Costó mucho esfuerzo y vidas para que los ciudadanos confiaran en las instituciones democráticas.

Desde el comienzo de nuestro siglo XIX, nos planteamos, como uno de sus soportes esenciales para fundar la anhelada república, la construcción de un sólido sistema de libertades y con este, la atribución de decidir sobre quiénes serían nuestros representantes o al menos - mediante un préstamo de soberanía – quiénes integrarían los consabidos poderes del Estado.

Por supuesto que, en estos duros comienzos, nuestros derechos no fueron tan amplios o universales. Obviamente, tenían restricciones y modalidades. Los tiempos así lo indicaban. Por eso afirmamos que el
camino recorrido no estuvo exento de dificultades, tropiezos, lleno de confrontaciones intestinas y peor aún, de violaciones constitucionales.

A pesar de todo, pudimos lograrlo. Sobre todo, cuando, por el llamado “espíritu del 23 de enero” del siglo pasado, se pudo concretar un gran consenso nacional para que, tres años más adelante, pudiésemos aprobar una constitución que, no solo reconciliara el militarismo ancestral con el civilismo pujante desde los fogosos días de julio de 1811, sino también nos permitiera abrazar una esperanza que estableciera – decididamente - una democracia robusta y perpetua.

Causa hasta fastidio, pero siempre será necesario repetirlo, que la democracia no es un sistema político perfecto; que, como dicen ahora, sus costuras se notan y sus debilidades se encuentran a flor de piel. Por cierto, uno de nuestros grandes pecados fue haber creído que era invulnerable. Nuestro comportamiento, ya a finales de los ochenta de la anterior centuria, no fue – precisamente- el más adecuado para su permanencia y durabilidad.

La deslealtad, ese antivalor que carcome hasta las más sublimes ideas y propósitos, hizo mella en aquellos años convulsos hasta lograr sustituirla por aquello que, conforme a una descabellada y acomodaticia politología de última hora, podría denominarse “sistema híbrido”: un revoltijo entre democracia y autocracia, como aquel espécimen de la mitología griega, al que ya nos hemos referido, llamado minotauro, mitad toro y mitad humano.

Volviendo al objeto de estos comentarios, con la elección de Rómulo Betancourt en diciembre de 1958 y con la aprobación de la constitución en 1961, iniciamos un largo recorrido democrático que, a pesar de las graves incidencias procubanas y de las insepultas aspiraciones castrenses, pudimos transitar exitosamente.

Vale la pena repetirlo: en 1998 nos equivocamos, o digamos que nos mintieron, si queremos hacer una especie de “mea culpa”. Ahora, el esfuerzo será de todos para reconstruir, por supuesto adaptado a las nuevas realidades, un régimen democrático que nos permita relanzar nuestros más ingentes proyectos de desarrollo económico y social. Por los momentos, lamentablemente, hemos perdido uno de sus pilares fundamentales: la confianza en el sufragio.

No se trata de pueriles posiciones entre votar y no votar. El problema radica en la demolición de una institución que, sin su ejercicio efectivo, ninguna aspiración democrática será viable. Ante esta carencia, resulta imprescindible que la “mermada” dirigencia política y nosotros, los ciudadanos, emprendamos toda una cruzada para rescatar su confiabilidad, exigiendo que los derechos, normas y demás organismos que lo rigen, sean restituidos sin mayor dilación.

Este “híbrido” continúa haciendo de las suyas y sus consecuencias saltan a primera vista. No caigamos, una vez más, en burdas distracciones y mucho menos en supuestas y aparentes situaciones de normalidad política y constitucional. Este pilar, tan vital para la democracia, hay que reconstruirlo urgentemente.