En octubre Venezuela será objeto del Examen Periódico Universal, mecanismo instituido en el Consejo de Derechos Humanos para examinar el cumplimiento de las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos.

Los 47 Estados miembros examinarán el Informe del Estado Venezolano y otros documentos, entre los cuales los elaborados por las ONG y por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Los Estados tendrán la oportunidad de escuchar la presentación de la troika (Guatemala, Burkina Faso y República Checa) designada para ello y hacer los comentarios y las recomendaciones pertinentes con el fin de mejorar la protección y no de sancionar, como lo pretenden mostrar los Estados que cuestionan el mecanismo.

El informe del régimen refleja, por supuesto, la "maravillosa" situación de los derechos humanos en el país. De acuerdo con ese informe, evidentemente confeccionado en La Habana, los venezolanos disfrutan, como nunca antes, de sus derechos humanos. Una verdadera falacia.

El régimen, en su afán de tergiversar las realidades y manipular la opinión pública, muestra en este informe, en forma falseada, solamente algunos derechos humanos y desprecia los relativos a las libertades y a los derechos fundamentales.

En el informe anunciado por Maduro se ignoran deliberadamente los derechos civiles y políticos, y destacan solamente los "logros" en relación con el "disfrute" de algunos derechos sociales, económicos y culturales. Afirma descaradamente Maduro que hubo "un incremento en más de 24% de la matrícula escolar, una caída de los índices de desnutrición infantil en 58%, la apertura de más de 6.000 consultorios médicos en las zonas populares y los constantes aumentos del salario mínimo que ha decretado en los últimos 12 años", lo que se logró, agrega, "pese a los obstáculos que la oposición le ha puesto en el camino", y critica, de paso, a los medios que habrían tergiversado la realidad de la masacre carcelaria y a los órganos regionales de derechos humanos, la Corte y la Comisión interamericanas.

Según el régimen, los venezolanos disfrutan plenamente del derecho a la vivienda, a la alimentación, a la educación, a la salud. Una afirmación tendenciosa. El déficit habitacional es inmenso, y se acentúa la gravedad del problema por la falta de políticas coherentes y la discriminación política para las asignaciones. El acceso a los alimentos es cada vez más difícil, por un desabastecimiento creciente, una inflación incontrolable y un desempleo y un subempleo indignos. Ni hablar del acceso a la salud o a la educación. Hospitales y escuelas en el suelo, sin recursos ni insumos.

Pero lo más grave en este documento es el desprecio por los derechos civiles y políticos, a los que los comunistas le tienen terror. No se refiere el régimen en su informe a los presos políticos; a la tortura física y moral; a la discriminación o apartheid político; a la penalización de la protesta; a la persecución y amenazas a los defensores de los derechos humanos y a la política de negar el registro de éstas para que puedan funcionar; al ataque constante y sistemático a la libertad de información, traducido en cierres y amenazas de todo tipo a los medios de comunicación y a periodistas (más de 800 en los últimos 10 años); a la sumisión del Poder Judicial al Ejecutivo; a la inseguridad y los más de 45 muertos diarios por la violencia; a las amenazas abiertas contra la población civil, especialmente disidente, desde medios del Estado; a las detenciones arbitrarias; a la terrible situación de la cárceles o a las inhabilitaciones políticas.

La comunidad internacional conocerá los distintos informes, incluidos los de las ONG venezolanas que han hecho un serio esfuerzo por mostrar la realidad, y se percatará nuevamente de las políticas nefastas de un régimen que ha simplemente abandonado el Estado de Derecho, con especial perjuicio del verdadero y amplio disfrute de todos los derechos humanos de los ciudadanos, ante el repugnante silencio del defensor del pueblo, un funcionario que en vez de proteger los derechos de los ciudadanos excusa descaradamente al régimen. Lamentablemente, al igual que en la Comisión de Derechos Humanos, sustituida por el Consejo en 2006, todavía hay Estados forajidos presentes, como Cuba, que bochornosamente ocupa una de las vicepresidencias.

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