La ofensiva contra los medios de comunicación -que por ahora colocó el acento en el ataque a algunos circuitos radiales muy importantes y populares, como el Circuito Nacional Belfort (CNB) y a emisoras de alcance local, pero con gran audiencia- persigue varios objetivos simultáneamente. El primero, en el cual más se ha insistido, es agredir la libertad de información y comunicación, arrinconarla, perseguirla y provocar la autocensura. Los regímenes  autoritarios son incapaces de convivir con una prensa libre e independiente que asuma la crítica a la gestión pública.

Los revolucionarios desprecian todo locus de control externo, todo órgano de escrutinio o contralor. La revolución es autosuficiente: se justifica y explica por sí misma. Todo tribunal enjuiciador pasa a ser, ipso facto, enemigo, conjurado, gusano o escuálido, según sea el denuesto que los dirigentes hayan puesto de moda.

Uno de los  primeros decretos de Lenin y sus bolcheviques fue suprimir la prensa independiente. Pravda (nada más ni nada menos que “Verdad”)  se convirtió en el órgano oficial de la revolución proletaria. Desde luego que allí sólo escribían los dirigentes del partido bolchevique. Los obreros quedaron relegados. Fidel Castro no descansó hasta acabar con Bohemia, la más afamada revista latinoamericana de la época, fundada en 1908, con un tiraje que llegaba varios miles de ejemplares semanales. Esta publicación se editaba en La Habana durante la oprobiosa dictadura de Fulgencio Batista. Este dictador podía coexistir con Bohemia, pero a Castro y sus guerrilleros revolucionarios les resultó imposible. En las mismas anda el comandante vernáculo: no acepta el ejercicio libre, crítico e independiente de los periodistas radiales que no aplauden como focas los desastres provocados por las políticas oficiales, y que se atreven a denunciar con fundamentos irrebatibles problemas tan graves como el de la inseguridad personal, la corrupción generalizada de los jerarcas del régimen, la pobreza, el deterioro de  la calidad de vida, para sólo mencionar algunos de los más sonados.

El segundo objetivo busca dejar sin tribuna a los dirigentes regionales y locales de la oposición. Chávez intenta acallar las voces de los comunicadores y, también, de las personas que se proyectan como líderes en sus respectivos estados o municipios. El teniente coronel piensa en los comicios legislativos del año próximo. Sabe que esas elecciones deben efectuarse, pues no convocarlas sería un golpe demasiado descarado a la Constitución, que la comunidad internacional condenaría con tanta o mayor fuerza que la empleada para cuestionar la legítima defensa de la sociedad y las instituciones hondureñas, frente a un caudillo de medio pelo como Manuel Zelaya. Desde ahora busca protegerse e, incluso, blindarse para asegurar su triunfo con una sólida mayoría que no ponga el peligro el rígido control que posee de todas las instituciones del Estado. Preservar una holgada mayoría parlamentaria le permitirá, manteniendo el maquillaje democrático, conservar el dominio sobre el TSJ, el Poder Moral y el CNE, tres instancias esenciales que  garantizan la legalidad de todos los desmanes y atropellos que comete contra la Constitución, la libertad y la democracia. La estrategia para garantizar esa victoria incluye varios instrumentos. Uno es, desde luego, la Ley Electoral aprobada por la Asamblea Nacional. Este adefesio jurídico reúne un compendio de  abusos oficiales, dirigidos a revestir de legalidad el desequilibrio y la falta de transparencia electoral.

El otro instrumento de la estrategia  consiste en dejar sin micrófonos a los eventuales candidatos de la oposición en la provincia venezolana. ¿Cómo llevarán adelante una campaña eficaz, de alcance masivo, los candidatos de un determinado circuito si no podrán acceder a las emisoras locales? Los mismos personajes a los cuales la democracia les brindó sus micrófonos, les abrió las páginas de los periódicos  y los proyectó a través de los monitores de televisión, hoy les cierran esas puertas a sus competidores.

El tercer objetivo apunta a liquidar, en un nuevo espacio, la propiedad y la iniciativa privada. Todas las 34 emisoras defenestradas pertenecen a personas y grupos particulares. Allí no aparecen YVKE Mundial, Radio Rumbos, Radio Continente, ni ninguna de las emisoras capturadas por el Gobierno a través de FOGADE, a pesar de que actúan durante las 24 horas del día como instrumentos para cultivar la violencia y el odio entre los venezolanos. La medida de Hugo Chávez, perpetrada a través de Diosdado Cabello, el palafrenero, castiga a empresarios con iniciativa, que han asumido el riesgo de invertir en equipos y personal para alcanzar niveles de calidad y competitividad elevados. Haber reducido las concesiones a apenas cinco años es otro signo del desprecio que este régimen siente por la gestión privada. ¿Quién puede endeudarse para montar una emisora de radio o para renovar equipos de alta tecnología, si únicamente dispone de cinco años para recuperar la inversión y obtener una ganancia merecida? El comandante castiga la eficiencia,  la calidad, la excelencia, conceptos usualmente vinculados con la iniciativa particular.

El acoso a las emisoras radiales forma parte, junto a la Ley de Propiedad Social y a otros instrumentos legales, de esa estrategia orientada a pulverizar la propiedad privada, y transformar a Hugo Chávez y sus allegados más cercanos en los únicos dueños del país. Frente a esta oligarquía, los antiguos  Amos del Valle parecen unos niños inofensivos.