El pasado domingo 1 de junio se realizaron en México unas elecciones inauditas: la escogencia a través del voto popular

de los miembros del Poder Judicial, desde los nueve integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), hasta los jueces de distrito y diferentes cargos adicionales, en 19 estados del país. En total, fueron un poco más de 2.600 las plazas que debían cubrirse. 

No fueron suficientes los llamados a la reflexión y la sindéresis de especialistas, magistrados y académicos, quienes advirtieron los peligros de organizar una consulta popular para elegir en todos los niveles a los integrantes del sistema judicial. Al final, terminó imponiéndose el proyecto originalmente impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), respaldado por la actual presidenta, Claudia Sheimbaum.

En un país tomado en buena parte de su territorio por los poderosos carteles de la droga, que han penetrado numerosos espacios de la nación, es sorprendente que AMLO y Sheimbaum hayan impuesto un proyecto tan descabellado y delicado como ese. Los ciudadanos, mucho más sensatos que sus dirigentes, le dieron la espalda a la iniciativa. A la cita sólo asistió 13% del padrón electoral. En un país que necesita adecentar su Poder Judicial, dándole a sus integrantes una autoridad basada en el prestigio profesional, la solvencia intelectual, y los valores éticos y morales, resulta que salieron ‘electos’ unos magistrados y un personal profesional con apenas un puñado de votos y en medio de la más completa confusión y falta de información. Los aspirantes a funcionarios judiciales fueron convertidos –por obra y gracia del afán ‘democratizador’ de los jefes de Morena, partido de AMLO y CS- en el equivalente a candidatos a gobernadores, alcaldes o concejales. Daba vergüenza ver a esas personas buscando votos en las paradas de buses, en las entradas del metro y en otros lugares de concurrencia masiva, durante los días previos a la elección, como si se tratase de pretendientes a un cargo de elección popular.

La pretensión ‘ultrademocratizadora’ de algunos populistas conduce a distorsiones dañinas para la República y el Estado de Derecho. La fuente de legitimidad de origen del Poder Judicial es, y debe ser, distinta a la del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Mientras la integración de estos dos últimos debe expresar la voluntad popular manifestada a través del voto ciudadano, la legitimidad del PJ debe afincarse en la autoridad profesional, técnica y moral de sus integrantes. En la auctoritas, como la llamaban los romanos. 

En la selección de la máxima magistratura y de los jueces subalternos debe intervenir el Poder Legislativo y también las academias, las facultades de Derecho, el consejo que cumpla funciones en la supervisión del comportamiento idóneo de los jueces, y aquellas instituciones que puedan opinar con autoridad de los aspirantes a desempeñarse como jueces y magistrados. El PJ no constituye una institución democrática, sino meritocrática, con los atributos adicionales de virtud y honestidad que siempre se han subrayado. Los cargos deben ser sometidos a concurso de oposición, con evaluaciones permanentes y, en la medida de lo posible, vitalicios. Alrededor de los funcionarios judiciales debe tratar de levantarse un muro protector que los aísle de la influencia de los grupos de presión y los fortalezca frente a los agentes del Estado y la sociedad que pretendan amenazarlos o chantajearlos. 

En México, los nuevos funcionarios –con una base de apoyo ‘popular’ tan precaria como la que obtuvieron en los comicios del 1 de junio- serán fácil presa de las órdenes del Poder Ejecutivo y de grupos de presión tan poderosos como los traficantes de droga.

AMLO y CS no entendieron, o no quisieron entender, que la legitimidad democrática no rige para todas las instituciones del Estado. Hay algunas, como el PJ, cuya especialización exige que sus miembros se encuentren capacitados en destrezas muy particulares y posean conocimientos en leyes, jurisprudencia y técnicas jurídicas que demandan una larga formación. En una democracia genuina, al PJ hay que garantizarle su total independencia y la estabilidad institucional que les permita a sus miembros actuar con autonomía de criterio. Este era el ideal de Montesquieu, John Locke y Thomas Jefferson, entre otros fundadores modernos de la concepción republicana del Estado. Ese desiderátum mantiene total vigencia.

Lo ocurrido en México constituye un descalabro para el sistema judicial. El misil disparado estuvo revestido con una falsa imagen democrática. Trampas como esa forman parte del manual del populista autoritario. En este caso, el presidencialismo de AMLO y CS, soportado por el claro dominio de Morena en el Congreso, está intentando controlar el PJ con la coartada de la ‘democratización’.  

Esperemos que la perversión populista del Poder Judicial no le cueste demasiado caro a México, y que ese ejemplo no sea imitado ni siquiera por los otros populismos de derecha e izquierda que existen en América Latina.