación superior intervenidas, completar el proceso de autonomía plena de las universidades que han adquirido esa condición, con un ejercicio de la autonomía responsable.

Evaluar y coordinar con la Misión Sucre, para mejorar su calidad y evitar saturación de egresados de carreras en detrimento de carreras cortas técnicas de nivel superior.

Fortalecer a Fundayacucho y mejorar la transparencia y democratización de los criterios, adecuando los programas a las prioridades educativas nacionales.

El gremio magisterial está percibiendo en estos momentos una remuneración magra y vergonzosa. El gobierno de la Unidad mejorará las condiciones salariales y de trabajo de todos,  dentro del marco del Acuerdo Nacional por la Educación, con presencia de veedores de la sociedad civil y como un mecanismo para crear condiciones de paz laboral.

Elaborar durante los primeros dos años de gobierno de la Unidad, las Leyes que están pendientes y sus reglamentos, tales como la Ley de Educación Básica, la Ley de Carrera Docente, la Ley de Educación Superior y la Ley de Financiamiento de la Educación.

Salud

Situación actual

La salud de los venezolanos no guarda relación con nuestro nivel de ingreso per cápita. Indicadores como la mortalidad materna evidencian rezagos significativos. La mortalidad infantil, si bien continúa descendiendo, lo ha hecho a una tasa menor que en otros países de la región. Los profesionales de la salud pública están devengando ingresos que rozan el salario mínimo. Jóvenes médicos egresados de nuestras universidades, maltratados, mal pagados, trabajando entornos violentos e inseguros,  están emigrando masivamente al exterior a falta de estímulos.

Las enfermedades infecciosas, controlables mediante vacunas, como el sarampión, la fiebre amarilla, parotiditis viral, han reaparecido en la última década como expresión de las deficiencias de programas regulares de vacunación.

El dengue también ha tenido una tendencia ascendente: el número de casos de la epidemia en 2010 en el país alcanzó cifras históricas 124.931 casos. La tasa de morbilidad de la malaria ha ascendido progresivamente, especialmente en la última década; en 2010 se produjo una significativa epidemia en el estado Bolívar.

Lineamientos de acción

Se pondrá en marcha un Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) que fortalezca la función rectora del Ministerio.

Se garantizarán los recursos para sufragar un seguro público de salud de cobertura amplia y universal, financiado con recursos fiscales, que garantice a toda la población servicios adecuados y de buena calidad.

Articular adecuadamente toda la red de instituciones de salud que tienen funciones de financiamiento y prestación, incorporando los organismos regionales y municipales y transfiriendo competencias según niveles de atención.

Implementar mecanismos de corto plazo que mejoren las remuneraciones de todos los profesionales del sector salud.

Ejecutar un programa de fortalecimiento de los postgrados nacionales de la salud, y aprobar medidas que eviten la migración de profesionales recién graduados a otros países. Promover el retorno del personal especializado.

Se realizará, en conjunto con las gobernaciones, alcaldías, universidades nacionales, gremios y sindicatos de la salud, comités de salud de Consejos Comunales  y la OPS, un diagnóstico sobre la situación en que se encuentran los establecimientos  públicos de salud tanto en lo que refiere a infraestructura, equipos, insumos, como al déficit de recursos humanos

Se transferirá la red de establecimientos de atención médica de la Misión Barrio Adentro I y II a los estados: Anzoátegui, Apure, Aragua, Bolívar, Carabobo, Falcón, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Sucre, Táchira, Trujillo, Yaracuy y Zulia; y a la Alcaldía Metropolitana.

Se aumentará la capacidad de respuesta del sistema de asistencia médica ambulatoria y de hospitalización, ajustadas a las necesidades epidemiológicas y demográficas para los próximos 10 años.

Se iniciará el proceso de transferencia de los  establecimientos de salud adscritos al  Ministerio a las  gobernaciones de los estados: Amazonas, Barinas, Cojedes, Delta Amacuro, Guárico, Portuguesa  y Vargas.

Se revisará el Convenio de Salud  Venezuela-Cuba y se adscribirá la red de establecimientos médicos de Barrio Adentro I y II al Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS). De igual forma, se iniciaran convenios de cooperación con el sector privado con el propósito de contribuir a enfrentar la crisis que afecta la red hospitalaria pública nacional.

Dado que las enfermedades crónicas no transmisibles representan las dos terceras partes de la carga de la enfermedad que tiene Venezuela, se propone colocar  en el nuevo organigrama del Ministerio de Salud, durante el primer mes de gobierno, a la Dirección de enfermedades crónicas, la que deberá incluir los siguientes programas: Enfermedades Cardiovasculares; Cáncer; Salud Mental, Diabetes y otros padecimientos endocrinos; Enfermedad pulmonar obstructiva crónica; Enfermedades renales; Enfermedades reumáticas; Programa antitabáquico; Enfermedades neurológicas crónicas, Promoción y Prevención de las enfermedades crónicas.

Se garantizará la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos, teniendo entre los criterios la bioequivalencia, y se analizará y fortalecer la gestión de suministro de medicamentos, promoviendo su utilización adecuada para que el acceso tenga la equidad y calidad requerida.

Pensiones

Lineamientos de acción

Iniciar cuanto antes un levantamiento actuarial de los fondos de pensiones y jubilaciones dependientes del sector público. En primer lugar, porque representan pasivos implícitos potencialmente importantes cuyo crecimiento debe ser detenido antes de que se conviertan en una pesadísima carga fiscal. En segundo lugar, por la necesaria  consistencia que deben tener la estructura de beneficios de los empleados de la administración pública. Y en tercer lugar, porque abordar de manera efectiva los problemas de mayor importancia para la ciudadanía, tales como la educación, la salud y la seguridad social, pasa necesariamente por reformas institucionales en los entes prestadores de estos servicios.

Se propone un mecanismo gradual de transición del sistema de reparto actual hacia un sistema de tres pilares. Un primer pilar asistencial financiado con recursos públicos que otorgue pensiones mínimas. Un segundo pilar de capitalización individual con un componente solidario, el cual mediante el aporte proveniente de la liquidación de activos públicos y aportes tributarios, pueda ir fondeando el pasivo actual del sistema hasta lograr su capitalización total. Y un tercer pilar voluntario de capitalización individual.

Se nombraría una Comisión Presidencial para la Reforma de la Seguridad Social representativa de los intereses de todos los sectores afectados por la reforma. El primer punto de la agenda sería el nombramiento de una Comisión Actuarial para determinar el pasivo del sistema público de pensiones.

En todo momento, se respetarían y garantizarían los derechos adquiridos y los derechos en formación de los cotizantes al IVSS y a los regímenes complementarios.

Cultura

Situación actual

Venezuela tuvo un sector cultural fuerte, con una red de museos que llegó a ser la envidia de América Latina; fondos editoriales valorados en el extranjero, como Monte Avila y la Biblioteca Ayacucho; una respetable red de bibliotecas y librerías estatales y un Festival Internacional de Teatro democrático e inclusivo, celebrado en la calle y unánimemente aclamado.

En medio de un enorme desorden, la actual administración ha hecho algunas inversiones en el sector cultural. Lamentablemente, el gobierno ha edificado un entorno cultural sectario, únicamente existente para satisfacer las necesidades de su militancia, que ha desconocido el quehacer cultural independiente, ha eliminado subsidios, ha promovido, como nunca antes, la censura impuesta y las agresiones de toda laya, expresadas, por ejemplo, en el arrebato a las sede del Ateneo de Caracas.

La red de bibliotecas y museos, así como el teatro Teresa Carreño, presentan un doloroso estado de abandono; las librerías estatales son unidimensionales y monocordes, muchos artistas dejaron de visitar el país y durante años no se ha organizado una sola cita cultural masiva de relevancia.

Lineamientos de acción

Cultura para la prosperidad y el empleo

Desarrollar por medio de la transversalidad, el diálogo y el reconocimiento del otro, “Ciudades Creativas” en donde las artes sean caminos que definan la formación de una conciencia ciudadana democrática y civil, en el marco de Centros Culturales, Servicios Culturales y el establecimiento de Ciudades Digitales.

Cultura, comunicación, convivencia democrática y creación de ciudadanía

Diseño e implementación de un Programa trienal: “Toda la cultura para las escuelas”. Consiste en concentrar todos los recursos culturales con que cuenta la nación en un gran plan de apoyo a la red de escuelas públicas, con el fin de enfrentar la severa crisis educativa, la cultura de la violencia y la grave crisis moral que vive Venezuela.

Promover la educación para la convivencia entre aborígenes, inmigrantes, comunidades locales y regionales, diversidad sexual y de género, religiones y tendencias políticas.

Aplicar los avances en las tecnologías de información y comunicación en el  Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas y en las redes estadales que lo conforman.

Las culturas aborígenes, tradicionales y populares urbanas serán objeto de políticas  que garanticen el fortalecimiento y la intervención selectiva en áreas consideradas como débiles o en vías de desaparición.

Sistema Nacional de Cultura

Se organizarán sistemas nacionales de artes y actividades culturales: danza, artes escénicas, literatura, música, artesanía, gastronomía, artes visuales, cine, artes visuales, ecología cultural, promoción cultural.

Se propondrán condiciones para la discusión, debate y autorregulación de las prácticas artísticas y literarias como derecho cultural. La censura y la obediencia debida, imperantes en este momento en todo el sector, serán erradicadas de raíz como política de estado en la creación de contenidos culturales.

Deporte

Lineamientos de acción

Con el programa Deporte Para Todos, fortalecer el proceso de descentralización mediante normas claras que garanticen eficiencia en el programa de transferencia competencias en materia de iniciativas y gestión.

Fortalecer la autonomía plena de las Federaciones Deportivas Nacionales, mediante la asignación directa de recursos económicos.

Impuesto al vicio y al juego para generar recursos al sector deportivo.

Concluir el proceso de reestructuración del IND para transformarlo en un organismo exclusivo para el deporte de alto rendimiento.

Revisar y actualizar los Convenios Internacionales en el área deportiva con la finalidad de adaptarlas a las reales necesidades del deporte venezolano.

Desarrollo urbano y vivienda

Lineamientos de acción

Establecer un sistema integrado de planificación territorial y urbana. Erradicar la práctica de invasiones, incautaciones y apropiaciones compulsivas de empresas, terrenos y edificaciones, al margen de las garantías constitucionales.

Reconocer que la existencia de un mercado importante de viviendas en alquiler es una exigencia básica de las sociedades contemporáneas, caracterizadas por la alta movilidad ocupacional y territorial de las personas, además de ser una alternativa para atender la demanda de las nuevas familias. La recuperación de ese mercado exigirá la eliminación progresiva de todas las trabas regulatorias.

Propiciar la promulgación de una Ley de Suelos Urbanos, cuyo objetivo sea promover el desarrollo sostenible de las ciudades bajo la premisa de ciudades compactas, de manera de controlar y revertir la ineficiente y dispendiosa dispersión urbana. Fortalecer las competencias de las autoridades en la recuperación de las plusvalías generadas por los cambios de uso o de intensidad de aprovechamiento del suelo urbano y en su participación de la contribución por mejoras, estableciendo la obligación de reinvertir los recursos así obtenidos en nuevos proyectos urbanos.

Diseñar un sistema práctico y eficiente para la transferencia de derechos urbanos como instrumento para garantizar la conservación del patrimonio construido.

Activar un programa de recuperación, ampliación y mantenimiento de edificaciones educacionales, médico asistenciales y otras edificaciones públicas y de servicios. Este es un programa que se puede activar en el corto plazo y genera rápidamente puestos de trabajo.

Retomar las condiciones que permitan iniciar la reactivación y expansión del sector de materiales, componentes y tecnologías de construcción.

Crear un mercado de valores hipotecarios sano y vigoroso, mediante el diseño y establecimiento del marco regulatorio pertinente, la seguridad jurídica, los incentivos y la estrategia económica adecuada, para obtener nuevos y mayores recursos del sector privado para el otorgamiento de créditos hipotecarios.

Energía eléctrica

Situación actual

El sistema eléctrico atraviesa, gracias al descuido de este gobierno, una situación crítica, la más grave de nuestra historia, que ha tenido repercusiones incalculables en la economía, afectando la vida de los venezolanos, particularmente los del interior del país. Venezuela pasó de ser la nación que más energía producía en sudamérica a la caótica situación actual: un paria energético inundado de dinero del petróleo, necesitado de comprar energía en países vecinos.

De los aproximadamente 25.000 MW de capacidad de generación instalados en 2011, sólo están operativos 16.500 o 17.000 MW. El parque de generación está obsoleto. Las plantas recién inauguradas presentan problemas operativos.

No se ha construido suficiente capacidad de generación térmica. Algunas plantas, como Tacoa, se han deteriorado a niveles nunca esperados. Se ha politizado el sector y abultado la nómina. No se han ajustado las tarifas y hay una caída abrupta en la cobranza.

Lineamientos de acción

Reprofesionalizar el Sector Eléctrico. Es decir, restablecer la toma de decisiones con base en criterios técnico-económicos. Se garantizará que los cargos sean ocupados por personas con la formación y las habilidades y capacidades adecuadas.

Restablecer la planificación del Sector Eléctrico como política de Estado colocando al usuario como el factor fundamental para su desarrollo

Descentralizar y regionalizar el Servicio Eléctrico:

Dar prioridad a la calidad del Servicio Eléctrico: Aplicar a las prestadoras del servicio las Normas de Calidad y Reglamento del Servicio vigentes y compensar a usuarios por fallas del servicio.

Alcanzar la sustentabilidad económico-financiera del Sector Eléctrico: mejora de la cobranza, reducción de las pérdidas no técnicas, racionalización de gastos, la cancelación de pasivos con proveedores y trabajadores.

Abrir el sector eléctrico a la participación privada en áreas específicas,  como complemento a la inversión estatal:

Devolver a la ingeniería venezolana el papel fundamental en el desarrollo de la industria eléctrica y promover el desarrollo de empresas productoras de bienes y servicios para el sector

Racionalizar los actuales Programas de Gastos e Inversiones

Gestión transparente con información abierta, oportuna y rendición de cuentas: Poner fin al apagón informativo. Divulgar la situación del sector e informar sobre las actividades en desarrollo. Adoptar una política de rendición de cuentas abierta al escrutinio público por parte de la colectividad.

Agua y saneamiento ambiental

Lineamientos de acción

Establecer políticas para las inversiones requeridas en el sector, a fin de recuperar la capacidad de los sistemas y ampliar la oferta, como medida de resguardo ante crisis hídricas, que incluya:

• Plan de inversiones dando prioridad a las acciones correctivas, de mantenimiento, de medición, supervisión y comerciales, sumadas a las obras previstas en planes anteriores, ejemplo Tuy IV.
• Ejecución de un “Plan de obras y acciones de Emergencia” que permitan solventar futuras situaciones de crisis, con soluciones estables para los grandes sistemas.
• Enfoque holístico del servicio de APS que impulse el ordenamiento urbano, haciendo énfasis en las áreas informales.
• Incremento de las inversiones en tratamiento de aguas servidas.

Restituir y afianzar los procesos de descentralización del servicio.

Profesionalizar el servicio y despolitizar las decisiones técnicas.

Adecuar las tarifas del servicio para evitar su despilfarro, con énfasis del ajuste                   en   sectores con mayores recursos.

Incorporar acciones específicas para la protección de las cuencas abastecedoras de agua, como parte de las soluciones ante futuras crisis, responsabilizando a los usuarios de la cuenca de su control y mantenimiento.

Evaluar los sistemas de almacenamiento para su debida rehabilitación: corrección de la sedimentación, revisión de la hidrología y definición de vida útil remanente.

Realizar de manera sistemática campañas de concientización  sobre el uso del agua y del servicio de APS, incorporando elementos como:

• Tecnologías de bajo consumo
• Incrementos en la medición para lograr pagos justos por el servicio
• Mejoras en el mantenimiento de obras para disminuir fugas de agua
• Información  sobre los deberes y derechos de usuarios y prestadores
• Promoción e implementación de oficinas para atención de usuarios

Establecer las Mesas Técnicas de Agua como un espacio de encuentro entre ciudadanos, organizaciones, expertos y prestadores del servicio, con una visión incluyente.

Ambiente

Lineamientos de acción

El gobierno de la Unidad Nacional asumirá con la mayor prioridad la situación ambiental del país. A tal efecto: revalorizará e impulsará la política ambiental con base en los preceptos de la Constitución, potenciará un programa nacional de educación ambiental en todos los niveles y ámbitos de la sociedad, reforzará y revalorizará los procesos de planificación ambiental y ordenamiento del territorio, con base en criterios de sustentabilidad, reafirmará la inserción de los principios y criterios ambientales en la planificación, construcción y mantenimiento de obras de infraestructura.

Políticas y gestión ambiental de áreas urbanas

Definir políticas, directrices y alianzas estratégicas entre los gobiernos locales, el Ministerio del Ambiente, las comunidades y la empresa privada, para la gestión de desechos en lo relativo a recolección, transporte, reutilización y disposición final.

Crear empresas comunitarias para establecer y recuperar áreas verdes y parques de recreación a cielo abierto.

Fortalecer la capacidad del Ministerio del Ambiente como ente rector para asesorar y  supervisar a los gobiernos regionales y locales en materia de calidad de aire, efluentes y manejo de desechos.

Promover la formulación y aprobación de los Planes de Ordenación Urbanística de las principales ciudades del país.

Manejo y aprovechamiento del agua como bien insustituible

Desarrollar un sistema de aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos, con base en la instrumentación y reglamentación de la Ley de Aguas.

Acelerar la construcción de plantas de tratamiento de aguas servidas en  las ciudades y pueblos del país, así como en los sitios de alto interés turístico nacional e internacional (p.e. playas).

Desarrollar una red de medición de la calidad del agua a escala nacional.

Iniciar el programa de reciclaje de aceites y lubricantes para evitar su vertido a los sistemas de alcantarillado, quebradas, ríos,  lagos, mares  o al suelo.

Tomar medidas preventivas y correctivas ante el deterioro y la contaminación del Río Orinoco y su cuenca.

Asignar prioridad máxima a la conservación y restauración de cuencas hidrográficas.

Manejo de los residuos y desechos sólidos

Establecer una política y planes de acción para optimizar la gestión de los residuos y desechos sólidos.

Conformar un Consejo Nacional de los Residuos Sólidos, para establecer prioridades en las políticas públicas del ramo.

Diseñar e implantar un programa de sustitución de vertederos a cielo abierto por rellenos sanitarios de última generación.

Elaborar e instrumentar el Plan Nacional de Reciclaje.

Elaborar una Ley estableciendo el Programa Nacional de Conservación y Saneamiento de Playas.

Iniciar el programa “Unidos limpiamos al país”, el cual va dirigido a la limpieza integral de instituciones públicas.

Planificación y ordenación democrática del territorio

Reactivar la Comisión Nacional de Ordenación del Territorio.

Actualizar el Plan Nacional de Ordenación del Territorio.

Actualizar y aprobar los Planes Estadales de Ordenación del Territorio.

Política y gestión ambiental del aparato productivo privado y público

Impulsar un Plan Nacional de Reindustrialización Sustentable, así como  promover la creación del Consejo Empresarial para el Desarrollo Sustentable.

Promover una política de eco-eficiencia a escala nacional

Política y gestión ambiental de la industria petrolera y energía eléctrica

Formular e implementar una Nueva Política Ambiental Petrolera.

Asegurar el cumplimiento estricto de la normativa ambiental por parte de PDVSA y empresas operadoras y de servicios privadas nacionales, e internacionales.

Formular planes de recuperación y rescate integral de las zonas petroleras, especialmente de aquellas degradadas.

Formular, aprobar e implementar los Planes Ambientales y de Desarrollo Sustentable de la Faja Petrolífera del Orinoco y del Área Costa Afuera.

Establecer criterios ambientales exigentes y de eficiencia en la industria eléctrica nacional, ante las evidencias de graves problemas de contaminación y degradación ambiental.

Conservación de la diversidad biológica

Revisar y actualizar la Estrategia Nacional de Biodiversidad, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre Conservación de la Diversidad Biológica.

Ampliar a través del sistema nacional de áreas naturales protegidas, la representación de los ecosistemas marinos y terrestres, con énfasis en aquellos con especies amenazadas.

Formular e implementar el Programa “Deforestación Cero” e impulsar la gestión forestal sustentable, protegiendo los ecosistemas de bosques y promoviendo las plantaciones forestales en las tierras con aptitudes apropiadas.

Conservación de los suelos

Fortalecer la Dirección de Suelos del Ministerio del Ambiente asumiendo las competencias técnicas que le corresponden.

Integrar efectivamente los programas de la Dirección de Suelos con los organismos públicos y privados vinculados a la gestión de tierras y desarrollo rural sustentable.

Implementar un Programa Nacional de Inventario de Suelos y Evaluación de Tierras en las principales cuencas hidrográficas del país, con fines de orientar su uso sustentable, reducción de los procesos erosivos y conservación.

Formular un Plan de Ordenación y Reglamento de Uso de las tierras de alta preservación para fines agrícolas bajo el criterio constitucional de una agricultura sustentable. Se elaborará un proyecto de ley de protección de suelos y tierras.

Sistema de Áreas Protegidas

Elaborar un proyecto de  ley del Sistema Nacional de Parques Nacionales y demás áreas protegidas, tomando en cuenta que más del 80% del agua de los venezolanos depende de los parques nacionales.

Crear la Escuela Nacional de Guardaparques y fortalecer la actividad de guardería adscrita al Instituto Nacional de Parques.

Participación, educación e información ambiental

Promover  instancias de participación ciudadana a todos los niveles de la gestión ambiental.

Crear un programa de promoción y gestión para ONG ambientalistas, respetando su     independencia financiera y de criterios.

Crear un sistema nacional de información y divulgación ambiental, accesible a toda la ciudadanía, como mecanismo democrático de  transparencia y contraloría social.

Cambio climático

Cumplir los compromisos suscritos y ratificados por la República bajo el marco de la Convención de Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto.

Fortalecer la Comisión Nacional de Cambio Climático y crear la Oficina Nacional respectiva.

Impulsar decididamente las inversiones en energías alternativas y sustentables especialmente la energía solar, eólica y geotérmica con participación de PDVSA, el sector privado y las universidades.

Reformas de la institucionalidad ambiental

Reestructurar el Ministerio del Ambiente dándole alta jerarquía técnica y política.

Reorganizar el Instituto Nacional de Parques.

Descentralizar la administración y la gestión ambiental, dentro de las mayores garantías de calidad e idoneidad.

Instalar el Consejo Nacional del Ambiente integrado pluralmente, como órgano de consulta obligatoria del Presidente de la República, y veedor de la gestión ambiental en todos sus niveles.

Transporte y Vialidad

Lineamientos de acción

Se elaborarán los decretos de descentralización y concesiones de carreteras y autopistas; creación del Instituto Nacional de Vialidad y el Consejo Nacional de Transporte; reintegración del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) y el Instituto Nacional de Aviación Civil (INAC) al Ministerio de Transporte y Comunicaciones; reestructuración del Laboratorio Nacional de Vialidad y los laboratorios regionales. Se creará un programa de Estudios y Proyectos para carreteras y autopistas.

Se iniciará un programa de obras, como la estabilización de la Autopista Caracas-La Guaira, la construcción del tramo final de la Av. Boyacá (Cota Mil) y su empalme con la autopista Caracas-La Guaira, la evaluación de la construcción de la nueva Autopista Caracas- La Guaira o el STR (sistema de transporte sobre rieles), la reactivación de la construcción de la autopista de Oriente: Caracas- Barcelona; la terminación de la construcción del Ferrocarril Central La Encrucijada, Maracay, Valencia, Puerto Cabello; la terminación de la autopista de Oriente en su tramo de Caracas a Barcelona, el Ferrocarril de Caracas –Guarenas –Guatire, la Autopista Kempis-Ciudad Losada y la construcción del tramo ferroviario del Tuy Medio(Cúa) a La Encrucijada.

Se diseñará e iniciará un programa de educación vial a los choferes de unidades de transporte público, así como programas de revisión de  las unidades  y planes de seguridad.

Se iniciará el Programa de Recuperación y Mantenimiento intensivo del Metro de Caracas, y se dará continuidad a su extensión.

Se revertirá la transferencia del INTT al Ministerio de Interior; así como el proceso mediante el cual el Cuerpo Técnico de Vigilancia de Transporte Terrestre pasa a la Policía Nacional y se eliminan las Policías de Circulación.

Se adoptarán políticas de apoyo a las líneas aéreas del país. Se desarrollará un programa de financiamiento para la renovación de aviones de edad intermedia y para la adquisición de aeronaves modernas, adaptadas a las rutas nacionales e internacionales de nuestras líneas, cuyos costos de mantenimiento y operación sean mucho más económicos.

Telecomunicaciones

Lineamientos de acción

Los contenidos de los medios (TV, Radio, Internet, Redes Sociales)  no serán regulados con base a la exclusiva discrecionalidad de las autoridades.

Diseñar e implementar una Agenda Digital, que contemple un Plan Nacional de Banda Ancha, un Plan Nacional de Alfabetización Digital y un Plan de Gobierno Electrónico. Esta Agenda Digital debe garantizar, al menos, que el 50% de  los centros educativos, de salud, de reclusión  tengan servicios de internet interconectados, y la existencia en los poblados de  menos de 1000 habitantes de un centro de internet.

El sector de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información debe avanzar hacia la web 2.0 con igual o mejor nivel al observado en experiencias internacionales.

Organizar e incentivar la participación de organizaciones sociales en la planificación del desarrollo de servicios, a fin de garantizar la incorporación de las comunidades (EPS, Consejos Comunales, Cooperativas, ONG, Asociaciones de Vecinos, etc.) en el desarrollo de los planes de crecimiento y diversificación de los servicios de telecomunicaciones.

Enfatizar la  apertura  de las telecomunicaciones dentro del concepto de diversificación de la oferta  de manera de permitir que se desarrollen nuevos servicios dentro de cada tecnología

Diversidad Sexual

Lineamientos de acción

Los Derechos Sexuales son Derechos Humanos fundamentales y universales y en tal sentido en gobierno de la Unidad Democrática se compromete a asegurar y defender los derechos sexuales de los venezolanos.

Política exterior

La política exterior del gobierno de la Unidad Democrática será autónoma, soberana, orientada a la promoción del interés nacional y a la recuperación de la presencia internacional de Venezuela, con prioridad en el espacio latinoamericano y caribeño.

La diplomacia venezolana apoyará todas aquellas iniciativas dirigidas a afirmar el papel y la posición de Venezuela como abastecedor de petróleo y derivados confiable y seguro de nuestros clientes.

Se requiere una evaluación exhaustiva y franca de la situación actual de los esquemas de integración en la región: CAN, MERCOSUR y ALBA, a fin de insertar y reajustar debidamente nuestra participación en ellas.

Jugaremos un papel activo en las nuevas organizaciones UNASUR y CELAC, como mecanismos de consenso entre países democráticos en busca de vías de desarrollo autónomo y sustentable.

Las relaciones con Brasil, Colombia y el Caribe, serán ejes fundamentales de la acción internacional del gobierno.

Las relaciones con Cuba serán reevaluadas.

La reclamación fronteriza de Venezuela con Guyana será retomada.

Con los Estados Unidos se normalizarán las relaciones, en el marco del respeto mutuo y la autodeterminación

Las relaciones con la Unión Europea estarán orientadas a su fortalecimiento.

Se mantendrá una actitud firme y efectiva en contra del terrorismo, el narcotráfico, el tráfico de personas y la delincuencia internacional organizada.

Se reanudarán las diplomáticas con el Estado de Israel.

Se promoverá la instrumentación de un programa de política migratoria de retorno, que involucre tanto al sector oficial como al privado, orientado al rescate del talento profesional venezolano y su incorporación al proceso de reconstrucción y desarrollo económico y social del país.

Se realizará un censo de venezolanos en el exterior.

Se iniciará la demarcación de la frontera terrestre con Colombia en arreglo a los tratados y convenios debidamente ratificados por ambas naciones.

Se promoverá la revisión de la normativa legal relativa a la cooperación internacional.

Evaluar los aspectos positivos de los Tratados de Libre Comercio vigentes en la región, que permitan a Venezuela negociar las mejores condiciones para nuestros exportadores e inversionistas.