La maniobra "institucional" que busca sacar de la competencia electoral al gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonsky, tiene la factura típica del proceder de la neo-dictadura. Y es que a diferencia de la dictadura convencional que prohíbe o restringe crasamente la existencia de una oposición política, la neo-dictadura la permite y hasta la estimula, pero siempre sometida a un régimen de control hegemónico que, dada las necesidades o intereses, se activa para proteger su continuismo.

Y lo hace en nombre del "estado de Derecho" o del "imperio de la Justicia" o de conceptos propios de la institucionalidad democrática. Es decir, la neo-dictadura utiliza habilidosamente a las instituciones formales de una democracia para proteger su afán de dominio y continuidad en el poder.

No es casual, por tanto, que varios de los dirigentes de oposición mejor posicionados para enfrentar al señor Chávez en el 2012, se encuentren ya o estén en camino de ser "invalidados" para participar en la contienda presidencial.

Primero vino la "inhabilitación política" de Leopoldo López, luego el avasallamiento "judicial" contra Manuel Rosales, ahora el anunciado "ante-juicio de mérito" a Capriles Randonsky, y más adelante, de ser necesario a la conveniencia oficialista, cualquier otro mecanismo de obliteración personalizada.

En este sentido, las principales figuras opositoras que poseen siquiera el potencial de alcanzar interesantes niveles de respaldo, tienen sobre su cabeza a causas de corte tribunalicio o administrativo, que sólo esperan la orden "de arriba" para formalizar el correspondiente paredón.

En relación con Capriles Radonsky, la intención de la neo-dictadura es tan obvia, que preocupa el que no esté suscitando una reacción verdaderamente enérgica por parte de todo el conjunto de la oposición política venezolana.

Más aún, quienes desde la acera opositora llegasen a calcular que la anulación "jurídica" o fáctica del gobernador mirandino les conviene, incurrirían en un gravísimo crimen político, porque hoy es Capriles, como ayer fue López y Rosales, y mañana, ¿a quién le tocará el turno?

De allí que el asunto del "ante-juicio de mérito" no pueda apreciarse como un mero zarpazo en contra la escogida víctima, sino como una estrategia general de la neo-dictadura para "limpiar" de obstáculos importantes a la de por sí controlada ruta electoral.

En otras palabras, la defensa de la voluntad popular como instrumento para superar la hegemonía imperante, no puede limitarse a que, en efecto, haya una elección presidencial en el 2012, sino que incluye, en primer lugar, la protección al derecho básico de elegir y también de ser elegible.

Por eso la maniobra contra Capriles Radonsky va mucho más allá de su aspiración individual, y tiene que ser denunciada y combatida como lo que es: una nueva operación de la satrapía o neo-dictadura para cercenar los derechos democráticos de todos los venezolanos.

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