Cuando en el marketing se repite aquella frase algo grotesca de que “cuando un amigo fallece, puedes llorar con los deudos o vender los pañuelos”, no se está haciendo apología del cinismo.

Se está señalando una verdad incómoda: en medio de las mayores tragedias humanas, existen oportunidades económicas para quienes tienen la claridad de verlas y la frialdad de actuar.

La guerra que desde el 28 de febrero enfrenta a Estados Unidos e Israel contra Irán es, sin duda, una de esas tragedias. Pero mientras los misiles caen sobre las instalaciones petroleras del Golfo Pérsico y los hutíes declaran el estrecho de Bab el-Mandeb como “zona de combate restringida”, en este lado del Atlántico se está gestando una oportunidad que pocos han dimensionado.

Paradójicamente, la reconstrucción del sistema eléctrico venezolano —ese que lleva quince años colapsando con la puntualidad de un reloj roto— podría financiarse con el dinero que la guerra está dejando en las arcas petroleras del país. No es un deseo. Es un cálculo económico que la administración Trump ya ha puesto sobre la mesa.

El colapso energético global y sus efectos en el bolsillo

Para entender por qué el crudo venezolano vale hoy mucho más que hace tres meses, es necesario repasar una lección básica de economía: la elasticidad [1] del precio de la demanda.
Cuando un producto es indispensable —como el petróleo— y los consumidores no pueden reducir su consumo de inmediato, aunque suba el precio, la demanda es “inelástica”. Esto significa que una pequeña caída en la oferta genera un aumento de precio mucho mayor.

En marzo de 2026, el mundo enfrenta una caída de oferta sin precedentes. El estrecho de Ormuz —por donde transitaban 19,2 millones de barriles diarios— está prácticamente cerrado. Los hutíes han bloqueado el estrecho de Bab el-Mandeb. Y los puertos rusos del Báltico (Primorsk y Ust-Luga) y del Mar Negro (Novorossiysk) han sido inutilizados por ataques con drones ucranianos. En total, entre 14 y 17 millones de barriles diarios han desaparecido del mercado global. Eso significa que hay una caída entre el 13% y el 15% de la oferta mundial.

Con una elasticidad a corto plazo de -0,05 —el valor promedio que utilizan los analistas—, una caída del 15% en la oferta debería traducirse en un aumento del precio del 300%. Dicho de otro modo, si el Brent estaba a 75 dólares antes del conflicto, la teoría económica sugiere que debería estar cotizando por encima de los 300 dólares por barril.
Que hoy ronde los 112-126 dólares indica que aún hay reservas estratégicas amortiguando el golpe. Pero la presión sigue al alza. Y mientras la guerra se prolongue, el precio no hará más que subir.

Venezuela: del descuento a China al precio de mercado

En ese contexto, Venezuela ha experimentado una transformación silenciosa pero radical. Tras la captura de Nicolás Maduro en febrero de 2026, Estados Unidos ha tomado el control de la industria petrolera nacional. Y lo primero que hizo fue reconfigurar los flujos de exportación.

Durante años, el crudo Merey se vendía con descuentos escandalosos a China, que absorbía el 75% de las exportaciones. Otro 7-10% se regalaba a Cuba como parte de un acuerdo político que nunca rindió cuentas. Ese modelo se terminó.

En marzo de 2026, las exportaciones venezolanas superaron por primera vez el millón de barriles diarios desde diciembre. El precio promedio del Merey pasó de 45,50 dólares por barril en diciembre a un precio entre 59 y 64 dólares en marzo. El resultado es un incremento de ingresos de 613 millones de dólares mensuales, un 64% más que hace apenas tres meses.

Si esta tendencia se mantiene, Venezuela estaría recibiendo unos 7.356 millones de dólares adicionales al año. Esa cifra no es menor. Es, precisamente, la que podría financiar la reconstrucción del sistema eléctrico.

La cuenta que nadie hizo: 15 a 40 gigavatios

La administración Trump, en su tutelaje sobre la industria venezolana, ha estimado que se necesitan entre 15.000 y 40.000 millones de dólares para recuperar el sistema eléctrico nacional. La relación técnica es simple: un millón de dólares por cada megavatio instalado. Mil millones por cada gigavatio.

Con la inversión mínima (15.000 millones) se instalarían 15 gigavatios. Con la máxima (40.000 millones), 40 gigavatios [2].
Para dimensionar estas cifras, recordemos la situación actual del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a marzo de 2026: tiene una capacidad instalada teórica de 34 gigavatios, pero solo opera entre 10 y

12 gigavatios. Es decir, el país necesita entre 3 y 8 gigavatios adicionales solo para cubrir la demanda básica.

La inversión mínima no solo cubriría ese déficit, sino que duplicaría la capacidad operativa real. La inversión máxima superaría la capacidad instalada teórica de toda la historia eléctrica del país. En cualquiera de los dos escenarios, los racionamientos eléctricos quedarían atrás. Y con ellos, el lastre que ha frenado a la industria venezolana durante quince años.

Pero ya habíamos gastado 35.000 millones y no pasó nada

Aquí es donde cualquier venezolano con memoria levanta la ceja con escepticismo. Porque entre 2009 y 2015, durante la llamada “Emergencia Eléctrica”, se destinaron al sector entre 35.000 y 40.000 millones de dólares. Y el resultado fue apenas 3 gigavatios estabilizados. Con esa inversión se debieron haber instalado 35 gigavatios nuevos.

¿Qué pasó? Sobre costos, corrupción, contratos con empresas fantasma, y una decisión que resultó catastrófica: desplazar a los fabricantes originales (Siemens, General Electric, ABB) y entregar el mantenimiento a misiones técnicas de Cuba e Irán. Técnicos que, por más buena voluntad que tuvieran, desconocían los sistemas de control occidentales que operan en las plantas venezolanas.

El ejemplo más doloroso es Planta Centro (Carabobo), la termoeléctrica más grande de Sudamérica, con una capacidad de 2,6 gigavatios. Hoy opera a menos del 10% de su capacidad. Las inversiones para “recuperarla” se esfumaron sin que más de una o dos unidades funcionaran de forma estable.

El profesor Pedro Mora [3] , de la Universidad de los Andes, y Presidente de la Asociación Venezolana de Ingenieros Electricistas (AVIEM), ha denunciado durante años que parte del colapso ocurre en las líneas de transmisión. La falta de mantenimiento preventivo —algo tan simple como podar el monte debajo de las torres de 765 kV que vienen del Guri— provoca incendios que calientan los conductores, los estiran y los hacen chocar con la vegetación o entre sí. Una sola torre caída puede dejar a oscuras a medio país.

Ese es el pasado que no debemos repetir.

La diferencia ahora: transparencia, técnica y un plan de ingenieros venezolanos

Lo que hace diferente esta oportunidad no es solo el dinero. Es el marco en el que se ejecutaría.

La administración Trump ha condicionado cualquier inversión a auditorías internacionales y al cumplimiento de estándares técnicos. Pero más importante aún, existe un plan diseñado por ingenieros venezolanos que han estudiado el sistema durante décadas.

El profesor Mora y la AVIEM han propuesto un modelo basado en cinco ejes:

1.    El retorno del talento: repatriar a los ingenieros venezolanos que hoy operan sistemas eléctricos en Chile, España o Estados Unidos, y reentrenar al personal local con los fabricantes originales.
2.    “Barril ahorrado, barril vendido”: sustituir el diésel y fuel-oil que hoy se queman en las termoeléctricas por gas natural. Ese combustible es más barato, más limpio, y libera barriles para la exportación. Con los ingresos adicionales se puede pagar la propia deuda del sector eléctrico.
3.    Mantenimiento preventivo sistémico: recuperar las cuadrillas de desmalezamiento y lavado de aisladores para que las líneas de transmisión dejen de ser una “bomba de tiempo” cada verano.
4.    Descentralización y matriz diversificada: construir minicentrales hidroeléctricas en Los Andes y la Costa para independizar al occidente del Guri; desarrollar energía solar en Zulia, Falcón, Lara y Anzoátegui; explorar la geotermia en Sucre, Aragua y Carabobo; y aprovechar el potencial eólico de Paraguaná y la Guajira.
5.    Sincerar las tarifas y el marco legal: establecer tarifas progresivas para que la industria y el comercio sostengan el sistema, manteniendo subsidios directos solo para los sectores vulnerables.
Esto no es sueño o un simple deseo, es una hoja de ruta técnica que lleva años madurándose en los estantes, en los trabajos de tesis, reposando en las bibliotecas de las universidades y los gremios. Lo que faltaba era el financiamiento y la voluntad política para ejecutarlo.

El salto que falta: energías renovables y libertad negativa

Pero la reconstrucción del sistema eléctrico no puede ni debe ser solo estatal. La experiencia internacional muestra que la verdadera resiliencia energética se construye desde abajo.

En zonas costeras como Falcón, Nueva Esparta o Sucre, la combinación de energía solar con sistemas de desalinización por evaporación puede producir agua dulce a un costo de entre 0,60 y 1,50 dólares por metro cúbico. Hoy, el agua de camión cisterna cuesta entre 4 y 8 dólares. La diferencia es abismal.

Y esto se puede hacer con tecnología que ya existe: paneles solares, baterías de litio para almacenamiento, anillos de Arquímedes para bombeo eólico, y sistemas de ósmosis inversa alimentados por energía renovable. En Chile, pequeños pueblos turísticos operan así desde hace años. En California, el modelo de “Smart Buildings” y “Net Metering”[4]  permite que los usuarios revendan sus excedentes a la red, convirtiendo a cada ciudadano en un pequeño productor de energía.

En Venezuela, para que esto ocurra, el Estado debe aplicar lo que algunos llaman “libertad negativa”: simplemente no interferir. La Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico (LOSSE) debe ser reformada para permitir la medición neta (net metering) y la generación distribuida. Y los aranceles a la importación de tecnología solar, eólica y de almacenamiento deben eliminarse por completo.

Si el Estado no tiene dinero para invertir 40.000 millones de dólares, lo más lógico es permitir que el ciudadano que sí tiene el capital lo invierta, incentivado por la posibilidad de ahorrar y de generar negocio con sus excedentes.

La cuenta final: ¿de dónde salen los reales?

Volvamos a los números. Si Venezuela mantiene los niveles actuales de producción (850.000 barriles diarios como escenario pesimista) y los precios se sostienen en el rango actual (60-65 dólares por barril para el Merey), el incremento anual de ingresos respecto a diciembre de 2025 será de unos 7.356 millones de dólares.

Si se destina el 30% de ese incremento —unos 2.200 millones anuales— a un fondo fiduciario para el sector eléctrico, en siete años se habrían acumulado los 15.000 millones de la primera fase. En 18 años, los 40.000 millones del programa estarán cubiertos.

El financiamiento a corto plazo puede provenir de fondos multilaterales que son pagables con el escenario pesimista, pero si aumenta la producción en los próximos años a una tasa del 15% anual y los precios se mantienen por encima de los $80 por b/d. Es más que financiable.

Por supuesto, en el corto plazo se ve favorecido por la guerra en Medio Oriente, pero fundamentalmente depende de que Venezuela logre sostener y aumentar su producción. Pero incluso en un escenario más moderado, los ingresos extraordinarios que ya están llegando son una oportunidad que no existía hace tres meses.

Conclusión: la paradoja de la desgracia

“Las desgracias de algunos pueden ser beneficios para otros”, escribí hace unas semanas (https://qrcd.org/9rdv). La guerra en el Golfo Pérsico, que ha paralizado el 15% del suministro global de petróleo, está generando los ingresos extraordinarios que podrían ayudar a reconstruir el sistema eléctrico venezolano.

La diferencia con el pasado es que ahora hay tres elementos que antes no existían: un tutelaje internacional que impone transparencia, un plan técnico diseñado por ingenieros venezolanos, y una oportunidad real de abrir el sector a la inversión privada mediante energías renovables y generación distribuida.

La pregunta que queda flotando es si esta generación será capaz de hacer lo que las anteriores no hicieron: transformar la renta petrolera en infraestructura duradera, en lugar de diluirla en corrupción y malos contratos.

El dinero está llegando. El plan está escrito. Los técnicos están listos.

Ahora solo falta la voluntad de no repetir los errores del pasado. Porque si la historia nos ha enseñado algo, es que, en Venezuela, el tener petróleo nunca fue el problema. El problema siempre fue qué hacemos con él.

Notas

[1] La elasticidad precio de la demanda mide cuánto cambia la cantidad demandada cuando varía el precio. En el caso del petróleo a corto plazo, los estudios empíricos (Cooper, 2003) la sitúan entre -0,03 y -0,07. Esto significa que un aumento del 10% en el precio reduce la demanda entre un 0,3% y un 0,7%.
[2] La relación de un millón de dólares por megavatio es un estándar de la industria para proyectos de generación térmica e hidroeléctrica, aunque puede variar según la tecnología, la ubicación y el estado de la infraestructura existente.
[3] El profesor Pedro Mora, de la Universidad de los Andes, y la Asociación Venezolana de Ingenieros Electricistas (AVIEM) han publicado múltiples estudios técnicos sobre el colapso del sistema eléctrico nacional, disponibles en sus sitios web institucionales.
[4] El “Net Metering” o medición neta es un mecanismo que permite a los usuarios con paneles solares o generadores eólicos vender sus excedentes de energía a la red, recibiendo un crédito en su factura. Está implementado en más de 40 países, incluyendo Estados Unidos, Alemania y Chile.