La inmensa área controvertida por nuestro legítimo costado este, señaladamente, siempre ha sido considerada contentiva de un extraordinario potencial

por las reservas probables y probadas de los recursos petroleros, la calidad de los mismos; los incuantificables caudales de agua; las factibilidades para desarrollar sendos planes sustentables de generación de energía eléctrica, programas agroindustriales, mineros, maderero, piscícolas etc.

Por otra parte, a la extraordinaria ubicación geoestratégica añádase   su proyección atlántica e interconexión con los países de Suramérica y con el resto del mundo.

Todo lo expuesto, de modo sucinto en el párrafo anterior, ha resultado apetecible, sin recato, para muchos países y empresas que han preferido dejar a un costado nuestros vínculos de amistad para unirse en enjambre y comparsa, con la finalidad de menoscabar los recursos venezolanos en esa zona que se encuentra en conflicto jurisdiccional por ante la Corte Internacional de Justicia.

Aunque luzca un poco exagerada la siguiente conjetura; por cierto, repetida con insistencia en muchos escenarios –-pareciera que condensa mucha verdad: “En el concierto de las relaciones internacionales, los países no tienen amigos sino intereses”. Dicha expresión (casi que axiomáticamente) ha cobrado plena vigencia en el presente pleito interestatal, del cual me he venido ocupando – académicamente-  desde hace casi cinco décadas.

Nuestros Justos Títulos tienen la autoridad de ser inconcusos; vale decir, reforzados con la certeza histórica-jurídica de su procedencia.

“Prior tempo, potior iure” (Primero en el tiempo, superior en el derecho)

¿Cómo obtuvimos esos Justos títulos?. Mediante una transparente y muy bien documentada y respaldada Cesión de Derechos de España; que la contraparte no podrá y ni tendrá nunca con qué rebatir.

Hemos sostenido que una vez trascendido esta difícil eventualidad de reclamo y reivindicación.  Digamos, una vez que hayamos recuperado la extensión territorial que nos han desgajado con alevosía y colusión de árbitros tramposos; procederemos, entonces, a colocar “las cosas” atinentes a las transnacionales en su verdadera dimensión.

Por distintas vías y de diversos modos se les ha avisado (para que caigan en cuenta cautelarmente) a los representantes de las empresas transnacionales que han venido recibiendo concesiones de explotación para esquilmar nuestros recursos en la extensión territorial que reivindicamos y en su respectiva proyección marítima, aún no delimitada.

Se les ha avisado que están incurriendo en hechos irregulares con consecuencias sumamente graves.

También han sido advertidos, a través de nuestra Cancillería, que tales permisos y licitaciones serán revisados, analizados, restructurados; por cuanto, habrá una nueva recomposición operacional en el área (y en la completa zona terrestre y atlántica) que pronto será restituida a Venezuela; una vez que la Sala Juzgadora examine, en justo derecho nuestras pruebas, y proceda a sentenciar a favor de Venezuela.

Ya están advertidas las transnacionales que las concesiones recibidas son nulas y contrarias al derecho internacional.

Guyana ha irrespetado el contenido esencial del Acuerdo de Ginebra, que limita (y restringe) a las partes en la contención a atribuirse soberanía y/o explotar unilateralmente los recursos que en ese espacio se encuentren; hasta que haya una decisión sentencial de la Corte o una negociación directa, desde el punto de vista diplomático, o a través de otro medio.

No satisfechos con todo lo que han aprovechado hasta el presente en la Guayana Esequiba, luce vergonzosa la actitud del gobierno guyanés de seguir otorgando —recientemente-- permisos en bloques petroleros, ubicados en áreas marítimas que nos pertenecen históricamente y que no están en el pleito. Una descarada provocación.

Que sepan los representantes de las corporaciones que siguen operando ilegalmente en la “zona en reclamación” (nuestra Guayana Esequiba) y su correspondiente proyección atlántica que no desistiremos de denunciar los hechos irregulares que están cometiendo en connivencia con quienes le otorgan ilegítimamente esas asignaciones.

Atendamos también, con absoluta prioridad, que el Acuerdo de Ginebra firmado el 17 de febrero de 1966 ha sido siempre el único instrumento jurídico; plenamente vigente, con vigor jurídico donde está viva la controversia y pone en tela de juicio la supuesta “cosa juzgada” que invoca la contraparte en la demanda que nos hizo el 29 de marzo de 2018.

Guyana no ha tenido hasta la presente fecha cómo ni con qué soportar la causa de su pretensión procesal.